Tienen razón aquellos que dicen que no podemos hablar de la culpa de alguno de los gobernadores auditados por el SAT mientras la autoridad no haya demostrado que existen irregularidades.
Tienen razón los que dicen que el PRI no es ministerio público; por lo tanto, si el partido despide a alguno de los gobernadores en el ojo del huracán, estaría incurriendo en una persecución política.
Tienen razón quienes dicen que se está administrando el conflicto para dar una respuesta a Javier Duarte y al SAT.
Lo anterior viene a cuenta porque en días pasados, el titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dio a conocer que la dependencia a su cargo lleva a cabo auditorías a cinco gobernadores y ex gobernadores del país: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, además de Guillermo Padrés y Rodrigo Medina.
En este sentido, el dr. Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey recordó que cuando el titular del SAT dio a conocer la información, reiteró que para evitar violaciones a la ley, no se podía brindar ningún tipo de información sobre los auditados; sin embargo, confirmó que el nombre de Javier Duarte estaba en la lista.
“Con Duarte quieren mover el foco y dejar en claro que hay que enjuiciarlo, y que la ley cumple”, apuntó el dr. Lopez Montiel.
En este sentido, el académico señaló que no sólo el mandatario de Veracruz debe ser investigado, sino también una serie de gobernadores más que no han transparentado sus cuentas.
“La auditoría a los priistas sí se explica a partir de ciertos movimientos ilícitos, pero también hay causa en los resultados de las elecciones pasadas, que fueron demoledoras para el tricolor”, explicó el doctor.
Para el entrevistado, el el PRI quiere recuperar su imagen y con esto quiere mostrar que es de acciones, pues está en juego la elección presidencial de 2018; sin embargo, concluyó que antes de que el partido destituya a uno de los acusados, debe esperar a los resultados de las investigaciones.
