El pasado 18 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que envió una iniciativa con la cual busca compactar a la Administración Pública Federal (APF) para, según él, eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente.
La iniciativa busca suprimir, fusionar, integrar, trasladar o extinguir, unidades administrativas y órganos desconcentrados a distintas áreas del gobierno, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias.
Entre los cambios más destacados, el mandatario tabasqueño propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y sus funciones serán traspasadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Sin embargo, esta iniciativa fue criticada por especialistas quienes aseguran que esto sólo demuestra “una grave ignorancia” por estas instituciones y una “obsesión”.
Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, dijo que el mandatario tabasqueño “ha perdido toda credibilidad”.
“Porque no justifica ni argumenta sus decisiones, que se convierten en irresponsables porque destrozan el capital humano”, dijo.
Destacó que lo más grave es lo que él considera una “obsesión nociva” en contra de las burocracias que se dedican a la vigilancia de la transparencia.
“Las ha dejado sin recursos y son inoperantes, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta hoy un organismo descentralizado no sectorizado”, criticó.
Y agregó: “Lo que demuestra esta nueva iniciativa es un profundo desconocimiento de cómo operan y del valor que tienen las instituciones porque hay burocracias que se han ido especializando y que son los que te resuelven los problemas”.
Con información de El Financiero
MSA
