El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila medidas cautelares en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para que evite cualquier acto o pronunciamiento que implique Violencia Política de Género (VPG) contra diputadas federales del PRI.
El órgano electoral judicial hizo público el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que someterá a votación ante el pleno de la Sala Superior, sobre el recurso que presentó la diputada federal del tricolor, Paloma Sánchez Ramos, por las declaraciones de la mandataria campechana en su programa “Martes del Jaguar”, transmitido el 5 de julio pasado.
En dicha transmisión, la exalcaldesa de la Álvaro Obregón aseguró que cuenta con pruebas sobre que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tiene presuntas fotografías íntimas de varias legisladoras de su bancada en San Lázaro, agregando que incluso a alguna de ellas “le paga la renta”.
“Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, deveras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos así que nada más es una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, advirtió Sansores.
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Debido a estas declaraciones, la legisladora Paloma Sánchez Ramos presentó una denuncia el 21 de julio ante el Tribunal Electoral argumentando que dichos señalamientos han afectado su vida personal.
“La actora sostiene que tiene temor fundado respecto a que la gobernadora demandada persista en la difusión de ese tipo de expresión que desde su perspectiva vulneran su derecho al ejercicio del cargo para el que fue electa y constituyen VPG”, expone el magistrado en su proyecto.
Por ello, se propone ordenar a Sansores San Román que “evite emitir o realizar cualquier acto, comentario o pronunciamiento que pueda conducir a una probable acreditación de VPG en perjuicio de la actora o de las diputadas del PRI en el Congreso federal, con el fin de tutelar su derecho político a ser votadas en su vertiente de desempeño y ejercicio del cargo, así como otros derechos humanos que resulten vinculados”.
“Esta Sala Superior considera que las manifestaciones de la gobernadora en las que afirma la existencia de fotografías en las que las diputadas del PRI aparecen desnudas, podrían constituir violencia política de género, en detrimento de la actora y del grupo de diputadas federales de ese partido político”, se lee en el proyecto de Felipe de la Mata.
Con información de La Razón y El Universal
MSA
