Tamaulipas es otra de las entidades que –en 2016–, renovará a su gobernador por un tiempo de seis años. Además –el próximo junio– también votarán a ediles y regidores en 43 municipios –por un periodo de tres años–, y a 22 diputados locales.

Actualmente, el Estado es administrado por el priísta Egidio Torre, quien ganó los comicios del 2010 con el 61.6 por ciento de los votos.

Hace cinco años, el crecimiento económico anual no superaba el 1.8 por ciento. Actualmente, la entidad está un poco más cerca de su meta de crecimiento –el 6 por ciento–, sin embargo, todavía no la alcanzan. De acuerdo a las mediciones más recientes, en Tamaulipas, la cifra de crecimiento es de 3.7 por ciento.

Tamaulipas es uno de los Estados que en el segundo trimestre de este año arrojó números inferiores al 75 por ciento de la meta fijada en materia de generación de empleos. En realidad sólo se crearon 3 mil 959 plazas, cuando los expertos recomiendan la apertura de hasta 10 mil 300.

Por otro lado las cifras de pobreza laboral dejan ver que el porcentaje de ciudadanos que no pueden adquirir una canasta básica con sus ingresos laborales es de 39.9 por ciento. A inicios del sexenio, este número era relativamente menor; 34.3 por ciento de los tamaulipecos vivían en esta situación.

Se sabe que hasta el 30 de junio de este año la deuda de la entidad era igual a 11 mil 431 millones 818 mil 853 pesos con 96 centavos y de acuerdo con información de la SHCP, a finales del 2010 el monto no rebasaba los 10 millones 69 mil pesos con 8 centavos.

En materia de seguridad, el INEGI realizó un sondeo con el fin de conocer la percepción que la ciudadanía tiene sobre la seguridad en sus entidades y municipios. En Tampico, una de las principales ciudades de Tamaulipas, se obtuvo que el 70.1 por ciento considera que el municipio es muy inseguro.

Algunas acciones a destacar durante la administración de Egidio Torre Cantú:

Hubo un fortalecimiento en la infraestructura hidráulica en Tamaulipas con una inversión superior a los 143 millones de pesos.

Se invirtieron 17 millones de pesos en gastos de pavimentación de algunas calles y avenidas.

De acuerdo con algunos diarios de circulación estatal, se habrían capturado a 2 mil 976 criminales en 16 meses.

Torre Cantú instaló la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Entre las irregularidades y señalamientos negativos que han caracterizado el gobierno del mandatario tamaulipeco sobresalen:

Fue candidato a la gubernatura por cinco días, ya que pasó a suplir a su hermano, Rodolfo Torre Cantú, aspirante a la administración del Estado por parte de la coalición PRI-PVEM-Panal, quien fue asesinado a seis días de que se celebrara la elección.

A inicios de la gestión de Egidio Torre se prometió la instalación de cámaras de vigilancia en calles y avenidas principales de la entidad. Incluso se dijo que se pagaron 300 millones de pesos para la colocación de 2 mil aparatos. Sin embargo, sólo se han contado cerca de 900. Además se sabe que la concesión de los contratos fue muy alta.

El 12 de marzo de 2014, Editorial Sondeo –un portal de noticias– difundió una encuesta preguntando a los ciudadanos de todo el país ¿a quién consideraban el peor gobernante estatal de México? El condecorado con el título resultó ser Egidio Torre Cantú.

En 2014, ciudadanos realizaron varias marchas con el fin de solicitar la renuncia del gobernador debido a su incapacidad para resolver los problemas de violencia en la entidad.

A lo largo de su gestión, Egidio Torre no pudo acabar con  los narcobloqueos sucedidos.

A pesar de que se incrementó el costo del pasaje del transporte público, el servicio no mejoró.

También se supo que el portal digital Valor por Tamaulipas era presionado por el gobierno estatal y por el crimen organizado para cerrar operaciones.

Se ha relacionado a varios agentes de la policía del Estado con el narcotráfico.

El entonces jefe de seguridad de Egidio Torre, José Manuel López, fue detenido en mayo de 2014 debido a que fue acusado de ser el autor intelectual del homicidio del jefe de inteligencia del Estado, Salvador Haro Muñoz.

En cinco años de administración han estado en la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas tres titulares, dos de éstos han renunciado por “razones personales”, pero en algunos portales de información se ha dicho que habría sido por irregularidades.

Si un juez militar hubiera exonerado a los cuatro militares relacionados con el caso Tlatlaya, es muy probable que la llamada opinión pública lo hubiera linchado; metafóricamente hablando.

Pero, como fue un juez civil quien decidió que estos cuatro militares debían recuperar su libertad –ya que no existen evidencias sólidas en su contra–; entonces ahora se habla de impunidad y de un sistema de justicia podrido.

Sin embargo, en el fondo, la realidad es otra. En este momento asistimos a la confirmación de una máxima irrefutable: el hombre ve sólo lo sus prejuicios le permiten ver.

Y es que, como dijo el Doctor Javier Oliva –en entrevista para La Otra Opinión–, las opiniones arraigadas de cada individuo le impiden reconocer la verdad. Incluso cuando la verdad está frente a su nariz.

Por ejemplo, el Doctor Oliva señala que pocos reconocen que en el caso Tlatlaya opera la mano de Estados Unidos. Según el experto, la tendencia a reclasificar al narcotráfico como una actividad terrorista, habría facilitado el juicio mediático y la aplastante ola de injurias y reclamos en contra de los militares vinculados con el caso.

Pero hay más. El mismo Doctor Javier Oliva señala que el activismo de organizaciones –como el Centro ProDH– favorecen los juegos internacionales de la derecha que se disfraza de organización de izquierda. ¿Por qué?

Porque el Ejército es la representación del nacionalismo. En otras palabras, que el principal obstáculo a los esfuerzos geo expansionistas –como el populismo–, es precisamente el ejército y las expresiones nacionalistas.

De modo que, con miras a expandir un proyecto ideológico, existiría la intención de minar la imagen, la credibilidad y la reputación de los soldados.

Por otro lado, concluyó Javier Oliva, que las voces que insisten en desacreditar a los militares y en asegurar que en Tlatlaya venció la impunidad, olvidan que en los tribunales civiles, la falta de evidencias imposibilita la comprobación de delitos. O si lo prefiere, que de acuerdo a derecho, no había forma de mantener a esos militares en prisión.

Por eso insistimos, los individuos ven sólo lo que sus prejuicios les dejan ver.

El Itinerario Político de hoy en El Universal desató la ira de las mafias de los derechos humanos. El ejemplo, a continuación. Gracias a los biógrafos.

El “Complot Mongol” contra Peña Nieto

Por Jenaro Villamil

Seguramente el habitante actual de Los Pinos y sus principales asesores desconocen la novela de Rafael Bernal, El Complot Mongol, que relata una serie de intrigas tan fascinantes como irreales en el corazón del Barrio Chino de la Ciudad de México, en plena calle de Dolores, donde el matón Filiberto García desentrañará un complot contra la paz mundial, con la ayuda del FBI y de la KGB, al mismo tiempo.

Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene como objetivo derrumbar a las instituciones mexicanas, vulnerar al Ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa –más las que se acumulen– en un juego de poder comandado por el multimillonario norteamericano George Soros y “fuerzas oscuras” internacionales, radicadas en Estados Unidos.

Por más delirante que parezca, el nuevo “complot mongol” contra Peña Nieto no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

No es el populismo del dos veces candidato presidencial, exjefe de Gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena, el auténtico “peligro” para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente dio la orden hasta la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto, con tal de quedarse con nuestro petróleo.

Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro ProDH, y el gran paraguas financiero de George Soros, a través de su “brazo desestabilizador”: la fundación Open Society.

Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las diez tablas de la ley hace ya varios cientos de años:

“Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio de 2015 emitió el CentroProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.

“El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la información sobre el caso de los normalistas, el mismo que ‘pastorea’ a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations, del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.

“El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó en la CIDH. Y el Centro ProDH es la organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían”.

Bajo la lógica de este redactor de complots, seguramente la periodista Carmen Aristegui –quien anunció que llevará su litigio contra MVS y el Estado mexicano a la CIDH–, forma parte del complot de George Soros. La misma revista Proceso que entrevistó a Emilio Álvarez Icaza, los miles que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Squire y de AP que revelaron detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CIDH forman parte de la nómina de George Soros.

Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez Icaza y, en el colmo del delirio, los cinco jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados por sicarios de la CIDH para “manchar” la trayectoria de este gran amigo de los opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier Duarte.

Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de su titular Salvador Cienfuegos, para negar cualquier responsabilidad “por comisión u omisión” en estos casos y, sobre todo, para advertir que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante ninguna instancia internacional.

La “entrevista” de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores oficiales de derechos humanos al informe de la CIDH sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México, apuntan a que un espíritu peor que el del Complot Mongol comienza a permear en el gobierno federal: es el Gustavo Díaz Ordaz que se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia.

Twitter: @JenaroVillamil

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Tomado de Proceso