La corrupción en Seguridad Alimentaria (Segalmex) rebasa con mucho la que en su momento se registró en su antecesora, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), cuando Raúl Salinas de Gortari hizo de las suyas al frente de Diconsa y de otras áreas de esa antigua empresa.
Aunque en su momento se generó un gran escándalo mediático por los actos de corrupción cometidos por Raúl Salinas cuando fue funcionario de Diconsa –filial de Conasupo— solo se pudo documentar la comprar de leche contaminada con radioactividad de Chernobyl en 1986.
Se decía que Raúl Salinas entregaba contratos a particulares sin licitación de por medio y cobraba un diezmo del diez por ciento. Y, aunque lo más seguro es que eso era cierto, nadie pudo documentar un solo caso concreto.
En cambio, son muchos los hechos de corrupción que en menos de tres años se han documentado en Segalmex, organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a imagen y semejanza de la antigua Conasupo.
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Apenas hace unos días, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Segalmex otorgó contratos por 797 millones de pesos a una red de seis empresas fantasma involucradas en desvíos millonarios del ISSSTE y de Sedatu.
Otros 800 millones de pesos están bailando, pues fueron utilizados por Segalmex para invertir en instrumentos financieros de CI Casa de Bolsa, a pesar de que esos recursos estaban destinados a garantizar los programas de abasto de leche para la población de escasos recursos en todo el país.
Casi al inicio del gobierno de la “4-T” Segalmex decidió utilizar esos 800 millones en comprar instrumentos financieros de alto riesgo, tan alto, que ya desapareció casi todo ese dinero, pues hasta el momento solo se han podido recuperar 30 millones.
Pero hay mucho más. En su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación reveló que Segalmex “perdió” tres mil 27 millones de pesos, que representan el 37.5 por ciento de su presupuesto asignado para ese año.
La misma ASF determinó que Segalmex no tenía registro de los apoyos y subsidios a productores de leche, además de que pagó 134 millones de pesos a 691 «grandes» productores que excedieron el tonelaje permitido.
Segalmex tampoco contaba con un padrón de productores de arroz y trigo ni tenía información sobre el volumen y precio de venta de maíz y frijol.
Y en agosto del 2020 se denunció que Segalmex había entregado, desde su creación, el 68 por ciento de los contratos por adjudicación directa, por un monto global de 21 mil millones de pesos.
En junio de 2020, la bancada de Morena en el Congreso de Zacatecas denunció que Segalmex repartió cinco mil toneladas de semilla de “frijol basura” para que 110 mil campesinos del estado sembraran unas 700 mil hectáreas de la leguminosa de muy baja calidad.
Dos organismos, un mismo personaje
En 1988, el presidente Carlos Salinas de Gortari nombró a Ignacio Ovalle director general de la Conasupo, con la encomienda de limpiar el cochinero que su hermano Raúl tenía en Diconsa, al frente de la cual continuaba, y que iniciara un proceso de reestructuración de la empresa.
Sin embargo, Ovalle tapó todo lo que hizo Raúl Salinas y creó un programa para entregar un kilo de tortilla a familias de escasos recursos, los famosos tortivales que eran usados para comprar el voto. Ovalle hizo tan mal su trabajo, que el presidente Carlos Salinas lo despidió de la Conasupo en 1990.
Ese mismo personaje, que antes había sido secretario particular del presidente Luis Echeverría, fue reciclado por Andrés Manuel López Obrador para ponerlo al frente de Segalmex, un organismo similar a Conasupo, que había sido liquidado por Zedillo en 1999.
Ignacio Ovalle no fue capaz de frenar la corrupción que se dio en los ochentas en Conasupo y ahora no ha sido capaz de hace lo mismo con Segalmex. Más bien pareciera que ocurre todo lo contrario: Ovalle está permitiendo y aplicando él mismo las malas prácticas que aprendió en la Conasupo, solo que ahora lo hace de manera potenciada y con el aval de su jefe, el presidente de la República.
