Vandalismo de la CNTE y negociaciones del SNTE ¿y el Estado de Derecho?

De nueva cuenta, la CNTE sigue siendo nota.

Una vez más, en varias regiones del país vemos las consecuencias de los bloqueos, de las marchas, de los plantones y de las acciones vandálicas de la mafia comúnmente llamada CNTE.

Y es que, por donde se mire, es grave que la CNTE tenga 2 mil contenedores de carga varados en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Es muy grave que la Coordinadora mantenga bloqueadas las principales vías férreas, con lo que comprometen el comercio nacional e internacional.

Es gravísimo que los afiliados a la CNTE amenacen con boicotear la Guelaguetza que, en este momento, es la principal fuente de turismo para los oaxaqueños.

Es grave que la CNTE se cuelgue de una tradición como la Guelaguetza y diga que “bailará” para echar abajo la reforma.

Es muy grave que la SEP invite a la CNTE a construir el nuevo modelo educativo y la CNTE se niegue a negociar… pero diga que no acatará la propuesta de la SEP.

Y es gravísimo que los sobrecostos y el desabasto que ocasiona el activismo de la CNTE tenga a la industria nacional al borde del paro.

Sin embargo, no termina de quedar claro qué es más grave; ¿el vandalismo de la CNTE o la negociación opaca del SNTE?

Y es que, según reportes de la prensa, de los tres mil 360 profesores despedidos por no participar en la evaluación docente, el sindicato “institucional” logró la reinstalación de más de 600. Además, se dice que estarían negociando una medida similar para otros 300 maestros.

Es decir, que poco menos de una tercera parte de los maestros que no se evaluaron podrían regresar a los salones de clase… porque el SNTE negoció su reincorporación.

De acuerdo con el sindicato, no se trató de una negociación política sino de un asunto procesal.

En palabras del SNTE, los maestros no se evaluaron por causas ajenas a ellos. En consecuencia, uno de cada tres maestros despedidos tendrán otra oportunidad para evaluarse y para mantener el puesto.

Será el sereno. Lo cierto es que, a la vista de todos, el SNTE dobló a la SEP, el SNTE dobló a la evaluación magisterial y el SNTE dobló a la reforma educativa.

¿Cómo harán las autoridades para exigir que otros maestros se evalúen, si el SNTE consigue la reinstalación de quienes no presentaron el examen?

¿Cómo hará la SEP para llevar a los afiliados a la CNTE a los salones de evaluación si, con argucias legales, el SNTE mantiene en el cargo a quienes no participan en la evaluación?

¿Cómo hará el gobierno federal para decir que la reforma educativa sigue –y que no se negocia– cuando en los hechos, vemos exactamente lo contrario?

¿Ése es el Estado de derecho al que aspiramos?