Luego del 1 de julio, parece que ha llegado una serie de clásicos: “promesas de AMLO que no podrá cumplir”. Ahora hablamos de Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes, quien comentó en el Foro Estrategia Banorte que por cada peso que invierta el gobierno, ¡el sector privado deberá invertir 20 pesos para impulsar la infraestructura del país!
En primer lugar, ese “deberá” ya suena autoritario, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. La propuesta es que por cada peso que el gobierno invierta en infraestructura, la iniciativa privada invierta 20 pesos, reveló este miércoles Jiménez Espriú.
Y claro, lo anterior suena “muy bonito” pues el objetivo es desarrollar las regiones y no sólo conectar un punto con otro, dijo el próximo titular de la SCT.
Pero, el planteamiento lleva a una contradicción al “amadísimo líder” tabasqueño, quien durante su precampaña y campaña dijo en varias ocasiones que, con austeridad y combate a la corrupción cumpliría con su cometido y llevaría a la nación a buen puerto en lo económico –sin mencionar el aspecto social, político y hasta moral–.
Ahora Jiménez Espriú dice que lo prometido no podrá ser, pues señaló que se buscará aplicar el citado mecanismo, debido a que el presupuesto público será insuficiente para la creación de obras en la industria aeronáutica, de carreteras, marítima y espacial.
Cabe mencionar que, la propuesta de solicitar al sector privado 20 pesos por cada peso que invierta el gobierno para infraestructura sería viable mientras existan condiciones de certeza en las inversiones y la rentabilidad de los proyectos.
Cuando Andrés Manuel planteó la posibilidad de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se construyera con dinero público, especialistas advirtieron que en ese caso las ganancias por la operación del proyecto serían para los empresarios y no para el Estado.
Por lo que, la parte que pone el erario público se tendría que ver como un “capital semilla”, que en muchos casos serviría para los análisis de inversión o de preinversión del negocio e invitar a la asociación en participación o en concesionar los proyectos, cuando se garantiza la rentabilidad del proyecto.
Esto llevaría a los inversionistas al riesgo en sus capitales de no haber un marco jurídico en donde exista una certeza de que haya un retorno de la inversión y se tengan utilidades razonables.
Pasada la “luna de miel” con empresarios, los mismos, ¿se la jugarán ante tal propuesta?
Además, es importante conocer el plan nacional de infraestructura y los proyectos que el equipo del tabasqueño pretende concesionar o abrir a las asociaciones público-privadas.
El próximo titular de la SCT señaló que uno de los objetivos para el próximo gobierno es elevar la inversión pública en materia de infraestructura en un 3.5 o 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se planea estimular la participación de la iniciativa privada.
Sin embargo, para ver a futuro hay que aprender del pasado. La inversión pública pasó de 672 mil 632 millones de pesos en 2012 a 643 mil 893 millones en este año, una caída de 24.5 por ciento, una vez descontada la inflación, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos aprobado en cada ejercicio.
La menor canalización de recursos para obras, infraestructura o bienes de capital desinfló la inversión pública en el gasto total, al reducirse de 23.4 por ciento al inicio del sexenio de Peña Nieto a sólo 16.9 el presente año, el nivel más bajo desde 2007.
La apuesta que tenía el actual gobierno era que a través de las reformas estructurales la inversión privada iba a cubrir el espacio que dejaba la pública, a través de los esquemas de Asociación Público-Privada; sin embargo, hay sectores y regiones donde la inversión privada no le iba –ni va– a entrar si no había una rentabilidad elevada y rápida.
Ahora, en uno más de los clásicos de AMLO, en una de sus promesas “mágicas”, piensa que la clave será cómo combinar la asignación de recursos que permitan atender los compromisos sociales que adquirió, así como dónde se concentrarán los esfuerzos de inversión pública que permitan fortalecer a la economía.
