El Doctor José Roldán Xopa, conocedor de la transparencia y el combate a la corrupción, señaló en entrevista para La Otra Opinión que la determinación del gobierno para frenar los “paquetes de impunidad” de Roberto Borge y Javier Duarte es una buena señal.
“Una acción de inconstitucionalidad se presenta cuando la Procuraduría General de la República considera que una ley local va en contra de la Constitución”, explicó Roldán Xopa. Es decir, justo lo que ocurrió con los congresos de Veracruz y de Quintana Roo, cuando se aprobó la creación de fiscalías y fiscales “a modo” para cubrir las espaldas a los gobernadores salientes.
Como sabe, ambos mandatarios se escudaron en leyes locales –para complicar una eventual investigación por actos de corrupción–; no obstante, estos proyectos legislativos iban en contra de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción.
En Quintana Roo, el Congreso modificó las sanciones para delitos que castigaban hasta con 10 años de prisión; ahora el castigo se redujo a cinco o seis años. De esta forma, al reducir la pena también se disminuye el tiempo para abrir averiguaciones o ejercer la acción penal. En ambos casos, el principal beneficiado sería el gobernador Borge.
Aunado a lo anterior, tanto Borge como Duarte buscaban imponer a los auditores o procuradores que realizarían dichas investigaciones, algo que habría comprometido la objetividad del trabajo y el proceso de impartición de justicia.
El Doctor José Roldán señaló que cuando se tiene la influencia para designar el cargo de un fiscal, por ejemplo, se ocupan todos los frentes y es una buena manera de tener controladas todas las piezas.
Por todo lo anterior, el especialista concluyó que si bien es importante el anuncio que envió el presidente con las acciones de inconstitucionalidad, lo cierto es que si se quiere consolidar la democracia mexicana, todavía hace falta más.
