Este martes, se dio a conocer que al investigador, Sergio Aguayo, le iban embargar sus posesiones, porque un juez falló a favor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en un caso de “difamación”. Situación que atenta contra la libertad de expresión en nuestro país.
Sin embargo, lo que ha estado viviendo Aguayo se podría normalizar con las reformas al Código Penal Nacional, mismas que presentará la Fiscalía General de la República (FGR) al Congreso de la Unión, en febrero próximo.
Parte de estas nuevas normativas fueron filtradas –no el texto final como tal–, y ahí se pudo observar que algunas iniciativas pretenden modificar el sistema de justicia en México, con retrocesos alarmantes de libertad de expresión e información, tanto en el ámbito físico como el digital.
Un gran retroceso: Delitos contra el honor
Dentro de las modificaciones que propone la FGR –y que atentan contra la libertad de expresión– están reincorporar los que se han denominado como “delitos contra el honor” (difamación, calumnias e injurias)
Cabe señalar que este tipo de delitos ya fueron objeto de múltiples recomendaciones, informes y resoluciones de organismos internacionales, con el objetivo de que sean derogados, cuando constituyan una restricción desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión e información.
“Esta propuesta no hace referencia explícita a los delitos contra el honor en algún capítulo ni los nombra expresamente, pero sí se encuentran contenidos y disfrazados bajo el capítulo de ´Delitos contra la Justicia Cívica´, cuyo contenido es tan ambiguo, que atenta directamente en contra de la libertad de expresión.
“Por ejemplo: en el artículo 468 se buscaría sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar a alguien un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio”, alertó Artículo 19.
Incluso, para la organización no gubernamental si se constituye lo antes descrito, el retroceso en materia de libertad de expresión sería gravísimo, pues ya se derogaron dichos delitos contra el honor en el Código Penal Federal en 2007, por lo que en 25 entidades federativas ya no existen. Solo se mantienen vigentes en siete: Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Yucatán.
“El propio Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano en el caso de la periodista Lydia Cacho, en donde manifestó que es necesaria la derogación en todo el país de los delitos contra el honor (difamación y calumnias), puesto que la pena de prisión nunca resulta adecuada ni proporcional. Asimismo, tal como lo han manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, constituyen mecanismos indirectos de censura”, agregó.
Ante esta situación, la FGR debe omitir la incorporación de este tipo de delitos, mismos que pueden representar una grave regresión y un desconocimiento de la totalidad de los estándares, recomendaciones y resoluciones nacionales e internacionales dirigidos al gobierno mexicano.
Todavía no es oficial castigar los delitos contra el honor, pero la FGR, de Alejandro Gertz Manero, tiene la intención de tipificarlos, a nivel nacional, para castigar a todos aquellos que critiquen a políticos, empresarios y gente influyente.
No obstante, este tipo de leyes afectarían más a los periodistas que publiquen información delicada sobre alguien, tal y como le sucedió a Sergio Aguayo con Humberto Moreira.
Con información de Artículo 19
