El asesinato del juez federal Uriel Villegas y de su esposa, en Colima, trasciende el ya de por sí terrible hecho criminal y debe hacernos volver la mirada hacia lo que ocurre en el Poder Judicial y en la distancia con que se observa la labor de jueces y magistrados en el combate a la inseguridad, sobre todo contra el crimen organizado.
No es el primer juez asesinado, pero el hecho ratifica que los jueces especializados en casos del crimen organizado no tienen la protección que requieren y el sistema no está diseñado para protegerlos.
En febrero del 2019 entrevisté sobre el tema al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Le pregunté qué sucedía cuando hay jueces y magistrados que no son corruptos por voluntad o por obtener un privilegio económico, sino porque vivimos en un país con altos índices de crimen organizado y el crimen organizado los amedrenta, los amenaza, incluso pone en riesgo la vida de estos funcionarios y también de sus familiares.
“A mí me parece, me dijo Zaldívar en febrero del año pasado, que es muy importante que la sociedad tome conciencia de que hay muchos jueces y magistrados federales que, literalmente, arriesgan su vida, que están en zonas muy conflictivas, donde el crimen organizado, en ocasiones, domina los estados o los circuitos.
“Estamos impulsando, a partir de ahora, agregó, una nueva política para tratar de brindar la mayor seguridad hacia nuestros jueces, hacia nuestros magistrados y es en este tipo de cuestiones en las que creo que el diálogo entre poderes es muy importante. Tenemos un reto de Estado en abatir la violencia, la impunidad y la delincuencia organizada y ahí la protección y seguridad de nuestros juzgadores pasa, necesariamente, por una labor de inteligencia y de colaboración con quienes están encargados de brindar esta seguridad. Nosotros, como Poder Judicial, no tenemos cuerpos de seguridad, pero requerimos del apoyo de quienes sí los tienen y estamos iniciando este diálogo muy constructivo para tratar de brindar la mayor seguridad que se pueda a los jueces y magistrados que están en estas condiciones de zonas extraordinariamente complicadas”.
Ha pasado casi un año y medio, y esas condiciones de seguridad y ese trabajo de inteligencia que proponía el ministro presidente de la SCJN no se ha cumplido. El asesinato de Uriel Villegas debe ser investigado y los responsables castigados, pero, más allá de eso, obliga a asumir una importante transformación en estos temas.
En nuestra actual y profunda crisis de seguridad sabemos que debemos reformar todo el modelo policial del país que, así como está diseñado, simplemente no funciona. Sabemos que debe haber una reforma profunda, casi una refundación del sistema de procuración de justicia, en lo federal, pero sobre todo en lo local. Necesitamos ministerios públicos y policías investigadoras que no tenemos al nivel necesario ni siquiera en las grandes ciudades. Y las reformas para convertir a las policías o a la Guardia Nacional (o incluso las tropas del Ejército o de la Marina) en primeros respondientes con capacidad de investigar no terminan de asentarse y llevarse a la práctica. Pero en todo ese proceso nos solemos olvidar del Poder Judicial.
Nadie niega que existen ámbitos de corrupción en el Poder Judicial. Eso fue notable con decisiones tomadas en circuitos de Jalisco y de Campeche, por ejemplo, en los últimos meses, pero no existe un modelo que, más allá de combatir la corrupción, proteja a los juzgadores y tenga un control eficiente y estricto sobre sus actividades. Es ridículo que un juez que lleva casos complejos, relacionados con algunos de los criminales más peligrosos de México, que vive en el estado más violento y con el mayor número de asesinatos per capita del país, no tenga protección alguna.
Nunca he sido partidario de aquella idea que se puso en práctica en Colombia de los jueces sin rostro, pero tampoco podemos dejar a los jueces en la indefensión, como ocurrió con el juez Villegas. En la entrevista citada párrafos arriba, me decía el ministro Zaldívar que el Poder Judicial federal no tiene un cuerpo de seguridad propio para proteger a sus integrantes. Creo que debería tenerlo, un cuerpo pequeño y especializado, con tareas muy específicas y que se pueda mover de acuerdo con los riesgos que tenga cada juez o ministro, de acuerdo con su estatus y con los casos que lleva. Un cuerpo operado desde el propio Poder Judicial, con autonomía, que le dé respaldo, en ese sentido, a sus labores. La visión del riesgo que se observa desde otros ámbitos de los cuerpos de seguridad es diferente a la que se puede tener desde dentro del propio Poder Judicial.
Por lo pronto, el caso del juez Villegas y su esposa debe ser resuelto con eficacia y rapidez. El mensaje de una muerte impune sería oprobioso e intimidante para todo el Poder Judicial.
