Desde su llegada al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha despilfarrado el dinero de los mexicanos para salvar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de su deuda millonaria con la esperanza de que la paraestatal se volviera su “palanca de desarrollo”.
Sin embargo, este “rescate a la soberanía” del mandatario tabasqueño se ha vuelto en una pesadilla para el país, ya que cada vez la deuda de la empresa petrolera del Estado se ha impagable; a su vez, cada vez baja su producción de crudo y su nota crediticia va empeorando.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre enero de 2024 y el 31 de marzo de 2027, la paraestatal encabezada por Octavio Romero Oropeza deberá pagar una tercera parte de su deuda total, por lo que tendrá que desembolsar 34,400 millones de dólares. El 51% restante del saldo de su deuda presenta vencimientos a partir del mes de abril de 2027. En el primer trimestre de 2023, Pemex desembolsó 38,200 millones de pesos por conceptos de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con sus obligaciones financieras.
“Esto significa un promedio de 12,700 millones de pesos al mes o 424,200 millones de pesos al día. Este monto es 29.4% mayor al observado en el mismo periodo de 2022, por lo que representa la segunda mayor cantidad de recursos destinada a este concepto para un periodo enero-marzo en los últimos 13 años”, según el reporte.
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Sin embargo, las cosas serán peor, pues la Cámara de Diputados, a través de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024, aprobaron una serie de beneficios a Pemex, entre ellos una reducción de impuestos aún mayor que la propuesta por el Gobierno en el presupuesto de 2024, lo que podría brindar más alivio a la endeudada petrolera estatal.
En la discusión del dictamen, los legisladores de Morena y su aliados aprobaron una reserva para reducir aún más el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de la petrolera, disminuyéndolo al 30% a pesar de la propuesta original del gobierno de reducirlo al 35%.
Para el próximo año, se proyectan ingresos petroleros por 1.04 billones de pesos, lo que representa una caída del 24.1% con respecto a lo aprobado para este año.
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El problema ahora es que con la disminución adicional en la carga fiscal de la petrolera podría representar una presión adicional a las finanzas públicas al reducir los ingresos petroleros, lo que a su vez podría ejercer presión sobre el gasto si no se cumplen las metas de recaudación.
Se proyecta que el próximo año los ingresos petroleros disminuyan significativamente, y esto se suma a un panorama fiscal ya complicado debido al aumento en los costos de pensiones y el gasto en áreas clave como salud, educación y seguridad.
Con información de La Silla Rota y El Economista
MSA
