SFP inhabilita y multa con más de 110 mdp a exfuncionaria de AICM

La exservidora incumplió con las obligaciones de su cargo lo cual ocasionó un daño patrimonial al AICM

Foto: enelaire.mx
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso este viernes una multa de 110 millones 323 mil 810 a una ex servidora pública de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, además fue inhabilitada para desempeñar servicios públicos por los próximos 10 años.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval explicó que esta multa “histórica” se debe a que la exservidora incumplió con las obligaciones de su cargo lo cual ocasionó un daño patrimonial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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La persona sancionada se desempeñó como subgerente de Obligaciones Fiscales en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y entre 2015 y 2016 fue responsable “de pagar de manera extemporánea” el IVA generado por la tarifa de Uso de Aeropuertos cobrada a todos los pasajeros del AICM.

Sin embargo, el retraso en el pago del impuesto, manejado a través de un fideicomiso, se dio a pesar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se debía cumplir con dicha obligación fiscal.

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El pago fuera de tiempo generó actualizaciones y recargos que significaron un daño al patrimonio del AICM por arriba de los 100 millones de pesos. Por tal motivo, tras un detallado procedimiento de responsabilidades administrativas, el OIC en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., determinó imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y una multa resarcitoria por más de 110 millones de pesos.

Las irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría iniciada en el sexenio pasado, a la que la presente administración dio seguimiento, lo que llevó a sancionar las faltas administrativas cometidas.

Por último, Sandoval Ballesteros informó que ha encomendado a los Órganos Internos de Control (OIC) que fiscalicen a cabalidad los recursos públicos, y si encuentran alguna irregularidad, sancionen como mandata la ley para inhibir malas prácticas.

Con información de Milenio y Latinus

 MSA