Primer acto: en diciembre de 2016, siendo gobernador de Veracruz el panista Miguel Ángel Yunes, el Congreso de ese estado nombra a Jorge Winckler como fiscal general de la entidad para un periodo de nueve años. En diciembre de 2018 toma posesión como gobernador el morenista Cuitláhuac García. Desde el principio de su mandato queda claro que la relación es muy mala con el fiscal nombrado en el periodo de Yunes. Pero ése precisamente es el espíritu de las reformas que se hicieron en México para nombrar fiscales autónomos por periodos diferentes a los gobernadores y al Presidente de la República, de tal suerte que éstos no pudieran, como hicieron en el pasado, utilizar políticamente a la procuración de justicia. Durante meses, García y Winckler se enfrentan cotidianamente. Mientras tanto, la inseguridad en Veracruz crece.
Segundo acto: en septiembre de 2019, la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, donde los partidos que apoyan al gobernador García tienen mayoría, deciden, en una votación de ocho contra tres, separar del cargo de manera temporal a Jorge Winckler por una nimiedad: no haber revalidado un certificado de confianza. En su lugar, la Mesa Directiva del Congreso designa a Verónica Hernández, empleada de la Secretaría de Gobierno de García, como encargada de despacho de la fiscalía. Tanto Winckler como los opositores a esta remoción argumentan que el fiscal sólo puede ser destituido por un juicio de procedencia o político. Prometen presentar recursos legales para revertir la remoción. Días después, un juez local libra una orden de aprehensión contra Winckler y cinco exfuncionarios de su primer círculo de confianza por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Tercer acto: La semana pasada, la bancada del PAN en el Senado formaliza la solicitud para ejercer el artículo 76 de la Constitución y declarar la desaparición de poderes en Veracruz por la crisis constitucional que se vive en esa entidad a partir de la remoción del fiscal Winckler.
Cuarto acto: la bancada de Morena en el Senado solicita la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, ambos gobernados por el PAN, debido a la “grave crisis de violencia e inseguridad” en ambas entidades. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, tuitea: “Rechazamos el ataque de Morena a nuestros gobiernos. Lo reiteramos: hoy enfrentamos la disyuntiva entre democracia y autoritarismo. López Obrador busca controlar o de plano desaparecer las instituciones y contrapesos, con el fin de perpetuarse en el poder”. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, no piensa lo mismo. Cree que AMLO nada tiene que ver con este asunto: “Yo, la verdad, con el Presidente tengo una gran relación, estamos trabajando en equipo, estamos luchando por México, esto es sólo un tema político, partidista”.
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Hasta aquí los hechos.
Dice la Constitución en su artículo 76 que el Senado tiene la facultad de “declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas”.
Ordena la ley reglamentaria de la desaparición de poderes de un estado que sólo puede aplicarse cuando hayan quebrantado los principios del régimen federal, abandonado el ejercicio de sus funciones, estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones, prorroguen su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o promovieran y adoptaran formas de gobierno distintas de las fijadas en la Constitución federal.
Conclusión: todo esto es pura faramalla política. No van a desaparecer los poderes ni en Veracruz ni en Guanajuato ni en Tamaulipas. No hay motivos legales para hacerlo y, además, nadie tiene las dos terceras partes de los votos para nombrar a los interinos. Todo ello nos regresa al asunto que generó esta faramalla: la destitución de Jorge Winckler como fiscal de Veracruz que, a todas luces, fue un abuso de poder por parte del gobernador García, de Morena.
