El juez federal Gerardo Moreno García, emitió una resolución para llevar el control respecto al juicio de Alejandro Gutiérrez, acusado de peculado, pues consideró que en el caso están involucrados recursos federales en el ramo educativo, por lo que al juzgado del fuero común de Chihuahua no le compete el proceso.
De inmediato se activaron las alarmas en el gobierno a cargo de Javier Corral. El “fiscal carnal” del mandatario panista, César Augusto Peniche, reclamó que el caso sí es de competencia estatal por ser recursos que fueron transferidos al estado.
Mientras tanto, la federación asegura que dichos recursos, no están involucrados plenamente al estado de Chihuahua y, la Fiscalía General estatal alega que la decisión es “forzada y débil en argumentos”.
Lo cierto es que, el ex secretario adjunto del PRI se convirtió en un “rehén político” en pleno proceso electoral. Tanto por parte de la Federación como del gobierno de Chihuahua.
Gutiérrez es un “trofeo-bandera” para don Javier Corral, quien antes de armar “el espectáculo” de la Caravana por la Dignidad había prometido capturar del exgobernador César Duarte, presuntamente involucrado en el caso.
Pero no sólo eso. Además, Gutiérrez es pieza clave en la estrategia de Corral Jurado para funcionar como “artillero” en la campaña de Ricardo Anaya. El caso del ex secretario adjunto del CEN del PRI podría alcanzar al ex dirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, así como a otras figuras de alto nivel del partido en el poder.
Lo anterior significaría un golpe que el priismo quiere evitar a toda costa, sobre todo en plena época electoral.
La decisión del juez federal, que también alcanza a la investigación referente al ex director de Adquisiciones de Chihuahua, Antonio Tarín, ya tiene plazo.
La Fiscalía de Chihuahua tiene ultimátum de cinco días para entregar la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017. De no hacerlo le impondrán una multa.
El hecho es que, con los fines electoreros de Javier Corral de por medio, la federalización del caso de Alejandro Gutiérrez podría resultar en una mayor garantía de imparcialidad, ya que de ese modo se impediría que sea la Fiscalía de Chihuahua la que se encargue de armar el expediente y sería la Procuraduría General de la República la encargada de llevar las investigaciones.
