A cinco años de la explosión de la toma clandestina, con saldo de 137 muertos, los habitantes de Tlahuelilpan aún sufren las secuelas de esa tragedia y deben enfrentar otra, la del crimen organizado que disputa la plaza para el huachicol.
El poblado hidalguense donde el 18 de enero de 2019 estalló una toma clandestina de hidrocarburo, es parte de la disputa territorial por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las rutas del narcomenudeo entre grupos criminales en la región del Valle del Mezquital, situada al centro del estado.
El gobierno hidalguense, a cargo del morenista Julio Menchaca Salazar, reconoce el enfrentamiento entre Los Solas y una serie de agrupaciones unidas contra de éstos, tras una serie de muertes violentas y mensajes en los cadáveres.
De acuerdo a la prensa que ha acudido al lugar para entrevistar a los familiares de las víctimas, estos optaron por no hablar. Explican que hay dos razones: el estigma, porque reclaman que han denominado huachicoleros a las víctimas de manera generalizada, sin comprender las circunstancias que llevaron a cada uno a estar ahí; la segunda: el miedo por la disputa del territorio. No se ha ido el dolor. El temor llegó también.
Advierten nueva explosión en toma clandestina
Como ha ocurrido desde el primer aniversario de la explosión, los familiares de las víctimas aseguran que los apoyos no llegaron a todos los huérfanos (194, según el censo de la delegación del Bienestar), aunque el gobierno prometió becas vitalicias. El memorial prometido tampoco avanza porque –les dijeron– el ducto que explotó, aunque fue revestido, sigue trasladando combustibles, por lo que podría volver a estallar si se construye cualquier obra en ese lugar. Los habitantes aseguran que sigue habiendo huachicol, y creen que más violento que cuando estalló la toma clandestina.
