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Si cárceles de Alta Seguridad están en ruinas, ¿Cómo estarán las demás?

Según Renato Sales, el nuevo titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cárceles como la de El Altiplano existen tratos desiguales e incluso favoritismos para los delincuentes vinculados con el tráfico de drogas.

Si eso pasa en una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo será la dinámica en reclusorios de menor importancia?

¿De qué tamaño serán las inequidades y las violaciones a derecho en las prisiones que no son de máxima seguridad?

¿En qué condiciones vivirán la mayoría de los presos mexicanos?

Según Renato Sales, durante su administración se encargará de convertir al Altiplano en una prisión “impenetrable”…

Si el Chapo Guzmán logró escapar de esta cárcel de máxima seguridad, ¿quién nos dice que en otras prisiones se cumplen los mínimos de seguridad?

Si el Chapo huyó de una prisión que, en teoría, era impenetrable, ¿qué tendrán que hacer para que sea imposible fugarse de El Altiplano?

¿Cuántas cárceles tendrían que ser rediseñadas para evitar fugas de reos?

¿Cuánto dinero habría que invertir para lograr esta hazaña?

¿Cuánto tiempo llevaría que en todas las cárceles se cumpla los requerimientos básicos de seguridad?

Según el Doctor José Antonio Caballero, director de la división de asuntos jurídicos del CIDE, los centros de reclusión federal –como la cárcel de la que huyó el Chapo–, presentaban el mayor avance en materia de seguridad…

¿Cómo estarán el resto?

¿Deberíamos preocuparnos?

¿La autoridad está preocupada?

¿Qué medidas se tomaron para combatir esta situación?

Según el Doctor José Antonio Caballero, los reclusorios son el centro de violación de todo tipo de derechos y de un gran mercado de corrupción…

¿La autoridad está al tanto de esta situación?

¿Si son conscientes de lo que ocurre por qué no han hecho algo para remediarlo?

Si no están enterados, ¿por qué siguen en el cargo?

¿Es posible combatir la corrupción al interior de las cárceles?

¿Las cárceles mexicanas son un castigo real para los criminales?

Los hombres y mujeres que habitan las cárceles, ¿son los que deberían estar ahí?

¿Si las cárceles no funcionan, qué alternativas existen?

Mediocre y Vergonzosa la “nueva” Asamblea Legislativa

Para quienes todavía dudan de la penosa integración y reparto de curules en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las cifras hablan por sí solas. A continuación enlistamos 10 datos –publicados por El Universal–, que retratan de cuerpo entero la crisis y la mediocridad que los partidos de la mal llamada izquierda han solapado y fomentado en el Congreso del Distrito Federal.

Uno. Hay 20 diputados de Morena, 17 del PRD, 10 del PAN, ocho del PRI, tres del Partido Verde, tres de Encuentro Social, dos de Movimiento Ciudadano y un diputado del Partido Humanista, del PT y del Panal.

Dos. Aunque usted no lo crea, el promedio de estudios es de poco más de 14 años. Es decir, el segundo año de la licenciatura.

Tres. Por increíble que parezca, una legisladora tiene estudios de secundaria, siete de bachillerato, cuatro pasantes, 43 de licenciatura, seis maestrías y un doctorado. De cuatro se desconoce su formación.

Cuatro. La mayoría de los legisladores –19 en total–, son abogados. Le siguen cinco politólogos y el mismo número de periodistas y de economistas.

Cinco. Pese a lo absurdo de la situación, en la ALDF también hay un entrenador de beisbol –de Morena–, una estudiante de actuación –del Partido Verde– y un ama de casa, también de Morena.

Seis. Para sorpresa de muchos, en la ALDF trabajarán dos juniors de la política: Néstor Núñez –de Morena–; hijo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Y Mariana Moguel del PRI, hija de Rosario Robles, titular de SEDATU.

Siete. En esta Legislatura habrá algunos novatos como Olivia Garibay –un ama de casa que sólo terminó la secundaria–, quien llegó al cargo gracias a la tómbola de Morena. También destaca Luciano Ángeles Valencia, con estudios truncos de preparatoria, quien entrena al equipo de beisbol de Andrés Manuel López Obrador.

Ocho. También habrá diputados no tan nuevos. En la ALDF legislarán diputados sin experiencia en el Congreso pero que vienen de movilizaciones sociales. Por ejemplo, Ana Ángeles Valencia de Morena, que salió de la Asamblea de Barrios; el médico Darío Carrasco –también de Morena–, que participó en las movilizaciones en defensa del petróleo de López Obrador.

Nueve. No podían faltar los muy experimentados. Ocho de los asambleístas fueron jefes delegacionales en el periodo anterior: seis del PRD, uno del PAN y otro del PRI.

Diez. Finalmente, los reelegidos. Se sabe de seis legisladores que ya ocuparon una curul en la ALDF y que volvieron al recinto de Donceles: tres de Morena, un priista y dos del Partido Verde.

Artículo que viola Álvarez Icaza sobre los 43

Luego de las investigaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Iguala –y de las declaraciones de su titular, Emilio Álvarez Icaza–; hay quien asegura que este último –el Secretario General de la CIDH–, habría faltado al reglamento de la OEA.

¿Cuál sería la falta de Emilio Álvarez Icaza?

Según el artículo 101.7 del Reglamento del Personal de la OEA, la cabeza de la CIDH habría incurrido en conflicto de interés. ¿Quiere pruebas? A continuación reproducimos el inciso:

Regla 101.7 Declaraciones de lealtad y de ética de conducta y conflictos de interés

  • Todo funcionario, antes de iniciar sus labores, suscribirá la siguiente declaración:
    1. Me comprometo solemnemente a ejercer con lealtad, discreción y a conciencia las obligaciones que me corresponden como funcionario de carácter internacional al servicio de la Secretaría General; a regular mi conducta de acuerdo con los intereses de la Organización de los Estados Americanos; a no solicitar ni aceptar instrucciones, en relación con mis deberes como funcionario, de ningún gobierno o autoridad que no sea la Secretaría General, y, en general, a respetar las disposiciones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a cumplir las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, el Reglamento de Personal y demás disposiciones pertinentes.
  • Todo funcionario deberá suscribir la siguiente declaración antes de iniciar sus labores y reiterarla anualmente:
    1. Declaro que no tengo vinculación alguna que pueda entrañar conflicto con el desempeño correcto de mis obligaciones en la Organización y con las responsabilidades que me asignan la Carta de la Organización de los Estados Americanos, las Normas Generales y el Reglamento de Personal. También me comprometo a consultar al Secretario General en la eventualidad de que surgiese cualquier vinculación que pudiese constituir conflicto de interés y a desligarme de ella si, a juicio del Secretario General, constituye conflicto de interés. El no hacerlo constituirá base para acción disciplinaria de acuerdo con la Regla 110.5 y con el capítulo XI de este Reglamento.
  • Los funcionarios cuyos puestos se indican en el párrafo (d) de esta regla presentarán adicionalmente declaraciones juradas que incluyan:
    1. Todas aquellas asociaciones, empresas o sociedades comerciales a las que se hallen vinculados, directa o indirectamente, con indicación de la naturaleza de la vinculación, así como una lista de sus acreedores, con la excepción de aquellos con los cuales estén endeudados por hipoteca de su residencia personal o por costos de vida ordinarios tales como mobiliario del hogar, automóviles, educación o vacaciones.
    2. El valor neto de su patrimonio personal, en el estado en que se encuentre al inicio y al término de sus servicios en el puesto. La declaración a que se refiere el inciso (i) deberá ser renovada anualmente y actualizada para reflejar cambios en la situación descrita en la misma.
  • Las declaraciones indicadas en el párrafo precedente deberán ser presentadas por los siguientes funcionarios:
    1. Titulares de cargos de confianza;
    2. Directores de departamentos, unidades, divisiones y oficinas y otros jefes de unidades administrativas que, sin ocupar cargos de confianza, dependan directamente, desde el punto de vista jerárquico, del Secretario General, del Secretario General Adjunto, de un Secretario Ejecutivo o de un Subsecretario; y
    3. Funcionarios que, como parte de sus actividades normales, participen de manera sustancial en recomendar, seleccionar, aprobar o hacer pagos al personal, a contratistas independientes o a otras firmas o empresas de quienes la Secretaría General adquiera bienes o servicios. Son miembros de esta categoría aquellos que ocupen los puestos que se indican en el Anexo A de este Reglamento.
  • Toda información que sea proporcionada por los funcionarios bajo esta regla será procesada y mantenida en la más estricta confidencialidad bajo la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y sólo podrá ser utilizada en conexión con la administración de las políticas respecto a ética de conducta y conflictos de interés de la Secretaría General.

Álvarez Icaza no debe declarar sobre Ayotzinapa: González Ruiz

En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Samuel González Ruiz –ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR–, explicó que de acuerdo a las normas de ONU y OEA, el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Emilio Álvarez Icaza– está impedido para participar en todo lo que tenga que ver con México y su política interna.

González Ruiz señaló que las organizaciones –como la ONU y OEA–, cuentan con normas muy claras que previenen el conflicto de interés. Por ello, Álvarez Icaza no puede –y no debe– hablar sobre México.

Lo anterior viene a cuenta luego de las investigaciones del grupo de peritos de la CIDH y de las declaraciones del titular de la CIDH al respecto de la crisis de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.

En esta lógica, Samuel González Ruiz preguntó si Álvarez Icaza compartió –con las autoridades de la OEA– los posibles conflictos de interés en que incurriría de participar en la investigación de lo ocurrido en Iguala el pasado 26 de septiembre.

Lo anterior cobra relevancia cuando se considera que –según González Ruiz–, Álvarez Icaza ha fundado todo tipo de organizaciones en materia de defensa de derechos humanos y muchos de estos grupos tendrían financiamientos coincidentes. Es decir, que operan con base en el financiamiento que reciben. Por ello, en opinión del ex funcionario de la PGR, el secretario general de la CIDH debió hacer pública una declaración de conflicto de interés que, eventualmente, lo habría inhabilitado para estar presente en todo lo que tenga que ver con el caso Ayotzinapa.

De hecho, concluyó Samuel González Ruiz –según el Artículo 101.7 del reglamento de la OEA– Emilio Álvarez Icaza debió excusarse incluso de opinar al respecto de las investigaciones del grupo de peritos de la CIDH.

Las ratas también son azules

Durante su campaña para alcanzar la dirigencia nacional del PAN el joven Ricardo Anaya abrazó la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción. En simpáticos actos de fe prometió que en su gestión el partido azul no toleraría corruptelas.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra muy distinta la terca realidad. Y es que Anaya no terminaba de lanzar arengas contra los corruptos azules cuando dos gobernadores del PAN dejaban sus respectivos cargos en medio de groseros escándalos de corrupción.

Por ejemplo, hace días, Guillermo Padrés dejó el gobierno de Sonora en medio de sonados escándalos de corrupción que van desde la venta de niños, pasando por la cuestionada construcción de una presa y el sobregiro de 10 mil millones de pesos que duplicaron la deuda pública de la entidad, además de acusaciones de enriquecimiento ilícito y una deuda descomunal con proveedores.

El escándalo fue tal que en su discurso de protesta la gobernadora entrante, la priísta Claudia Pavlovich prometió que su gobierno no toleraría corruptelas y que ninguno de los gobernantes enriquecidos en administraciones salientes disfrutaría del dinero mal habido.

Lo cierto es que mientras envejece el bla, bla, bla de Ricardo Anaya contra la corrupción, el panista Guillermo Padrés se va con los bolsillos llenos y la gobernadora entrante del PRI inicia su gestión con actos al más puro populismo. Sólo buenas intenciones contra la corrupción.

El segundo caso es el de Marcos Covarrubias, gobernador saliente de Baja California Sur, también del PAN, quien deja el cargo acusado entre muchas otras irregularidades, de entregar al menos ocho notarías a sus cercanos.

Resulta que Ricardo Cevallos Valdez,  presidente del Colegio de Notarios, denunció diversas violaciones en la entrega de cuatro patentes notariales promovidas por el exgobernador panista Marcos Covarrubias, justo un mes antes de dejar el cargo.

El mandatario saliente otorgó las notarías 29, 30, 31 y 32 a Gamil Arreola Leal, exprocurador de justicia de su gobierno; a Gonzalo Hernández Lezama –hermano de la esposa del gobernador, María Helena Hernández–, a Erich Pius Kaufmann Cervantes, abogado de su familia y a Francisco Javier López Velderrain, amigo del hermano del gobernador. El 10 de agosto pasado hizo la convocatoria y al día siguiente, el 11, se emitieron las cuatro patentes.

Pero no fue todo. El lunes 7 de septiembre del 2015, Marcos Covarrubias –quien aún fungía como gobernador de Baja California Sur–, creó cuatro notarías más: la 33, 34, 35 y 36.

El mandatario trató de justificar la asignación con otra convocatoria por la vía rápida emitida el 7 de septiembre. Lo curioso es que los interesados debían conocer la convocatoria el mismo día y entregar toda la documentación entre las 09:00 y las 14:00 horas. Sólo los amigos y preferidos del gobernador llenaron los requisitos.

Así, por ejemplo, la notaría 33 fue asignada a Lourdes Susana Gallo Rodríguez, hermana de Daniel (Gallo Rodríguez), presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y también hermana del Oficial Mayor del Gobierno, Rafael (Gallo Rodríguez). Todo queda en familia.

Vale recordar que Daniel Gallo Rodríguez fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado para el periodo comprendido de abril de 2014 y 2017. Además, la notaría 34 fue asignada a Manuel Rodríguez Osuna, amigo del hermano del gobernador.

¿Y las promesas de Ricardo Anaya? ¿Ese es el PAN con el que hará alianzas el PRD, en 2016? Al tiempo.

Tomado de El Universal

Los 43 y las 100 preguntas

A un año, son más dudas que respuestas sobre la tragedia de normalistas. Por eso 100 preguntas.

1.- ¿Quién cree la verdad legal de Jesús Murillo?

2.- ¿Fue una investigación científica?

3.- ¿Creen que se trató de un engaño?

4.- ¿Por qué no creen?

5.- ¿Dudan por convicción o por manipulación?

6.- ¿Será creíble una nueva investigación?

7.- ¿Quién debe hacerla?

8.- ¿Aceptarán la verdad los que manipulan la tragedia?

9.- ¿No será que si aceptan la verdad se acaba el negocio?

10.- ¿Negar la verdad es una industria político-electoral?

11.- ¿De qué tamaño es el negocio de manipular tragedias?

12.- ¿Cuánto paga el gobierno en “expertos” y “peritos”?

13.- ¿Quién paga el turismo global de padres de normalistas?

14.- ¿Cuánto se embolsan ONG´s que medran con los 43?

15.- ¿Será que con los 43 intentan tirar al gobierno de EPN?

16 ¿Detrás de los 43 está el interés de AMLO para 2018?

17.- ¿Por qué promotores de “fue el Estado” son lopistas?

18.- ¡Mismos que ocultan datos de que AMLO impuso Abarca!

19.- ¿Tienen AMLO y Morena responsabilidad política por el crimen de los 43?

20.- ¿Por qué la doble moral de AMLO, Morena y su claque?

21.- ¿Por qué la doble moral de acólitos de AMLO?

22.- ¿No conocían AMLO y PRD vínculo de Abarca con crimen organizado?

23.- ¿Por qué AMLO niega todo a pesar de video donde le piden no imponer a Abarca?

24.- ¿Por qué nadie pidió juicio público contra AMLO?

25.- ¿Por qué PRD guardó silencio sobre culpa de Chuchos?

26.- ¿Por qué nadie pidió expulsar a Jesús Zambrano?

27.- ¿Por qué sigue impune Ángel Aguirre?

28.- ¿Por qué Navarrete solapó a Aguirre y Abarca luego de la tragedia?

29.- ¿Por qué la doble moral de izquierdas?

30.- ¿Es igual solapar a Abarca y a Aguirre que la impunidad que AMLO regaló a Godoy Toscano?

31.- ¿Por qué toda la clase política permitió ensuciar las instituciones con el cuento del crimen de Estado?

32.- ¿Por qué la torpeza del gobierno de EPN al no reaccionar?

33.- Por qué en lugar de sancionar al culpable de la fallida estrategia política en Iguala –Aurelio Nuño–, lo premiaron?

34.- ¿Por qué las fallas en la comunicación social?

35.- ¿Cómo permitieron que crimen que manchó las manos del PRD, AMLO y Morena terminara enlodando al gobierno federal?

36.- ¿Quién tomó las decisiones fallidas en Los Pinos?

37.- ¿No tiene EPN verdaderos expertos en comunicación?

38.-¿Quién pagará el daño a instituciones del Estado por destruir la credibilidad?

39.- ¿Quien contrató expertos argentinos y de la CIDH?

40.- ¿Confirman que “expertos” mexicanos son “inexpertos”?

41.- ¿Por qué abrir investigación en curso –de manera ilegal–, a vividores de la CIDH?

42.- ¿De verdad, a nadie en el gobierno preocupó Emilio Álvarez Icaza?

43.- ¿Por qué Álvarez Icaza no ha dicho ni pio?

44.- ¿Por qué si saben que el grupo de “expertos” tiene interés político, no los han expulsado?

45.- ¿Por qué si dañaron la imagen del Estado siguen como expertos?

46.- ¿Por qué nadie exhibió a “expertos” por destruir la credibilidad del Estado?

47.- ¿A qué le teme el gobierno de Peña?

48.- ¿Por qué guardó silencio el gobierno cuando “peritos argentinos” también engañaron?

49.- ¿Por qué la investigación de la CIDH es válida y no la de PGR?

50.- ¿Por qué creer en reporte de la CIDH si no aclaró lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala?

51.- ¿Por qué, si tampoco explicó qué hacían normalistas en Iguala?

52.- ¿Qué validez tiene reporte que no incluye declaración de 40 estudiantes involucrados?

53.- ¿Por qué tampoco incluye testimonios de padres de normalistas?

54.- ¿Por qué omite testimonio del director de la Normal rural?

55.- ¿Quién miente en el caso del “quinto autobús”?

56.- ¿Es serio reporte que califica como “natural” robo de autobuses y secuestro de personas?

57.- ¿Es creíble investigación que busca descrédito de la PGR?

58.- ¿Se invalida formal prisión contra presuntos responsables?

59.- ¿Habrá quien pida que liberen a detenidos del caso Iguala?

60.- ¿Por qué la opinión de un sólo especialista en incinerar?

61.- ¿Por qué la CIDH no incluyó más expertos?

62.- ¿Por qué muchos niegan valor científico de la Universidad de Innsbruck?

63.- ¿Por qué sin pruebas niegan incendio en el basurero de Cocula?

64.- ¿Sólo escuchan las voces que convienen a su creencia?

65.- ¿Por qué insisten que fue el Estado si todo apunta al crimen organizado?

66.- ¿Por qué miles hacen trabajo sucio al crimen organizado?

67.- Si la realidad no ajusta a su pensamiento, ¿que se joda la realidad!?

68.- ¿Por qué el Congreso avaló informe deficiente de la CIDH?

69.- ¿Será que partidos también sacan renta político-electoral?

70.- ¿Actúan igual que con narco diputado Godoy Toscano?

71.- ¿Y la denuncia civil por un informe que difama al Estado?

72.- ¿Creen que otra Comisión del Congreso resolverá algo?

73.- ¿Creen que fiscalía especial lo hará mejor que la PGR?

74.- ¿Servirá de algo la reunión de EPN con normalistas?

75.- ¿No es de risa que los que califican a Peña de inútil, espurio e ignorante, pidan reunión con padres?

76.- ¿Por qué insisten en el México del siglo pasado, cuando el presidente era milagroso?

77.- ¿Por qué no pedir que Jesús Murillo aclare dudas?

78.- ¿Dónde está, qué pasó con Murillo?

79.- ¿Será tiempo de reestructurar la PGR?

80.- Si el tráfico de heroína fue el móvil, ¿insistirán que fue el Estado?

81.- ¿La Procuradora Arely Gómez seguiría al frente de nueva Fiscalía?

82.- ¿Los 43 marcan un antes y un después en impartición de justicia?

83.- ¿El Estado permitirá que el descrédito lo destruya?

84.- ¿Dónde están los anticuerpos del Estado?

85.- ¿Por qué pocos hablan del intento claro por debilitar al Estado?

86.- ¿Será determinante para 2018 la crisis de los 43?

87.- ¿Quién se beneficia con esa crisis?

88.- ¿Le pega más al PRI que al PRD?

89.- ¿Qué hará el gobierno para recuperar imagen y confianza?

90.- ¿Es la normal de Ayotzinapa semillero de guerrilla?

91.- ¿La normal está penetrada por el crimen organizado?

92.- ¿Cuantos de los 43 pertenecían a la guerrilla?

93.- ¿Cuántos pertenecían al grupo de Los Rojos?

94.- ¿El ataque a los normalistas fue contra una célula de Los Rojos?

95.- ¿Conocían directivos de la normal vínculos con el crimen organizado?

96.- Ellos mismos, los directivos, eran y/ o son parte del crimen organizado?

97.- ¿Por qué la PGR tampoco investigó presuntos vínculos de maestros y directivos con Los Rojos?

98.- ¿Por qué nadie ha podido explicar la razón por la que los normalistas fueron a Iguala?

99.- Por qué la criminal práctica de enviar “al matadero” a los de nuevo ingreso?

100.- ¿Y quién ordenó que se movieran a Iguala a secuestrar camiones? Ese es tan culpable como los matarifes.

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Los 43: ¿no que no? ¡se derrumba la mentira histórica!

Aquí dijimos que el grupo de dizque expertos de la CIDH faltaba a la verdad. Dijimos que engañaban a la sociedad mexicana. Dijimos que el dizque informe sobre los normalistas desaparecidos no tenía nada de científico y dijimos que los supuestos especialistas no eran más que pillos que solo venían por un puñado de dólares.

Dijimos que una revisión puntual del dizque informe permitía concluir que en realidad no informaba nada; que era un documento “engañabobos” y que se había realizado con un claro fin político. Dijimos que desde la directiva de la CIDH el mexicano Emilio Álvarez Icaza vengaba afrentas políticas y que había regalado un informe a modo –elaborado por dizque expertos–, a los enemigos del gobierno de Peña Nieto.

Y dijimos que un informe serio demostraría, tarde o temprano, que los “expertos” de la CIDH no eran ni expertos ni independientes y mucho menos confiables.

Desde entonces –y luego de demostrar que el PRD, Morena y AMLO sabían que en Iguala se disputada el “negocio” del narcotráfico y siempre guardaron silencio–, los perdedores de siempre lanzaron la más feroz campaña de desprestigio, insultos e infamias contra del autor de este espacio.

Pero como no pueden engañar a todos todo el tiempo, ayer una de las instancias más reconocidas del mundo realizó un verdadero informe científico y más pronto de lo esperado confirmó que el dizque informe de los dizque expertos de la CIDH era un documento engañabobos.

Resulta que la Universidad de Innsbruck, Austria, reveló que luego de analizar los restos carbonizados recuperados por la PGR en el basurero de Cocula, confirmó la identidad de otro de los normalistas desaparecidos. El segundo identificado entre las cenizas encontradas en el basurero de Cocula, en donde los farsantes de la CIDH dijeron que no se pudo incinerar a los normalistas.

Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el segundo de los 43 que se encontraba desaparecido. En su momento la misma universidad identificó a Alexander Mora Venancio, cuyos restos carbonizados también fueron arrojados al Río San Juan por los matarifes de la banda de los Guerreros Unidos, luego que los cuerpos de los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Es decir, que asistimos a la segunda confirmación científica, avalada por verdaderos expertos –de la Universidad de Innsbruck–, de que en el basurero de Cocula sí fueron incinerados los normalistas; confirmación de que la verdad histórica de la PGR es correcta y confirmación de que el grupo de dizque expertos de la CIDH no sólo actuaron de mala fe sino que mintieron y engañaron a los mexicanos. Y también se confirma que, por todo eso, los dizque expertos deben ser expulsados del país.

Pero luego del ridículo que hicieron los “expertos” de la CIDH; luego de la vergüenza de los perdedores de siempre –sembradores de odio que apuestan por la destrucción de las instituciones–, las preguntas obligan.

¿Con qué cara los dizque expertos de la CIDH van a seguir en México? ¿No es tiempo de echarlos y exhibir y denunciar ante el mundo que se han prestado para desestabilizar a las instituciones mexicanas?

¿Qué tiene que decir Emilio Álvarez Icaza? ¿La CIDH no va a decir nada sobre el vergonzoso y alevoso proceder de sus “expertos”? ¿Quién va a pagar el descrédito al que sometieron “los expertos” al Estado mexicano, a sus instituciones y al gobierno mexicano?

¿Qué van a decir los “perdedores de siempre” sobre la mentira histórica con la que engañaron a millones de mexicanos?

Al tiempo.

Tomado de El Universal.

Los 43, la doble moral del PRD y Morena

A casi un año de la tragedia de Iguala, -que tiene en calidad de desaparecidos a 43 normalistas de Ayotzinapa-, la exigencia de justicia es generalizada.

Y tienen razón todos aquellos que exigen no sólo la aclaración del caso, el castigo a los responsables y también la aparición con vida de los desaparecidos.

Tienen razón todos los que exigen justicia.

Sin embargo, entre buena parte de la clase política de la llamada izquierda e incluso buena parte de la sociedad existe una doble moral que hará difícil, sino es que imposible, aclarar el crimen.

¿A qué nos referimos?

Está claro, para todo aquel que quiera verlo, que la responsabilidad política de la tragedia es de Andrés Manuel López Obrador, en tanto impulsor de la llegada de Abarca a la alcaldía de Iguala. Doble moral.

Está claro que para empezar toda investigación seria del caso lo primero que se tiene que hacer es reconocer la responsabilidad política de las llamadas izquierdas. Lo curioso es que a un año de distancia nadie, ni el PRD, ni Morena, ni AMLO, ni “Los chuchos” han reconocido su responsabilidad. Doble moral.

También es evidente que existe culpa de los gobiernos estatal y municipal. Es decir, que todo el cabildo de Iguala -y no sólo su presidente municipal-, son culpables. Sin embargo sólo están en prisión el alcalde y su esposa. Doble moral.

Otra responsabilidad fundamental es del ex gobernador Ángel Aguirre. Basta recordar que el PRD y Morena, incluso el propio López Obrador, salieron en defensa de Ángel Aguirre -en no pocas ocasiones-, cuando la tragedia ya se había producido. ¿Quién va a castigar la responsabilidad del ex gobernador? Doble moral.

La doble moral no solamente impera en la llamada izquierda y en sus líderes. No, también aparece buena parte de la sociedad. ¿Por qué razón si todos saben que Abarca fue impuesto por AMLO, apoyado por el PRD, nadie quiere aceptar esa responsabilidad? ¿Por qué esa doble moral de buena parte de los ciudadanos que, en lugar de exigir castigo de los culpables políticos como AMLO, Morena y el PRD, hoy gritan que se trata de un crimen de Estado? Doble moral.

Y en el colmo del cinismo en días recientes el ex dirigente del PRD y líder de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, propuso la creación de una fiscalía especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. ¿Por qué Zambrano no propuso una fiscalía apartidista para enjuiciar su gestión, las gestiones anteriores, y el papel de AMLO en el manoseo político electoral de guerrero?

Lo cierto es que en el caso de los 43 impera la doble moral entre la política y la sociedad.

Al tiempo.

Tomado de la Silla Rota

Mancera: ¿tercer informe o tercera llamada?

Todos saben que en cuestión de horas, Miguel Mancera rendirá su Tercer Informe de Gobierno. Lo que no se sabe –sin embargo–, es si sólo se trata del Tercer Informe o de la “Tercera Llamada”.

Y es que el arranque de la segunda mitad del gobierno de Mancera también será el inicio de su campaña y el arranque del activismo que pudiera llevarlo a la candidatura presidencial de las izquierdas o como aspirante independiente.

En realidad el acierto de Mancera es que se mueve en la frontera de la no militancia partidista. Eso lo coloca como potencial candidato de las izquierdas o como candidato independiente. En cualquier caso tiene tres años para demostrar sus reales capacidades.

Por eso las preguntas. ¿Qué informará el mandatario del Distrito Federal? ¿Cómo califican los ciudadanos su desempeño a lo largo de la primera mitad de gestión? ¿Qué propone luego de una estrepitosa derrota del PRD en la capital del país?

Seguramente el mensaje de Mancera a los capitalinos no responderá las preguntas anteriores. En realidad el jefe de gobierno hablará de los “logros de su gestión” y de lo que su equipo de trabajo considera como éxitos. Sin embargo, una cosa es la opinión de los hombres y mujeres de Mancera y otra lo que opinan los ciudadanos.

En todo caso, el gobernante del DF no puede perder un día más si es que realmente aspira a convertirse en un gobernante de éxito y en un potencial aspirante presidencial.

Es decir, que en los próximos tres años tendrá que demostrar no sólo obras medianas y algunas mediocres, sino su verdadera capacidad de hacer frente a formidables adversarios que intentan todo por debilitar e incluso derribar a su gobierno.

Mancera esta ante la disyuntiva de pasar a la historia como un político y un gobernante mediocre –incapaz de contener adversarios como Andrés Manuel López Obrador y al que habría quedado grande el reto de gobernar la capital–, o ser visto como un exitoso estadista que contiene y controla las mafias políticas de Morena y de otros partidos, al tiempo que escucha y resuelve las exigencias ciudadanas.

Por eso, la del próximo jueves será la “Tercera llamada”, más que el Tercer Informe. Y es que ya arrancó la carrera presidencial; competencia en la que Mancera es parte interesada y podría ser pieza clave.

Está claro que Mancera tendrá que enfrentar y resolver problemas básicos de la ciudad como pavimentación, seguridad, movilidad, ambulantaje y las marchas que hacen caótica la ciudad –todos los cuales por cierto tiene abandonados–, pero sobre todo está obligado a convertirse en un verdadero líder político.

Es decir, que el jefe de Gobierno tiene tres años para desechar la posición apática y errática frente a los grandes problemas capitalinos para convertirse en un agresivo solucionador de esos problemas.

Sin embargo, para muchos Mancera está lejos del cambio radical que exige la tercera llamada ¿por qué?

1.- Porque creen que su personalidad no es la de un líder que convoca masas y multitudes.

2.- Porque su carácter no está templado para el golpe de timón y el cambio contundente en la dirección del gobierno.

3.- Y porque su apartidismo lo ha convertido en rehén de los verdaderos dueños de la calle; ambulantes, taxistas, comerciantes, vagoneros, la industria de la marcha y hasta las bandas criminales.

Por eso, si Mancera aspira a ser un candidato presidencial con posibilidades reales de éxito, debe escuchar la urgente ¡Tercera llamada!

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Los 43, AMLO y el narco

De los cientos de preguntas que no respondió el Grupo de Expertos de la CIDH, tres son clave en la desaparición y muerte de los normalistas.

1.- ¿Quién impuso a los Abarca en la alcaldía de Iguala?

2.- ¿Nadie detectó vínculos entre el PRD, Morena y el narco?

3.- ¿Nadie investigó al rector de la Normal de Ayotzinapa y a líderes por presuntos vínculos con el crimen organizado?

La primera pregunta la respondimos aquí el 28 de octubre de 2014, cuando probamos que Abarca fue impuesto como alcalde por AMLO. Además, cuando se produjo el crimen, la señora Abarca era precandidata de Morena para sustituir a su esposo en la alcaldía de Iguala.

Nada de eso aparece en la investigación de la CIDH y tampoco la declaración de Jesús Zambrano –formulada el 27 de octubre de 2014–, cuando dijo: “Con el aval de Andrés, Lázaro Mazón impuso a Abarca”. ¿Nada importó a la CIDH? ¿Tenían línea los “investigadores” para no tocar ese tema?

La segunda pregunta la respondimos el 1 de febrero de 2015, en especial ligas de AMLO con el crimen organizado. ¿Lo dudan?

1.- En noviembre de 2014 todo estaba listo para que Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, se convirtiera en candidato de Morena al gobierno estatal. El grupo de Los Chuchos sabía las pillerías y lo denunció ante la PGR. Frente a la denuncia AMLO se quedó callado. La PGR lo detuvo acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2.- En 2005 AMLO dio su bendición a Juan Ignacio García Zalvidea como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo. En su gestión “El Chacho” robó a manos llenas y fue preso por peculado y presuntos vínculos con narcotraficantes.

3.- También en Quintana Roo, AMLO impulsó a Greg Sánchez a alcalde de Benito Juárez, quien fue detenido en 2010 por vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, y luego de presiones políticas, Greg salió libre, dejó el PRD y se fue al PT. Dijo: “El PT es la verdadera izquierda, el partido que siempre ha arropado a Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha estado con Greg Sánchez luchando hombro con hombro”.

4.- En abril de 2008, en Quintana Roo, Marco Antonio, “El Puma”, Mejía López, director del penal de Benito Juárez, fue detenido por presuntos vínculos con Los Zetas. “El Puma” formó parte del gobierno de AMLO como Subdirector de Operativa y de Servicios. En 2006 fue nombrado coordinador de seguridad en la campaña presidencial del tabasqueño.

5.- En septiembre de 2008, mientras “El Puma” era director del penal, entregó la concesión de alimentos a Rafael Marín Mollinedo, colaborador de AMLO en el GDF. El “negocito” se hizo a petición de Nicolás Mollinedo, el mítico chofer de AMLO. Cuando estalló el escándalo del vínculos con Los Zetas, López no dijo ni pio.

6.- El 23 de septiembre de 2010, la bancada de AMLO presentó al narcodiputado Julio César Godoy. Con la ayuda de Alejandro Encinas, Godoy tomó posesión en San Lázaro y con ello garantizó impunidad. Nadie culpó a AMLO de lo que fue una venganza contra Calderón.

7.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron detenidos por el secuestro de niños oaxaqueños. Los “maestros” secuestraban para financiar al EPR. Según la prensa oaxaqueña, Morena y la CNTE realizaron numerosas manifestaciones para exigir la liberación de los delincuentes.

8.- En diciembre de 2014 Miguel Ángel Almaraz salió de prisión. Almaraz era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina.

¿Y el crimen de Estado? Al tiempo.

Tomado de El Universal