El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó la propuesta de inconstitucionalidad de la ley 3 de 3 promovida por diputados del Congreso de la Unión.
Esto significa que por quejas al artículo 29 de la iniciativa, la cual establece que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés, deben ser evaluadas por un Comité Ciudadano, los funcionarios podrían dejar de transparentar sus movimientos financieros y, en caso de que se tengan, ocultar sus actos de corrupción.
Sin embargo, la declaratoria de la Corte podría impedir que los documentos no tengan que pasar por las manos de los ciudadanos.
Cabe recordar que 3 de 3 fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y académicos, con el fin de transparentar las cuentas de los servidores públicos y evitar –en la medida– los actos de corrupción, reservando los datos personales y la vida pública de los involucrados.
Sin embargo, en La Otra Opinión intentamos por distintos medios contactar con algún investigador involucrado en la creación de la iniciativa pero sólo obtuvimos negativas y pretextos para no hablar sobre el tema.
Por esta razón nos preguntamos, ¿a qué le temen los ciudadanos que primero difundieron su proyecto y ahora no lo defienden? ¿De quién son partidarios para no querer mostrar sus declaraciones? ¿El rechazo significa que la ciudadanía no está preparada para afrontar la corrupción política en México?
