Este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz y Quintana Roo. Como sabe, el gobierno federal reaccionó ante los blindajes que pretenden los gobernadores emanados del PRI, Javier Duarte y Roberto Borge.
Sin embargo, a horas del anuncio, el PAN y el PRD salieron a decir que no bastan las acciones emprendidas por la PGR. Y tienen razón. La corrupción exige castigos más severos, castigos que incluyan a los gobernadores emanados de las filas panistas y perredistas –e incluso los de alianza– que también han sido señalados por corruptos: ahí tiene a Rafael Moreno Valle, de Puebla; a Ángel Aguirre, de Guerrero; a Guillermo Padrés, de Sonora; a Amalia García, de Zacatecas; y a Gabino Cué de Oaxaca, este último también acusado de hundir en una crisis –económica y social– a su estado.
Cosa curiosa, prácticamente nadie señala a estos políticos tramposos y mucho menos piden que el gobierno federal intervenga para aclarar los supuestos desfalcos.
El ejemplo más claro de lo anterior lo encontramos en la administración de Gabino Cué, quien a pesar del evidente desfalco, continúa con su administración como si nada pasara.
De acuerdo con el periódico Milenio, el estado repartió alrededor de 200 millones de pesos a cuatro Organizaciones No Gubernamentales. Estas asociaciones, según el diario, estarían lideradas por activistas que arrastran órdenes de aprehensión desde 2002, muchos de ellos ligados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
¿Y cómo responde Gabino a estos señalamientos? El gobernador oaxaqueño niega haber realizado estos pagos “como forma de soborno” y retó a las autoridades a hacer auditorías.
Pero hay más, en entrevista para La Otra Opinión, el periodista Carlos Ramírez estimó que el 52 por ciento del presupuesto oaxaqueño se destina a pagos irregulares para organizaciones civiles. Es decir, que uno de cada dos pesos que entran al estado de Oaxaca sirven para mantener a decenas de miles de vividores de la protesta.
¿Y dónde están los críticos, los indignados y los reclamos para este grosero malgasto de dinero público?
Acaso más grave, el desperdicio de dinero público en presunta organizaciones de la sociedad civil ha condenado a Oaxaca a décadas de pobreza y abandono. ¿Se imagina el nivel de progreso que podría existir en Oaxaca si todo el presupuesto se gastara como es debido?
Por lo anterior, indigna y preocupa que muchos señalen y exhiban las pillerías del veracruzano Javier Duarte, del quintanarroense Roberto Borge y del chihuahuense César Duarte; pero ¿a quién le importa el despilfarro y el fracaso en Oaxaca?
Muchos parecen muy preocupados en conocer los resultados de la indagatoria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ya investiga “las empresas fantasma” de Veracruz. Y hacen bien, eso debe aclararse a la brevedad. Pero, ¿dónde está el SAT cuando se trata de investigar el gasto absurdo de miles de millones en ONGs que dicen trabajar por los oaxaqueños?
¿Acaso a nadie le importa?
