Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, puede ser sometido a juicio político federal.
Dicha determinación del Máximo Tribunal del país, se da porque el mandatario local usó recursos públicos para materializar su campaña independiente a la presidencia de México en 2018.
Fue con tres votos a favor y dos en contra, con lo que la Primera Sala de la Corte invalidó el procedimiento creado con el Congreso neolonés para cumplir la orden de sancionar a el Bronco, que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cabe señalar que la SCJN no eliminó el problema de Rodríguez Calderón, pues aclaró que la sanción en su contra debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución mexicana.
“De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal.
“El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores. Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”, reza la sentencia.
Además, la Corte señaló que sigue vigente la facultad del Congreso local para ejecutar el fallo del Tribunal Electoral, pero siguiendo los lineamientos de la SCJN.
“Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política”, dice.
En ese sentido, los ministros decidieron que dicho caso es federal, porque El Bronco cayó en irregularidades cuando fue aspirante en un proceso electoral de esa índole. Aunque se descartaron responsabilidades administrativas o penales, solo de naturaleza política.
Ante esta situación, el artículo 110 de la Carta Magna establece que los gobernadores pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves a tal ordenamiento, algo que en este caso determinó la sentencia inapelable del TEPJF.
En juicios políticos contra gobernadores, la Cámara de Diputados funge como instructora del proceso, mientras que el Senado notifica al Congreso estatal que determine la sanción correspondiente, que puede ser destitución o inhabilitación.
Sin embargo, la administración de Rodríguez Calderón concluye en octubre de 2021, y es probable que cuando acabe el trámite para un eventual juicio político en su contra ya no sea gobernador de Nuevo León.
Con información de Reforma
