Los indicios son cada vez más claros. Algo ocurre en Sonora. Al parecer, alguien aprieta la pinza sobre el ex gobernador Guillermo Padrés.
Sobra recordar que, aún en el poder, Padrés fue exhibido como un mal gobernante.
Ya la presa irregular que se construyó con dinero público para beneficiar uno de sus ranchos, ya el sobreendeudamiento de la entidad, ya el pésimo manejo de la crisis con la tribu Yaqui, ya una larga lista de escándalos. El panista dejó el cargo en medio del escándalo.
Pero el asunto no se quedó ahí.
Este lunes se confirmó que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, denunció a 30 ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés.
Según se dijo, estas personas serían responsables del delito de fraude en prejuicio del fisco federal.
La acusación no es menor. Estos servidores públicos habrían beneficiado a medio millar de contribuyentes. ¿De qué manera? Les habrían condonado el pago de impuestos por más de mil 700 millones de pesos.
Por donde se vea, esto es un fraude. Incluso peor, es un fraude contra las arcas del gobierno federal.
Por eso la pregunta, ¿a dónde va este proceso?
¿Qué busca la federación al ir señalando colaboradores, ir exponiendo evidencia e ir cerrando la pinza sobre Guillermo Padrés?
¿Será que le están tendiendo la cama?
