A estas alturas, algunos se preguntan si los consejeros electorales del INE son tontos, son tramposos o tienen la encomienda de aplastar la reputación del árbitro electoral.
A su vez, otros se preguntan si los magistrados electorales no entieden de leyes, son un puñado de funcionarios perversos o buscan destruir la imagen del máximo tribunal en materia de elecciones.
Y es que sólo así se explicaría que en prácticamente todos los casos controvertidos, el Instituto Nacional Electoral opine de forma totalmente opuesta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Considere el ejemplo de los candidatos a gobernador de Morena: David Monreal en Zacatecas y Guillermo Fabela en Durango.
En ambos casos, el INE decidió echar abajo las candidaturas porque ninguno de los aspirantes entregó su informe de gastos de precampaña.
En ambos casos, los candidatos Monreal y Fabela argumentaron que no estaban obligados a entregar el reporte de gastos pues no eran precandidatos oficiales y no hicieron precampaña.
Y en ambos casos, el Tribunal Electoral validó las candidaturas.
A pesar de que Monreal y Fabela, como advirtió el INE, no entregaron sus gastos de precampaña; el Tribunal Electoral palomeó sus postulaciones.
De hecho, en el caso de Fabela, el estira y afloja entre el árbitro y el tribunal se fue a cuatro rounds. Pues el INE echó abajo su candidatura en dos ocasiones y el Tribunal la reavivó el mismo número de veces.
Por eso insistimos, ¿a qué se deben las diferencias en los criterios de evaluación y decisión del INE y del Tribunal? ¿por qué unos dicen que sí mientras otros dicen que no?
¿Será, acaso, que obedecen de intereses distintos?
¿No deberían, ambos, privilegiar el respeto a la norma y el imperio de la ley?
