El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, advirtió que ninguna institución –ni ningún servidor público– pueden estar al margen de la ley. Es así que, por medio del portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, dio a conocer que se promoverían acciones de inconstitucionalidad en contra de los dictámenes aprobados por los congresos de Veracruz y de Quintana Roo.
Anteriormente, los gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte emitieron regulaciones en sus respectivos estados con el objetivo de blindarse contra el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción.
De este modo, el Doctor Pedro Torres, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, explicó que hasta antes de mayo los estados podían legislar y regular en materia de combate a la Anticorrupción, no obstante, a partir de las reformas aprobadas en 2015 y este año, las entidades perdieron esa competencia.
Es decir, que los gobiernos estatales pueden regular algunas leyes pero deben respetar el marco de la ley general; una ley que no se ha expedido.
El Doctor Pedro Torres aseguró que es necesario que se promulgue dicha ley, a fin de que se eviten lagunas legales como las que vemos en Veracruz o Quintana Roo. Después de todo, mientras no se promulgue la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los congresos de Veracruz y de Quintana Roo no estarían fuera de la norma.
Por lo anterior, de acuerdo con el especialista, el anuncio de la presidencia es más bien un mensaje político; mismo que tiene la intención de mostrar con el ejemplo, que el gobierno federal no solapará acciones como las de Roberto Borge y Javier Duarte, quienes pretendían nombrar fiscales a modo para evadir la acción de la justicia.
Por otro lado, el Doctor Torres aseguró que las acciones de inconstitucionalidad no se giraron para impugnar los nombramientos que empujan los gobernadores; en realidad, se trata de impugnaciones contra las leyes que dieron lugar a dichos nombramientos.
Al momento, a horas de que se giró la acción de inconstitucionalidad, todo indica que el mensaje político llegó a los gobernadores Borge y Duarte; quienes al verse desamparados echaron para atrás lo que se conoce como “paquete de impunidad”.
Pedro Torres concluyó diciendo que las leyes en cuestión seguirán operando hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie por la inconstitucionalidad y ordene que las leyes pierdan valor. Mientras tanto, las cosas seguirían operando como se aprobó en los congresos de Veracruz y Quintana Roo.
Por eso, no sobra insistir, la medida fue política.
