El gobierno de Panamá devolvió este miércoles a México la solicitud de ampliación y consentimiento para juzgar al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por un quinto delito, adicional a los cuatro por los cuales fue concedida su extradición en septiembre de 2017.
En un escrito, la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país centroamericano, comunicó a la Embajada de México que su solicitud “no reúne los elementos” para proseguir con el análisis requerido en la materia, establecidos en el artículo XVII del Tratado de Extradición signado entre ambos países en el 2004.
Por ello, las autoridades panameñas apuntaron que de continuar con el interés de ampliación y consentimiento para el levantamiento a la regla de especialidad en el caso de Borge Angulo, deberá remitir la documentación cumpliendo con todos los requisitos dispuestos en el citado Tratado.
Lo anterior, añadieron, permitirá evaluar la realización de la reunión virtual solicitada el 15 de marzo de 2021, para conocer el estado que guarda la petición hecha por México sobre la ampliación a la extradición -por un quinto delito, consistente en delincuencia organizada- y consentimiento para el levantamiento a la regla de especialidad.
El principio de especialidad es un elemento del Derecho Internacional, aplicable a los procesos de extradición y consiste en que el Estado requiriente sólo puede juzgar a una persona extraditada por las ofensas por las cuales su extradición fue autorizada por el Estado requerido.
Es decir, México sólo puede enjuiciar a Borge Angulo, detenido en Panamá el cinco de junio de 2017, por los cuatro delitos que fueron materia de la solicitud de extradición aprobada el 15 de septiembre de ese año y concretada el cuatro de enero de 2018 por los delitos de Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero (381/ 2017); peculado (159/ 2017), aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública (151/ 2017); y ejercicio indebido de la función pública (154/ 2017)
La causa penal es del orden federal y corresponde a la modalidad de “ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes, cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
Cabe recordar que Borge es acusado de haberse confabulado con ocho personas más, entre particulares y funcionarios -incluidas seis empresas- entre abril de 2011 y septiembre de 2016, para enajenar, adquirir, encubrir, ocultar el origen, destino, propiedad o titularidad de al menos 22 bienes inmuebles de la reserva territorial del estado, administrados y custodiados por el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario (IPAE).
Con información de El Universal y Diario de México
MSA
