La 4T está obligada a la sobriedad republicana. Ni al Presidente ni a su equipo conviene desperdiciar energía y prestigio en batallas retóricas. Ayer AMLO refutó sin contrastar datos la encuesta publicada por Reforma sobre incidencia criminal la cual afirma, se disparó en el primer mes de su gestión.
Apunte ocioso, estadística que si bien nominalmente le corresponde al nuevo régimen, sus causas y circunstancias no pueden ser imputables a la nueva administración; números que quizá sean ciertos, postura editorial válida por lo demás.
Sin embargo, otra medición, una demoscópica, demostraría sin duda que la popularidad de AMLO está sin merma tras un mes de gestión, incluso tras la muerte de la gobernadora de Puebla, el coordinador del PAN en el Senado y tres personas más.
Al Presidente el ejercicio del poder aún no le arranca una sola pluma, lo que no significa que la 4T sea inmune ante las altas expectativas construidas y el inevitable escrutinio social. Por eso el cambio de régimen ofertado debe operarse cotidianamente con sobriedad, sin estridencias so pretexto de la “autenticidad” o vocación “informativa” de mero arriba, Gabinete, partido y brazos legislativos.
La todavía nueva administración tiene la obligación de comunicar expresamente lo que determina la Constitución, lo cual es, para los estándares de las benditas redes sociales y el acceso a sinfín de medios de comunicación, muy poco. A lo mejor demasiado poco, pero es lo que es. El Presidente no está obligado a salir todas las mañanas a debatir su gobierno.
Si él precisa que al amanecer el gabinete de seguridad o cualquier otro se reúnan, bien; como él programe sus actividades, sin descansos equiparables al de sus antecesores, allá él, su capacidad física, salud emocional y la de sus colaboradores, pero la Ley sólo lo mandata a trabajar y a respetar las disposiciones legales vigentes, no a convencer ni a ser popular.
Los secretarios de Comunicaciones y de Turismo fueron a la escena mediática de las redes a denostar una opinión sustentada de José Antonio Meade sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco; funcionarios públicos que no aportaron datos, sólo adjetivos y descalificaciones genéricas. Faltó sobriedad y argumento, sobró dogma y propaganda.
Respecto a la incidencia delictiva habrá debates largos, constantes mediciones, oficiales y no. Vendrán valoraciones subjetivas sobre el desempeño del nuevo gobierno, sobre cada “mañanera” que convierte en agenda pública el ejercicio constitucional del poder en el cumplimiento de un mandato legítimo.
La comunicación oficial debe cumplir con criterios legales, la propaganda política ceñirse a su tiempo y circunstancia. La 4T debe vencer todas las resistencias reales, imaginadas o futuras, sólo a través de sus resultados; construir métricas objetivas y ponerlas al alcance de medios y sociedad, fifí o chaira, vía datos asequibles.
La 4T debe evitar escaramuzas verbales, no hay debate electoral, la retórica de campaña ya pasó, abandonar las dicotomías de “buenos” y “malos”, “progresistas” y “conservadores”, “neofascistas” o simplemente “canallas”. La alta o baja popularidad oficial será consecuencia; pero no puede ser el objetivo ni el empeño central cotidiano, del Presidente o de sus equipos.
AMLO dijo ayer que nadie lo va a “cucar”, que no caerá en provocaciones, ni del EZLN ni de nadie. Así, saludando la libertad de expresión, auspiciando el debate en la plaza pública y manteniendo la sobriedad de su gobierno, el Presidente salvaguarda la institución que encarna.
Por cierto, la 4T está obligada también a gestionar medios del Estado, a garantizar su pluralidad, inclusión y probo desempeño. En los medios públicos aterriza por igual el debate social sobre los resultados, hechos y retos de la cosa pública. Ausentarse de tal responsabilidad no es plausible. Urgen decisiones en el IMER, Radio Educación, Canal 22, Once TV, IMCINE y más.
La información y su debate no pueden descansar sólo en medios afines o contrarios a una corriente política, no pueden descansar en dos o tres paladines de la “libertad” de ciertas expresiones, subjetivas como toda opinión y bajo modelos e intereses particulares, aunque sean concesiones del Estado.
