Este lunes, se dio a conocer que Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite las controversias constitucionales que, en su momento, interpusieron los estados de Jalisco y Colima contra la política eléctrica que ha impulsado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cabe recordar que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, comentó que dicho convenio federal “le cerró las puertas a las energías limpias y con ello comprometió el futuro ambiental de México y el mundo”.
Sin embargo, dicha entidad no fue la única que procedió ante la política eléctrica de la “Cuarta Transformación”, ya que Colima también impugnó y el Máximo Tribunal del país admitió su recurso.
Además, tomaron cartas en el asunto las administraciones de Tamaulipas y el municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, pero vía la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Incluso, al órgano autónomo, el ministro Aguilar le concedió una suspensión para que detenga todos los efectos y consecuencias del convenio por el que se decretó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Estaba claro que la política eléctrica de López Obrador iba a llegar a los tribunales, pues perjudicó diversos intereses, sobre todo de particulares; no obstante, la Secretaría de Energía (Sener) advirtió que apelará cualquier recurso legal que vaya en contra de sus intereses.
Con información de Milenio
