La primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó México para investigar el caso Iguala, dejó muchas dudas, ninguna certeza, y la cartera del Estado dos millones de dólares más delgada. A pesar de eso, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó –hace horas– el regreso del organismo para llevar a cabo una segunda investigación del mismo caso. ¿Qué habrá olvidado al CIDH? ¿qué pendientes dejó?
En marzo de 2015, la CIDH formó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su encargo fue investigar la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el año anterior. Los cinco investigadores enviados por la CIDH iniciaron labores el 1 de marzo de 2015, y finalizaron más de un año después, el 15 de abril de 2016.
En dicho periodo, el mayor hallazgo del GIEI fue desacreditar la explicación realizada por el gobierno federal respecto al paradero de los normalistas. Según los “expertos” los cuerpos no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. No obstante, lo que se le olvidó al órgano creado por la CIDH, fue ofrecer su versión de los hechos. En ningún momento se dio alguna explicación alternativa. En todo momento se limitaron a desestimar las investigaciones de la PGR.
Al GIEI también se le olvidó dar a sus investigaciones el rigor y la seriedad que requiere una investigación en materia de derechos humanos. Luego de visitar tan sólo cuatro estados del país –y de permanecer cinco días en cada uno–, el Grupo emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en todo México. Además, los expertos de la CIDH emitieron varias recomendaciones para el respeto a los derechos humanos de los mexicanos, así como acerca del caso Ayotzinapa.
Este martes, Roberto Campa anunció que el regreso de la CIDH a México será guiado por un Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del GIEI. Como era de esperarse, una de esas recomendaciones es que se asegure el financiamiento de las investigaciones de la CIDH.
El Subsecretario de Derechos Humanos confirmó que el gobierno federal financiará los gastos de la CIDH durante su estancia en el país. En la visita del GIEI entre 2015 y 2016, el gasto para el Estado mexicano fue de dos millones de dólares entre los honorarios de los investigadores y el personal de apoyo, traslados y viáticos que estos requerían. ¿Será que la CIDH regresa para volver a llenar sus bolsillos? ¿O regresa para llenar los huecos que dejó su anterior investigación?
Por lo pronto, el panorama no es alentador. Se cometen los mismos errores del pasado. Los expertos visitarán México en periodos bimestrales, y permanecerán en el país por sólo cinco días. El rigor y la seriedad de la investigación vuelven a estar en entredicho.
