Una ocurrencia irresponsable

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Mientras más se acerca el quinto aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, más aumentan las declaraciones sin sentido, la manipulación y los intentos de convertir un terrible hecho criminal en una heroica gesta política, aunque en ese camino la misma quede impune.

La declaración de la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, se lleva las palmas en ese sentido: asegura que los restos de “ningún joven de Ayotzinapa” se encuentran entre los hallados en el basurero de Cocula.

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Primero, entre los restos de Cocula se recuperaron los que corresponden al joven Alexander Mora (plenamente identificado por el laboratorio austriaco de Innsbruck) y de Joshivani Guerrero de la Cruz (con una identificación parcial, pero con un muy alto grado de certidumbre por el mismo laboratorio).
Un peritaje de la PGR, que no ha sido refutado, revela que los restos localizados en el basurero de Cocula y los de las bolsas recogidas en el río San Juan tienen todasel mismo origen: el basurero.
Si no me equivoco, fue la propia Buitrago quien llevó los restos recuperados en el río y el basurero a Innsbruck. Según los peritajes avalados por la CNDH, en ese lugar fueron incinerados unos 19 cuerpos, incluyendo los dos identificados.
La propia Comisión ha pedido que todos los restos recuperados sean enviados al mismo laboratorio de Innsbruck para tratar de identificar a más víctimas.

La primera versión, apenas una semana después de los hechos del 26 de septiembre, sobre la incineración de los cuerpos en Cocula, no fue ni de las autoridades locales ni de la PGR, que entonces no se había hecho cargo aún del caso, sino del padre Alejandro Solalinde, quien dio a conocer públicamente esa información, asegurando que era absolutamente confiable y que se la habían hecho llegar campesinos de la zona con las que el padre, inobjetable en su simpatía con las víctimas, tenía relación.

Entonces, ¿cómo se puede afirmar con tanta ligereza que “ninguno” de los jóvenes fue incinerado en Cocula?¿Cómo puede decir que sí había restos humanos “porque eso era un basurero” (sic), pero que “ninguno” era de los estudiantes? ¿Cómo compaginarlo con la primera versión del GIEI, la del doctor Torero, un especialista en incendios forestales, que aseguraba que allí no se había incinerado cuerpo alguno? (Torero no realizó estudio de campo, más allá de una visita de 20 minutos a Cocula y fue desmentido por los principales expertos nacionales e internacionales en la materia).
Si ninguno de los jóvenes fue incinerado en ese lugar, ¿cómo puede ser entonces que allí se recuperaran los restos de Mora y Guerrero de la Cruz? ¿Con base en qué información pericial y legal la señora Buitrago puede afirmarlo?
¿De quién son entonces los otros restos encontrados?
¿Cuáles son los “colaboradores sinceros” de los que habla la señora Buitrago? ¿Por qué se lamentan e indignan, ella, otros personajes y funcionarios, porque sean liberados los sicarios acusados del crimen, si se supone, en esta lógica, que no cometieron crimen alguno? Qué poca seriedad.

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 No entendí

Dice el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que hay 500 mil bots opinando en redes en contra de la Guardia Nacional, que piden que se tomen acciones represivas en contra de la inseguridad. No entendí el razonamiento.
No sé si alguien ha contratado bots para divulgar información falsa, (en Morena hay más de uno que de eso sabe, y mucho), pero lo evidente es que la situación de seguridad se ha deteriorado en forma notable en casi todo el país, con un aumento de los asesinatos, robos, secuestros y extorsiones.

No he visto una campaña contra la Guardia Nacional: todas las encuestas muestran que la mayoría de la gente está de acuerdo con su conformación. Pero la mayoría también opina que la inseguridad ha aumentado y demanda medidas en contra de los criminales.

Decir que la represión no es el camino no tiene sentido: no se trata de actos represivos, sino de garantizar la seguridad pública e interior y de tener una estrategia que la gente pueda entender, asumir y que genere expectativas. No se comprende que garantizar la seguridad no implica reprimir, sino castigar a quienes cometen delitos y están, literalmente, expoliando a la sociedad.
La inseguridad costó en México, en 2018, nada menos que unos 286 mil millones de pesos, según el Inegi.
Traducido en números, es prácticamente lo mismo que recibe de presupuesto la SEP cada año.
De ese grado es el despojo que sufre la gente por la inseguridad.