Fue en 2007, durante la administración de Felipe Calderón y George W. Bush, que el gobierno mexicano y estadounidense pactaron la Iniciativa Mérida, la cual era financiada por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
En un principio el apoyo bilateral consistió otorgar equipos solicitados por el gobierno mexicano —como bienes aéreos para el Ejército y la Policía Federal—; pero a partir del año 2011 este programa se centró en el fortalecimiento de las instituciones, procesos judiciales y el estado de derecho mexicanos; con el fin de generar confianza en el aérea de justicia.
El objetivo de ésta es combatir y procesar a las organizaciones del crimen trasnacional, con la intención de salvaguardar a los ciudadanos y comunidades en ambos lados de la frontera. Es por eso que Estados Unidos, mediante la Iniciativa Mérida, aporta equipos, capacitación y programas de desarrollo de capacidades; resaltando que no se transfieren fondos directos ni otro apoyo presupuestario por parte de Estados Unidos a México.
De acuerdo con el gobierno de la Unión Americana, ambas administraciones acuerdan los proyectos, para que después el Departamento de Estado colaboré con diversas agencias gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos.
Cabe señalar, que por parte de México participan en dicho plan la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal, y agencias de seguridad y justicia de los gobiernos estatales.
“La capacitación y el equipo apoyan a los actores e instituciones de toda la cadena de justicia, incluidos: la policía, los investigadores, los analistas de información, los laboratorios forenses y científicos, los fiscales y los defensores públicos, el personal de correccionales y los agentes aduanales y de inmigración”, explica el portal web de la embajada norteamericana.
Asimismo, la Iniciativa Mérida no tiene la capacidad de dirigir operaciones militares o policiales conjuntas, tampoco ha proporcionado armas o municiones al ejército ni a la policía mexicana.
“Los equipos donados bajo la Iniciativa Mérida van desde helicópteros a la Policía Federal, en los primeros años del Plan, a equipos de escaneo de rayos X en los puertos de entrada, a equipos de protección para las fuerzas que desmantelan laboratorios de drogas clandestinas, a equipos de Tecnologías de la Información (TI) a los tribunales para garantizar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Se han donado simuladores virtuales de armas de fuego a las academias federales y estatales de policía para capacitar a cadetes y personal en servicio sobre cómo lidiar con situaciones tensas y accionar un arma solo cuando sea necesario para salvar vidas”, agrega el boletín informativo.
Para el gobierno de los Estados Unidos todo el equipo donado tiene el único fin de mejorar la capacidad del gobierno de México, para que pueda proteger a sus ciudadanos y garantizar el estado de derecho.
Este martes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscaría reorientar la Iniciativa Mérida en un plan de desarrollo regional o, en su defecto, en la consolidación de la de la Guardia Nacional.
