A raíz de la aprehensión de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos, se incrementa la incertidumbre sobre qué es el siguiente paso en su proceso jurídico con las autoridades españolas.
Según el experto en migración y casos de nacionalidad, Mario Jorge Yáñez, por el momento existen dos posibilidades para el mexicano: aceptar la extradición que solicitó el Gobierno mexicano, proceso que duraría entre uno y dos meses; o rechazaría su regreso a México teniendo en cuenta que deberá preparar su defensa para un juicio que se alargaría hasta dos años.
“Mi análisis es que Emilio Lozoya no va a buscar el allanamiento, y podrá invocar que son delitos que no se han probado ante un juez y que realmente se trata de una persecución política, y tratar de conseguir la protección de la justicia española”, explica el litigante.
Los abogados defensores de Lozoya deberán investigar bien si es que los delitos por los que fue detenido son perseguibles en ambas naciones pues, de lo contrario la extradición suena casi imposible ya que no habría argumentos por parte de la Fiscalía mexicana para poner en marcha el Tratado de Extradición entre México y España.
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Por su parte, el Gobierno Federal deberá mover muy bien sus piezas, si es que busca quedarse con la custodia de Lozoya Austin, pues tendrá la labor de comprobar que no se trata de una persecución política sino de un delito de fraude a una institución del Estado.
