El candidato panista Ricardo Anaya, no logró enfrentarse a sus adversarios en esta contienda electoral, pues las investigaciones y señalamientos en su contra no le permitieron salir a flote para competir de la forma que debía contra Andrés Manuel López Obrador o José Antonio Meade.
Desde el inicio de su campaña, su estrategia se vio opacada, primero –el 25 de febrero– por el escándalo de la compra-venta de una nave industrial, por lo que fue señalado de lavado de dinero al triangular 54 millones de pesos a través de una empresa fantasma Manhattan Master Plan.
Después, el 11 de abril, vinieron las declaraciones de Luis Alberto “N”, –chofer de Manuel Barreiro y presunto lavador de dinero de Anaya– quien aseguró que por órdenes de su jefe, había fungido como prestanombres en nombre de la empresa Manhattan Master Plan para firmar el contrato de compra-venta de la nave industrial, en la que también se determinó la falsificación de documentos para —supuestamente— ceder sus acciones de la empresa al arquitecto Juan Carlos Reyes.
Además, es de suma importancia recordar que Ricardo Anaya negó hasta el cansancio conocer a Manuel Barreiro, sin embargo, su mentira se cayó cuando circuló en la red un video de él en la boda del empresario queretano.
Pero esto sólo fue el inicio de una larga carga de señalamientos por lavado de dinero en contra del panista Ricardo Anaya,pues el 26 de abril, en España se abrió una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero para financiar su campaña rumbo a la Presidencia de la República.
Luego, llegó la divulgación de dos grabaciones –la primera el 8 y la segunda el 12 de junio–e n las que aparece Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, quien confirma que Anaya traficó con sus influencias para poder pagar su campaña presidencial, y en el que asegura que de ganar las elecciones las puertas se abrirían para los empresarios extranjeros.
Y ahora, el más reciente de sus escándalos se presenta un días antes del cierre de campaña –26 de junio–, en el cual la Procuraduría General de la República (PGR), informó el aseguramiento de 398 cuentas bancarias de 18 personas –15 de ellas ya imputadas– sobre la investigación de la nave industrial de Ricardo Anaya.
Por lo anterior, Anaya denunció ante la PGR a un grupo de funcionarios de la misma institución incluido el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, por entregar documentos sobre la investigación en su contra por lavado de dinero al senador panista Ernesto Cordero, asegurando que se hizo “mal uso de información reservada, a fin de afectar la contienda electoral”.
Durante 3 meses de campaña política, Ricardo Anaya ha pasado más tiempo intentando defenderse de las acusaciones en su contra que generando propuestas para impulsar su candidatura presidencial, lo que sin duda se verá reflejado en las urnas el próximo 1 de julio.
