A lo largo de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha designado al Ejército Mexicano un sinfín de tareas; que van desde construir sus megaconstrucciones fallidas, repartir sus programas clientelares corruptos hasta estar al servicio de su familia.
En ese sentido, le ha encargado a los militares hacerse cargo de la seguridad pública.
Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas en este rubro no ha marcado una diferencia que ayude a bajar los índices de violencia que hay en el país; al contrario se ha denunciado que los militares han violado los derechos humanos de la ciudadanía.
Este tema lo aborda Pascal Beltrán del Río en su columna “Militares en las calles: señales de crisis”, en donde expone cómo el uso político de las Fuerzas Armadas para apuntalar a la Cuarta Transformación ha puesto en aprietos a los militares.
“En un primer momento, obligó a soldados y marinos a no defenderse de agresiones –la política de “abrazos, no balazos”–, por temor a ser acusado de represor. Esto provocó episodios humillantes en las que los militares eran golpeados y hasta desarmados”, expuso.
Por otro lado, criticó que tanto las autoridades federales como estatales no han hecho un esfuerzo para mejorar a las corporaciones de seguridad civil y le se conforman por dejarle toda la responsabilidad al Ejército.
“Evidentemente, se pateará de nuevo el bote, pues no se han tomado medidas para comenzar a construir las policías civiles que requiere el país (…) El Congreso no se interesa en ser escrupuloso en el escrutinio, ¿usted cree que le importará prorrogar para siempre este estado de cosas?”, escribió.
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Con información de Excélsior
MSA
