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Los 43; ¿los mataron por narcos?

El 7 de octubre de 2014 –10 días después del crimen de Iguala–, en el Itinerario Político deslizamos la hipótesis de que algunos líderes de los normalistas estarían vinculados con bandas del narcotráfico. Por eso habrían masacrado a los estudiantes.

La hipótesis provocó que nos lincharan. Hoy, gracias al “Informe” de “expertos” de la CIDH, la versión podría ser probada por la autoridad federal; entre los normalistas había narcos. Va el texto casi integro del Itinerario Político del 7 de octubre de 2014.

“Sin embargo, si apelamos al modus operandi de los hechos ocurridos en Iguala hace diez días, podemos suponer que, en efecto, en la persecución y masacre de los normalistas participó un grupo de sicarios del crimen organizado.

“Y es que los estudiantes que habían secuestrado camiones para regresar de Iguala a Chilpancingo, no fueron victimas de una reprimenda policial, tampoco de un escarmiento ejemplar. No, desde el momento que secuestraron camiones se desató una persecución con la clara intención de matarlos.

“Pero no se quedó en un susto, reprimenda policial o escarmiento ejemplar. No, luego de la persecución y la primera balacera contra estudiantes, un supuesto jefe criminal –presunto pariente del alcalde y del titular de Seguridad Pública–, ordenó el secuestro y posterior masacre de los normalistas.

“Hoy se sabe que desde la primera persecución y balacera, uno de los normalistas no sólo fue alcanzado por las balas, sino desollado y hasta le sacaron los ojos. También se sabe que algunos de los 28 cuerpos localizados en las fosas clandestinas fueron desmembrados, desollados y les sacaron los ojos; además de que les prendieron fuego en la fosa y los sepultaron.

“¿Qué significa que persigan a normalistas, que los maten, que sus cuerpos sean desollados y les saquen los ojos? Ese modo de barbarie es propio de un grupo criminal que sabe que un cuerpo martirizado de esa manera se convierte en un mensaje para sus enemigos. Es mucho más que una venganza.

“Y aquí es donde aparecen los paralelismos. ¿Qué ocurrió cuando desaparecieron los jóvenes del Bar Heaven? Sí, los secuestraron, torturaron y asesinaron, para luego sepultarlos en una fosa clandestina. ¿Y cuál fue el mensaje del crimen? Si hacemos memoria, recordaremos que fue una venganza contra un grupo rival, por una disputa de territorio y por el asesinato de un narcomenudista.

“En el caso de Iguala, en Guerrero, parece claro que si el móvil del crimen hubiese sido político, no habría sido necesario matar a medio centenar de personas; tampoco martirizarlas como lo hicieron los matarifes especializados en causar dolor y miedo. Un mensaje político no requiere de terror y menos de barbarie. También parece claro que si se trató de un intento por calentar la plaza –sea en contra del gobierno estatal, del municipal o de alguno de los grupos clandestinos que cohabitan en Guerrero–, el resultado fue distinto; más que calentar la plaza la incendiaron.

“Pero aparece una duda clave a la que pocos han puesto atención. ¿Qué hacían en Iguala un centenar de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, si su centro de influencia y activismo está en la capital, Chilpancingo? ¿Por qué secuestrar autobuses en Iguala, si los pudieron secuestrar en la capital del estado; en la autopista, en otros municipios?

“Una pista que podría ser la punta de la madeja es que líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los “Guerreros Unidos”. Y el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre bandas del narcotrafico. Y los jóvenes serían el mensaje. Al tiempo”. ¿No que no?

Tomado de El Universal

Los 43 y la rentable industria del desprestigio

La del desprestigio político, la mentira, el engaño y el odio ya es una de las industrias más rentables en México.

Es una industria que lo mismo tira secretarios de Estado –como el titular de Conagua–, que obliga a la renuncia de jefes de instituciones que no pueden con escándalos provocados por “hijos incómodos” –como el de Profeco–, y hasta crea groseras patrañas como el supuesto ataque a la libertad de expresión, en el crimen de la colonia Narvarte.

Pero la del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio también es una industria rentable para fines políticos, ideológicos y electorales, como el caso de los 43 normalistas secuestrados y presuntamente asesinados.

En éste caso la novedosa industria fue tan eficaz que consiguió lo impensable; hizo responsable al gobierno federal –a los ojos de miles de ciudadanos–, de un crimen como el de Iguala, en donde los verdaderos responsables son los políticos de Morena y del PRD y los culpables son integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, gracias a la eficacia de esa moderna industria, se hizo el milagro de convertir en crimen de Estado un asesinato a manos de matarifes del narcotráfico. Y el éxito de la nueva industria fue tal que hoy el gobierno federal se tambalea a causa de un misil envenenado.

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.

Y es que, como saben, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la sensación y la percepción sociales sus principales objetivos; a los que lanza verdaderos obuses envenenados que están muy lejos de la realidad, pero que hacen más daño que la propia realidad.

Además, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la moderna tecnología su principal herramienta de difusión. Nos referimos a las redes sociales. Así, un misil envenenado con odio, mentira o engaño logra el desprestigio social, intelectual, moral y hasta racial de un ciudadano, un político o un gobernante, en cuestión de segundos.

Y no importa la seriedad, la validez o despropósito con el que fue inoculado el misil; no importa si se trata de una patraña, una mentira o un invento contra tal o cual ciudadano, político o servidor público. Lo que importa es que pega directo en la sensación y la percepción sociales y –por ese solo hecho–, el contenido del misil se convierten en realidad; por el sólo hecho de circular en las redes sociales.

De esa manera, para las mayorías ciudadanas –y para los usuarios de redes–, todo lo que circula en las redes es real, verídico y cierto. A pocos les importa verificar la veracidad de lo que se dice en redes. Tiene valor y validez porque lo mueven aquellos que suponen superioridad moral y ética.

Y en el nuevo circo todo marca no solo tendencia entre los usuarios sino que construye sensación y percepción social. Como saben, la sensación es la respuesta a un estímulo, en tanto la percepción es la primera aproximación al conocimiento, a los hechos, las ideas, a través de los sentidos.

DEL FRUADE DE 2006 AL CRIMEN DE ESTADO DE 2015.

De esa manera, una campaña para desprestigiar, debilitar o tratar de tirar adversarios, enemigos, contrincantes u odiados, no requiere más explicación y más prueba que un tuit o un feis salidos de la supuesta o real superioridad moral, política, ética o periodística. Y si tienen dudas, las pruebas abundan.

La noche del 6 de julio de 2006 se construyó uno de los mitos más espectaculares de la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio. Los perdedores de siempre –perdedores en esa elección–, inventaron un supuesto fraude que hoy –gracias a la sensación y la percepción social–, muchos siguen creyendo. Algo parecido ocurrió con la elección de 2012 en donde misiles engañabobos también hablaron de fraude. Hasta hoy nadie ha podido probar dichos fraudes. Todo quedó en percepción estimulada por las redes.

Otro caso de proporciones escalofriantes –estimulado por burócratas del Cisen, hoy despedidos–, es el de Tlatlaya, en donde según el juez de la causa no existe una sola prueba de ejecución extrajudicial pero que no dictamina por temor al juicio mediático. Resulta que Militares enfrentaron a criminales, a los que mataron, pero hoy los uniformados son culpables mientras familiares de los verdaderos criminales piden indemnización.

También producto de una venganza política fue el juicio mediático contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio aniquiló, sin contar con una sola prueba. La misma industria del descrédito fue empleada a favor de la conductora despedida por MVS, quien pretendía convertirse en víctima y hasta trató de cobrar una fuerte indemnización, gracias a un mecanismo similar; el de la victimización.

LOS 43 Y EL GOBIERNO PARALIZADO.

Pero el caso más exitoso de la industrias del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio es el de los normalistas de Ayotzinapa. Todos saben que el alcalde de Iguala fue impuesto por AMLO y por el PRD. Todos saben que la responsabilidad legal es del municipio y del gobierno perredista de Guerrero. Pero hoy muchos no solo crucifican al gobierno federal sino que acusan que se trató de un crimen de Estado.

¿Por qué razón se llegó a un estado de cosas que parece de locos?

1.- Porque la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio –que está en manos del México bueno, ese que tiene en AMLO a su mesías–, ha tenido un éxito rotundo; porque esa industria no solo es boyante sino que parece incontenible y porque es una industria que se prepara para su mayor éxito; 2018.

2.- Porque el gobierno federal, los gobiernos estatales y los partidos políticos no solo son ignorantes de una tecnología y una metodología que no entienden y no quieren entender, sino que no se han dado cuenta que viven la metáfora de la rana y el agua tibia.

3.- Porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó rotundamente en la estrategia de contención de la industria del desprestigio. Y fracasó porque no existe una real estrategia de redes sociales y porque sus voceros no entienden que no entienden nada de control de daños.

Basta ver la reacción del gobierno federal desde el momento que se produjo la tragedia de Iguala, hasta hoy, para entender que son error tras error, lo que ya es un horror.

A lo largo de un año nadie ha podido explicar a la sociedad que el gobierno estatal y municipal son responsables, que el crimen organizado es culpable y que no es un crimen de Estado.

Y si no pueden con eso, menos pueden con la nueva y exitosa industria. Al tiempo.

Tomado de El Universal

Narvarte: fin del circo; sí, fue un vulgar robo

A pesar de que la Procuraduría capitalina continúa con las indagatorias y mantiene abiertas todas las líneas de investigación, lo cierto es que el crimen múltiple de la Narvarte prácticamente está resuelto al confirmar la hipótesis aquí planteada; que se trató de un vulgar robo.

Y es que la PGJDF cuenta con nuevos elementos de prueba que confirman que la colombiana Mile Virginia Martín formaba parte de un grupo de ciudadanos de nacionalidades colombiana, venezolana y cubana que eran clientes frecuentes el bar Life de La Condesa, en donde la mujer conoció a por lo menos uno de sus victimarios.

También se sabe que el bar Life era centro de reunión de bandas de dealers, ladrones, asaltantes y sexoservidoras de distintas nacionalidades y que, incluso, el propietario del bar fue asesinado semanas antes cuando salía del lugar con su novia cubana.

Según la misma investigación, en el lugar se planeaban asaltos, robos y –sobre todo–, se reclutaba a colaboradores para dar golpes a casas habitación de zonas residenciales de lujo, a relojerías de tiendas departamentales y para la distribución de droga.

En ese bar de La Condesa se habría divulgado la especie de que la colombiana Mile habría recibido un cargamento de cocaína que desató la ambición de su presunta pareja sentimental, Abraham Torres, quien al final habría organizado el asalto al departamento de Mile, donde el “periodista”, la activista y otras mujeres se encontraron –literalmente–, por casualidad.

En la práctica, los nuevos hallazgos echan por tierra el circo mediático que montaron manos interesadas en el debilitamiento de las instituciones –los mismos que montaron la patraña de la investigación de supuestos “expertos” en la tragedia de Iguala y que se desmorona por falsa–, y que suponía que el crimen del “periodista” Rubén Espinosa Sánchez y de otras cuatro personas era un ataque a la libertad de expresión.

Sin embargo, lo más cuestionable del asunto es que una vez que en los hechos se puso fin al circo mediático y político montado en torno al crimen múltiple de la Narvarte ¿qué van a decir a cientos de abajo firmantes que aseguraban que el “periodista” fue muerto por orden del gobernador de Veracruz? ¿Qué van a decir a los periodistas extranjeros, intelectuales y activistas a los que engañaron con el cuento del ataque a la libertad de expresión? Personas que firmaron de buena fe y a los que mintieron.

Pero el mayor escándalo es el grosero manoseo faccioso y político de la muerte de cinco personas –a manos de vulgares criminales–, a cuyos familiares engañaron y usaron con fines despreciables.

¿Qué le van a decir a las familias de las cinco víctimas, a las que no sólo engañaron sino usaron políticamente y que aún hoy les hacen creer que detrás de ese crimen existe un interés político?

Y es que todavía la mañana de ayer, abogados y dizque coadyuvantes del caso Narvarte presumían la supuesta creación de una comisión especial en donde la PGJDF les permitiría participar en las investigaciones y entregaría información reservada del caso.

El interés de los abogados y supuestos coadyuvantes es acceder a los expedientes para tratar de distorsionar los hechos –al estilo de los “expertos” de la CIDH–, y para insistir en que el caso Narvarte fue un crimen de Estado y un ataque a la libertad de expresión.

No entienden que es inconstitucional que personas ajenas al Ministerio Público realicen investigaciones y diligencias sobre una averiguación previa en curso. Volvieron a engañar y volvieron a perder.

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Ilegal y hasta delictivo el informe de “expertos”

Está claro que el gobierno mexicano solicitó la intervención de la CIDH para esclarecer el crimen de normalistas en Iguala, lo que confirma la debilidad del Estado.

Es claro que el grupo de expertos tienen el aval de la CIDH para encontrar la verdad en la desaparición de los jovenes, lo que habla del descrédito de los expertos mexicanos en la materia.

Pero lo que no queda claro son las facultades legales que ampararon entrevistas e interrogatorios a testigos y actores de los hechos –motivo de una averiguación previa–, que realizaron los “expertos” foráneos.

¿Con qué fundamentos legales –nacionales y/o internacionales–, los “expertos” o “peritos” recabaron las testimoniales? ¿Qué valor jurídico tiene la prueba testimonial en un dictamen pericial como el del GIEI? ¿Con qué facultades actuaron y actúan “expertos” y/o “peritos” de la GIEI, que en los hechos asumieron facultades de Ministerio Público o Juez?

Para empezar, se debe aclarar que todo peritaje es un dictamen que se sustenta en consideraciones y conclusiones. Y si el peritaje no se ajusta a reglas legales y principios internacionales, sus consideraciones y conclusiones son irrelevantes.

Además, todo dictamen pericial –independiente de su naturaleza o materia–, no se sustenta ni se puede sustentar en la prueba testimonial o en declaraciones. La testimonial –por su propia naturaleza jurídica–, no es congruente con la pericia, la ciencia o la técnica a que está sujeta toda prueba pericial.

Y viene a cuento porque en el “informe” de “expertos” y/ o “peritos” “independientes” del GIEI, más del 90% de las valoraciones son producto de entrevistas a testigos, de especulaciones, interpretacion de hechos, recortes de prensa, supuestos, creencias y hasta rumores. ¿Y eso qué significa?

1.- Que tomar declaraciones de personas, especular o dar por ciertos rumores, no es científico y tampoco tiene rigor técnico.

2.- Que los dictámenes y conclusiones –como los elaborados por el GIEI– a partir de esas deficiencias, carecen de toda eficacia probatoria y no resisten la sana crítica inherente al análisis de la prueba pericial.

3.- Que si esas declaraciones no tienen sustento cientìfico o técnico, menos tienen valor probatorio para autoridad alguna; sea la Suprema Corte, un Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común. Y menos para una instancia internacional.

4.- La prueba testimonial, es decir la declaracion de personas –en el ámbito penal–, se rinde ante el ministerio público y/o el juzgador y toda declaración de carácter judicial debe rendirse ante esas autoridades.

5.- Toda persona que intervenga con el carácter de perito en un procedimiento judicial debe constreñirse a lineamientos y principios determinados por la prueba pericial de la materia que se trate.

6.- Si el perito no cumple con esos lineamientos, puede incurrir en delito, según el Código Penal Federal, en su articulo 247.

Lo curioso es que el “informe” de los “expertos” “independientes” se sustenta –sobre todo en los dos temas más controvertidos–, en meras especulaciones. ¿Y cuales son esos dos temas?

A.- El supuesto especialista, José Luis Torero dijo –sin hacer ninguna prueba científica, salvo su opinión–, que no era posible quemar en el basurero de Cocula los cuerpos de los 43.

B.- La ocurrencia del “quinto autobús” se basó –según el propio texto del informe–, “en testimonios de los alumnos y del chofer de la unidad, recabados por expertos”.

Es decir, se trata de un informe ilegal y hasta delictivo.

Así o más claro. Al tiempo.

Tomado de El Universal

Peña Nieto no hace milagros

En la misma conferencia de prensa en donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dieron su informe sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, un grupo de padres de los normalistas insistió en todos los tonos: “Queremos que nos reciba el presidente”.

Lo curioso del caso es que los padres de los normalistas son tripulados por los mismos radicales que a lo largo de tres años enarbolan el estandarte de que Enrique Peña Nieto, es un presidente espurio, es ignorante, frívolo y fue impuesto por Televisa.

Es decir, que los padres de los normalistas y sus patrocinadores ven a Enrique Peña Nieto, como la moderna versión del “mesías milagroso”. ¿Por qué?

Porque creen que si el “presidente los recibe, los escucha y conoce sus preocupaciones; el caso Ayotzinapa, la desaparición de los normalistas y el castigo a los culpables se resolverá “como por arte de magia”.

Asistimos les guste o no a quienes están detrás de los padres de los normalistas, al más insultante remedo de lo peor del viejo sistema político mexicano. ¿De qué estamos hablando? Sí, de una de las prácticas más cuestionables de los tiempos del PRI autoritario, vertical, antidemocrático y represor.

Y es que quieran verlo o no, en el sistema político mexicano el presidente ya no es un servidor público con poderes limitados, al que hoy todos pueden criticar, y que está sometido a las reglas de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno que rigen al Estado mexicano.

Dicho de otro modo, que el presidente puede escuchar a los padres de los normalistas, expresar deseos y buena voluntad pero, en el fondo, está limitado al trabajo y el desempeño de las instituciones en el caso de la atención de la tragedia de Iguala.

Creer que una visita a Los Pinos y una reunión con el presidente Peña Nieto serán suficientes para mover los pesos y contrapesos que hagan posible la solución del conflicto, es por decirlo suave, una estupidez.

En el fondo los patrocinadores y quienes manipulan a los padres de los 43 intentan un chantaje y una presión política. ¿Por qué? Porque saben que la investigación del caso y la aclaración de las dudas y el castigo a los responsables no dependen de Enrique Peña Nieto, sino del resultado de la indagatoria y del trabajo correcto de instituciones de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Quienes tripulan a los padres de los 43 quieren llevar al gobierno de Peña Nieto a un punto de quiebre; quieren que prometa que resolverá el caso como “por arte de magia”, quieren que el problema se convierta en un asunto político y en un escándalo mediático para, con ello, seguir con la estrategia de derrumbar al gobierno, debilitar la democracia e imponer a un populista en el poder.

Al tiempo.

Tomado de La Silla Rota

Informe “engañabobos” de “expertos” en mentir

Resulta difícil creer que Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, pudiera avalar el informe del “grupo de expertos” que durante seis meses y luego de un millón de dólares, presentaron sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Claro, a menos que Álvarez Icaza pretenda cobrar facturas porque en México le cerraron el paso a la presidencia de la CNDH.

En todo caso –y más allá de la evidente parcialidad legal, política y científica de los dizque “expertos”–, llama la atención la candidez y la poca capacidad de respuesta del gobierno federal, que dejó que el juicio mediático y el circo en redes sociales aplastaran la verdad legal del crimen contra los 43 y que, por ejemplo, sustenta el proceso penal que se sigue contra más de cien presuntos responsables que están en prisión.

Es decir, que si la autoridad mexicana hace caso al “chabacano” informe de “expertos” de la CIDH –que “piensa” que los normalistas no fueron incinerados–, entonces deberá dejar en libertad a todos los detenidos –muchos confesos de haber quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula–; entonces los Abarca serían hermanas de la caridad y entonces el “horrible crimen de Estado” ameritaría la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Y claro –en esa lógica–, las bandas criminales que ordenaron matar a los normalistas merecerían un homenaje nacional y el perdón público, porque se les habría involucrado, sin pruebas, en un crimen que no cometieron. De ese tamaño es el montaje y engaño de los dizque expertos de la CIDH.

Pero el escándalo es mayor cuando el “informe de los expertos” está plagado de perlas que muestran a los dizque expertos como engañabobos. ¿Lo dudan?

Una parte dice: “ese hecho nos llevó a pensar que al autobús tiene algo que ver en los ataques hacia los estudiantes”. ¡Una mera ocurrencia!

Otro dice “El grupo (GIEI) piensa que hay que analizar si ésta es una hipótesis fiable”. ¡Milagro, un colegiado que piensa idéntico!

Otra perla: “Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y según la información pública”. ¿Cuál información pública? ¿De quien? ¿Cuándo?

Más: “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la razón extremadamente violenta”. ¡Mas supuestos que soportan el informe científico!

Otra. “En el (GIEI) se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. ¡Informe científico basado en actos de fe!

Y una perla: “Dada la evidencia, en ese momento la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer que perseguía a Los Rojos”. ¡De risa loca! A partir de una evidencia concluyen que –a su vez–, un tercero no podía suponer!

Y de las decenas de ocurrencias, mentiras, creencias, supuestos, y presunciones que plagan al “informe científico”, la joya de la corona.

“No decimos que no se haya podido dar (la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula), pero sí decimos que ese evento así tal y como ha sido descrito no pasó y toda evidencia recolectada por la PGR y el equipo argentino muestran que se han dado fuegos de pequeñas dimensiones y temporalidad indefinida”. ¡El informe chimoltrufia!

Y si no los incineraron, ¿de donde salió un hueso calcinado de Alexander Mora Venancio, identificado por científicos de Austria?

Un gobierno democrático que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos que inventan el hilo negro, desprestigian instituciones y ofenden la inteligencia de los mexicanos. Claro, de los mexicanos que piensan. Al tiempo.

Tomado de El Universal

Confirmado: crimen de Narvarte por robo y narcomenudeo

El 3 de agosto aquí dijimos que no existían pruebas para acusar a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, del crimen múltiple de la colonia Narvarte del DF.

Dijimos que, en efecto, Duarte y Veracruz son la peor amenaza para el ejercicio del periodismo en México y que sin una sola evidencia nadie podía acusar al mandatario veracruzano del crimen del “periodista” Rubén Espinosa.

Y dijimos que de las hipótesis planteadas hasta entonces por la PGJDF por lo menos dos cobraban fuerza: la del “lugar y el momento equivocados” por parte del “periodista” y la del robo por narcomenudeo.

Curiosamente, opinar a partir de nuestra pesquisa periodística y no avalar el linchamiento mediático contra Duarte costó que fuéramos víctimas de un grosero linchamiento mediático. Regresamos al tema el 10 de agosto e insistimos con más datos que se trató “de un vulgar robo”. De nuevo las jaurías babeantes nos atacaron.

Hoy, sin embargo, podemos confirmar lo que señalamos desde el 3 de agosto: que el crimen fue un vulgar robo, que el móvil fue el narcomenudeo y que ninguno de los presuntos asesinos conocía al “periodista” Rubén Espinosa. En realidad iban por la colombiana Mile Virginia Martín, sexoservidora ydealer.

Pasará tiempo para que la PGJDF revele la conclusión —porque perfecciona la indagatoria y por temor al linchamiento mediático y miedo a los
coadyuvantes—, pero lo que no sabe la PGJDF es que los coadyuvantes difundieron la declaración de los dos detenidos, lo que permite reconstruir buena parte de la verdad histórica.

Y es que el portal especializado www.letraroja.com.mx difundió el manuscrito de las declaraciones —obtenido por uno de los coadyuvantes—, que permite llegar a 15 coincidencias concluyentes que confirman el robo y el narcomenudeo como móvil del crimen, y que a continuación resumimos.

1.— Los detenidos y presuntos responsables Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que se conocieron previamente.

2.— Coinciden en que al tercer implicado lo conocían por el nombre de Omar.

3.— Coinciden en que no conocían al “periodista” Rubén Espinosa.

4.— Coinciden en que no conocían a Nadia Vera.

5.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que conocían a la colombiana Mile Virginia Martín.

6.— Coinciden en que Mile Martín se dedicaba a la prostitución y narcomenudeo.

7.— Coinciden en que el automóvil tipo Ford Mustang era de la colombiana.

8.— Coinciden en que en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón había droga.

9.— Coinciden en que Mile Virginia Martín consumía y vendía droga.

10.— Coinciden en que Olivia Alejandra Negrete, empleada doméstica, llegó después que ellos al departamento.

11.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que mantenían relación telefónica constante y meses antes con la colombiana Mile.

12.— Coinciden en que permanecieron en el lugar del crimen más de 30 minutos.

13.— Coinciden en que abandonaron el lugar con una mochila/maleta negra en donde ninguno dice lo que llevaba.

14.— Coinciden en que el 31 de julio iban a ver a Mile Virginia a su departamento. Ninguno sabía a quién más encontrarían en el lugar.

15.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que el último en salir fue Omar. Ni Daniel ni Abraham aceptan haber disparado.

¿Y el ataque a la libertad de expresión? ¿Y el ridículo de firmar una carta pública llena de mentiras por la supuesta muerte de la libertad de expresión? Al tiempo.

EN EL CAMINO

De vuelta el ridículo por Iguala. ¿Y qué pasó si no los quemaron? ¿Se evaporaron? ¡Los pillos de la CIDH quieren más millones de pesos!

Tomado de El Universal

López Obrador, en primera fila del informe de Peña

La política local y los políticos mexicanos suelen incurrir en ridículos que –al final de cuentas–, los pintan de cuerpo completo.

El mejor ejemplo lo vimos y vivimos el pasado miércoles cuando en medio de rabieta digna de infantes de preescolar los jefes del PAN y del PRD –Ricardo Anaya y Carlos Navarrete, respectivamente–, decidieron no asistir al mensaje por el Tercer Informe de Enrique Peña Nieto. En cambio siguieron el camino de lanzar escupitajos –junto con sapos y serpientes–, al gobierno federal.

Está claro que el púber de los azules y el aniñado veterano de los amarillos despotrican niñerías porque tratan de llamar la atención a la gradería de sus seguidores y simpatizantes. ¿Por qué? Porque el PAN y el PRD buscan aparecer como críticos duros del gobierno de Peña Nieto; críticos que no son y no han sido en los primeros tres años de la gestión del mexiquense.

Dicho de otro modo, que Ricardo Anaya y Carlos Navarrete pretenden mostrar a sus electores que serán inflexibles ante el PRI y el gobierno de Peña; gobierno al que enseñan la lengua, al tiempo que se llevan la pelota con la que jugaron alegremente en los tres primeros años del gobierno federal. Hoy, por estrategia político-electoral, ya no quieren jugar el juego “de las alianzas calientes” con Enrique Peña Nieto.

Pero además, el PAN y el PRD creen que la descortesía política y la grosería abierta son sinónimo de la dureza opositora, de la critica al adversario o, de plano, creen que la sociedad los verá como opositores hostiles y sistémicos al corrupto y nada eficiente gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por eso los jefes del PAN y el PRD no acudieron al Tercer Informe. Por eso el cambio de imagen de azules y amarillos ante el electorado –y, sobre todo, ante la urgencia de recuperar confianza y votos–; y por eso descalificaron sin más al gobierno con el que alegres pactaron las grandes reformas y con el que caminaron juntos durante tres años.

PAN Y PRD: VAN POR CANDIDATO DE UNIDAD PARA 2018.

¿Pero qué hay de fondo en la estrategia siamesa –idéntica–, adoptada por el PAN y el PRD? ¿Por qué la derecha y la izquierda mexicana decidieron dar la espalda al PRI y el gobierno de Peña Nieto? La respuesta es elemental.

Por extraño que parezca y por ridículo que resulte, el PAN y el PRD pretende una alianza electoral para 2018. ¿Y por qué una alianza contranatura en la contienda presidencial? Porque saben que no llegarán lejos si compiten por separado en esa elección presidencial de 2018.

Por eso, desde hoy y durante los próximos tres años, veremos tanto a los azules como a los amarillos en abierta campaña contra todo lo que sea o suene a PRI y contra todo aquello que parezca o se llame Enrique Peña Nieto.

Y es que –por motivos político electorales–, hoy la divisa más rentable del PRD y del PAN es debilitar al gobierno de Enrique Peña y tratar de exhibir al PRI como el peor partido de su historia; descrédito que –sin duda–, no les costará ningún trabajo.

Y es que luego de la elección intermedia de junio pasado, el PAN y el PRD entendieron que no tienen nada que hacer frente a un PRI que se llevó la tajada del león.

Por eso, a nadie debe sorprender que los dirigentes del PAN y del PRD ya estén explorando la eventualidad de pactar una alianza político electoral, con la finalidad de ser competitivos en la elección federal de 2018.

Y si bien hoy nadie sabe si prosperará o no la potencial alianza entre azules y amarillos para 2018, lo que sí se sabe es que el PRI parece invencible en por lo menos 80% de las entidades del país. Dicho de otro modo, que el PÂN y el PRD, por separado, no ganan ni en la casilla de sus dirigentes.

AMLO: ¿ES EL VERDADERO OPOSITOR?

Pero lo curioso es que mientras el PAN y el PRD dan la espalda al gobierno de Peña Nieto –y mientras lanzan escupitajos a su Tercer Informe–, el propio presidente coloca a los azules y amarillos en calidad de derrotados para la presidencial de 2018. Es decir, manda el mensaje de que PAN y PRD no preocupan al PRI y tampoco a su gobierno ya que son poca cosa para la presidencial de 2018.

Pero el mensaje es propio de “la caja china”; propio de un mensaje de doble fondo. ¿Por qué?

Porque tienen razón los que señalan que el presidente encumbra a Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que el populismo es el enemigo número uno de los mexicanos y cuando advirtió del peligro de votar por populistas mesiánicos como AMLO.

Sí, el mensaje del presidente es que el único adversario del PRI y de su gobierno para 2018 se llama Andrés Manuel López Obrador, dueño de Morena.

PEÑA NIETO, ENGAÑA CON LA VERDAD.

Pero en el fondo, Enrique Peña Nieto está haciendo su propio juego político rumbo a 2018. Y ese juego se llama “divide y vencerás”. Y la estrategia seguida por el presidente es conocida como “engañar con la verdad”. ¿Lo dudan?

¿Por qué razón Peña Nieto empoderó a AMLO en el mensaje de su Tercer Informe? Dicen desconcertados muchos “analistas” que Peña Nieto en realidad hizo crecer a AMLO y a su partido, Morena, al colocar –por segunda ocasión en un par de meses–, al populismo como el verdadero peligro para México. Y dicen más; que Peña Nieto cometió uno de los más graves errores de su gestión.

Lo que no han visto esos “analistas” es que la división perfecta para garantizar el triunfo del PRI en 2018 es hacer crecer a Morena y alejar a AMLO de la potencial alianza PAN-PRD.

Dicho de otro modo, que si se concreta la alianza PAN-PRD en 2018, el mejor antídoto para debilitar a ese pacto contranatura se encuentra en el fortalecimiento de Morena. Es decir, la elección presidencial se resolverá entre tres tercios; el PRI y sus aliados, la alianza PAN-PRD y, en solitario, Morena. Y en ese escenario el PRI resultará ganancioso.

Y si aún tienen dudas de que AMLO y Morena harán el trabajo socio al PRI en 2018, basta recordar que gracias a AMLO y a la naciente Morena, Peña Nieto es presidente de los mexicanos. Nadie debe olvidar que López Obrador es el símbolo del pragmatismo; que es capaz de aliarse con Dios y con el diablo –o de traicionar a Dios y al diablo–, con tal de alcanzar el poder.

Así pues, queda claro que el empoderamiento de AMLO y de Morena por parte de Enrique Peña Nieto, no fue un error y menos un tropiezo. Se trató de la respuesta a la potencial alianza PRI-PAN y a la necesidad estratégica del gobierno federal de que AMLO y Morena sean no el niño travieso de la cuadra sino “el padrote” capaz de robar las novias al PAN y al PRD. ¿Lo dudan? Al tiempo.

Tomado de El Universal

No es uno, ¡son siete los decálogos de Peña Nieto!

La noticia del mensaje por el Tercer Informa de Gobierno fue el decálogo que presentó Enrique Peña Nieto para la segunda mitad de su gestión.

Se trata –como saben–, de promesas, propuestas y aspiraciones presidenciales para cerrar la segunda mitad de su gestión –y carta de presentación para la elección federal de 2018–, con una marcada inclinación en el tema educativo.

Así, tres de las propuestas tienen que ver con el impulso a la educación –bonos para la infraestructura educativa, ingles en la educación basica y una secretaría de cultura–, además de leyes para fortalecer el estado de derecho, estímulo a la justicia cotidiana, zonas económicas especiales, impulso a la acividad productiva en zonas rurales, estabilidad macroeconómica, invesión en infraestructura y austeridad presupuestal.

Sin duda que en el papel parece un decálogo no sólo atractivo sino certero, sobre todo ante la crisis interna e internacional que ha provocado una severa caída en los ingresos públicos. El problema –pequeño detalle–, es que nadie sabe si el decálogo se cumplirá. ¿Por qué?

Porque no es el primer decálogo de Peña Nieto, tampoco el segundo o tercero. No, en realidad es el numero siete desde que se convirtió en candidato presidencial. ¿Lo dudan?

El 21 de mayo de 2012, durante su campaña, Enrique Peña Nieto presentó un decálogo para garantizar un gobierno democrático, en el que proponía lo obvio; libertad de expresión, de manifestacion, religiosa, no discriminaciòn, elecciones libres, rendición de cuentas y trato respetuoso con los medios.

El 1 de diciembre de 2012, luego de la protesta como presidente, Peña Nieto anunció las 13 acciones con las que comenzaría su administración. Cruzada contra el hambre, prevención del delito, unificación de códigos penales, seguro de vida para madres, pensión a la tercera edad, reforma educativa, trenes de pasajeros y regular las deudas estatales.

El 27 de agosto de 2013, Enrique Peña Nieto presentó un primer decálogo sobre la seguridad y la justicia, en el que proponía profesionalizar los cuerpos policiacos, transformar el sistema penitenciario, fortalecimiento de la inteligencia. Poco se hizo.

El 11 de agosto de 2014, tras promulgar las leyes secundarias de la Reforma Energética, Enrique Peña Nieto anunció un decálogo de acciones para impulsar y fortalecer la implementación inmediata de dicha reforma en el país. No se ha cumplido.

El 27 de noviembre de 2014, luego de la crisis surgida por la masacre de normalistas en Iguala, Enrique Peña Nieto anunció un decálogo para la Paz, la Unidad y la Justicia en México. Policía unica, clave única de identidad, ley contra influiltración del crimen organizado, fomento a la justicia cotidiana, entre otras. Nada.

El 3 de febrero de 2014, durante el nombramiento de Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública, Peña Nieto dio a conocer nueve acciones para luchar contra la corrupción. Dichas acciones, según dijo Peña Nieto, serían llevadas a cabo por el nuevo Secretario de la Función Pública. De poco han servido.

El problema no es que el presidente Peña Nieto presente un nuevo decálogo, tampoco que en el papel resulte atractivo y sea aplaudido. No, el problema es que se cumpla. Y claro, que se cumplan los anteriores. Al tiempo.

EN EL CAMINO.

Por cierto, el espaldarazo del presidente a los directores de Pemex y la CFE durante el mensaje del Tercer Informe echan por tierra la especulación sobre posibles cambios en esas empresas.

Tomado de El Universal.

#INFORMEDEGOBIERNO SEGURIDAD

A propósito del Tercer Informe de Gobierno vale la pena señalar que en lo que va del gobierno de Enrique Peña, el país ha visto avances significativos en el combate a la inseguridad. Por ejemplo, los operativos en Michoacán y en algunas partes de Guerrero.

Sin embargo, el problema está lejos de una solución.

El gobierno de Peña Nieto arrastra una deuda en materia de seguridad en estados como Tamaulipas, Morelos, Veracruz y Jalisco.

Además, la incidencia en delitos de alto impacto se ha mantenido –e incluso aumentado–, en varias entidades.

Por eso preguntamos, ¿a qué obedece la falta de resultados en el combate a la violencia?

En este espacio creemos que el aparente fracaso en la lucha por la seguridad se debe a que no hemos visto un cambio significativo en la implementación de políticas públicas para el combate a la inseguridad y la violencia.

O si lo prefiere, que si el gobierno federal no se preocupa –y se ocupa– en diseñar un entramado institucional que combata las prácticas que fomentan la corrupción y la impunidad, entonces el problema persistirá.

Por cierto, además de lo antes mencionado, habría que sumar a la lista la fuga de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Sin duda, uno de los golpes más severos a la credibilidad y la imagen del gobierno federal.