Hace instantes, el consejero jurídico de la Presidencia –Humberto Castillejos–, anunció que el presidente Enrique Peña vetará 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la comúnmente llamada Ley 3 de 3.
Entre los artículos vetados por el mandatario se encuentra el inciso 32, el cual obligaba a todos los que prestaran servicios o recibieran dinero del gobierno a hacer públicas sus declaraciones de interés, patrimonial y fiscal.
Desde un principio, la redacción de ese artículo generó el rechazo de amplios sectores de la academia, de la sociedad civil organizada y, desde luego, de la empresa. Y es que, de aplicarse, prácticamente todos los mexicanos que laboran formalmente habrían tenido que hacer públicas sus declaraciones.
De hecho, más de uno argumentó que el Congreso parecía cobrar venganza en contra de la sociedad civil que expuso una problemática grave, que juntó firmas y que promovió una iniciativa que –en su redacción original– obligaba a los servidores públicos a exhibir cuánto ganan, cómo lo ganan y cuánto pagan de impuestos.
Afortunadamente, la cordura se hizo presente en el gobierno federal y frente a los reclamos y demandas generalizados, la Presidencia confirmó que vetaría el controvertido artículo 32, junto con otra docena de incisos.
Al botepronto, de la acción del presidente se desprenden tres lecturas:
La primera, que no termina de quedar claro por qué el veto presidencial alcanzó el artículo 32 pero no al artículo 29, que en la redacción aprobada quitaba la obligatoriedad de las declaraciones. Es decir, que el Ejecutivo respondió a las demandas de la clase empresarial pero no a la exigencia ciudadana de hacer obligatoria la publicación y difusión del 3 de 3.
La segunda, que en una república democrática –como la mexicana–, la separación y el balance de poderes siguen siendo la divisa. Hoy, el Ejecutivo corrige la plana a un legislativo que se excedió y, en apariencia, intentó vengarse de una sociedad organizada y contestataria.
Y la tercera, acaso la más reveladora; que el presidente Peña vetó un proyecto votado y aprobado por la aplastante mayoría de las bancadas del PRI en diputados y senadores. O si lo prefiere, que el primer priista del país puso un alto a las bancadas tricolores. ¿Cómo debemos interpretar este gesto? ¿qué significa que el jefe de todos los priistas actúe en contra de los legisladores del Revolucionario Institucional? ¿será, acaso, que algunos sectores del PRI ya no escuchan al presidente? ¿será que las bancadas del PRI ya no siguen la línea de Los Pinos?
