Hay quien piensa que Emilio Lozoya Austin es el primer exdirector de Pemex en ser procesado por acusaciones vinculadas con corrupción.
Imaginan que es así porque hoy vivimos en la 4T.
No es el caso. Su nombre será uno más en la lista.
Permítame recordarle el caso de Jorge Díaz Serrano, quien dirigió la empresa en la etapa del llamado ‘boom petrolero’, de diciembre de 1976 a junio de 1981, durante el sexenio de López Portillo.
Cayó en desgracia porque cuando cayeron los precios mundiales del crudo también bajaron los de México, lo que no gustó a López Portillo ni a José Andrés de Oteyza.
Llegó a la Cámara de Senadores en septiembre de 1982, pero en 1983 fue acusado por la PGR de fraude en la compra de dos barcos petroleros, por los que presuntamente se pagó un sobreprecio de 34 millones de dólares.
En julio de 1983, el Senado votó su desafuero y Díaz Serrano se entregó. Fue encontrado culpable y estuvo cinco años en prisión.
La interpretación pública de este caso fue que el exdirector de Pemex fue el chivo expiatorio de un gobierno en el que la corrupción había brotado por todas partes, especialmente en Pemex.
Otro caso fue el de Rogelio Montemayor, quien en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo fue designado director general de la petrolera.
El caso en el que estuvo involucrado fue conocido como el ‘Pemexgate’, e involucraba el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Francisco Labastida.
Con base en una investigación realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 3 de mayo de 2002 un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Montemayor, quien se encontraba en Houston.
Montemayor fue detenido por la justicia norteamericana. Pasó un tiempo tras las rejas en Estados Unidos, pero a través de amparos logró evitar su detención en México cuando fue extraditado. Jamás piso una prisión en nuestro país, pese a los intentos de la administración de Fox de procesarlo.
El director general de Pemex en el sexenio de la alternancia tampoco la libró. En el año 2004, Raúl Muñoz Leos suscribió un acuerdo con el sindicato petrolero en el que se le otorgaron 2 mil 688 millones de pesos, cuando el Contrato Colectivo fijaba una suma de 963 millones.
La ASF promovió una demanda por este hecho y en noviembre de 2004 el gobierno de Fox le pidió su renuncia.
En 2007, ya bajo la administración de Felipe Calderón, se inhabilitó a Muñoz Leos por 10 años y se le aplicó una multa por 862 millones de pesos. Luego se le agregaron otros 12 años de inhabilitación. Pero en 2012, Muñoz Leos logró que un tribunal revocara la multa.
No incluí en este breve recuento a directores de subsidiarias o a otros funcionarios de menor rango, pues de lo contrario la lista hubiera sido interminable.
El hecho es que Pemex, desde hace ya muchos sexenios, parece ser tierra fértil para la corrupción, las irregularidades y el escándalo.
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Si nos remontamos a los tiempos en los que los robos al erario público no concluían en procesos legales, la suma es todavía más grande.
Hay un personaje legendario: Jaime J. Merino, quien fue superintendente de Pemex en Poza Rica por 24 años y se llevó el honor de ser mencionado por López Mateos en el discurso en el que anunció la ‘mexicanización’ de la industria eléctrica, cuando refirió que en la nueva empresa no habría “ni Merinos ni ladrones”.
Su caso fue simplemente el más visible de lo que eran prácticas corrientes de robo y cohecho.
Junto con Merino cayó en desgracia el exdirector general Antonio J. Bermúdez, que encabezó la empresa por 12 años, en los sexenios de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.
Su principal problema fue político pues le compitió a López Mateos por la candidatura presidencial.
¿Seguirá hoy siendo esa la razón de que los exfuncionarios de Pemex sean procesados?
Usted seguramente tiene la respuesta.
