Al igual que los gobiernos panistas de Sonora y de Baja California Sur, el gobierno priista de Colima podría concluir en medio de escándalos de corrupción.

Hace años –en 2009 que inició la administración del gobernador Mario Anguiano Moreno–, Colima era famoso por su bajo nivel de deuda. De hecho, por momentos llegó a ser la entidad con menos pasivos.

No obstante, hoy que Anguiano Moreno deja el cargo, lo hace con una deuda de 7 mil millones de pesos. Es decir, que el tricolor se va entre acusaciones por despilfarros, excesos y corrupción.

Lo curioso del asunto es que, mientras el gobernador se marcha con la cola entre las pata, un congreso a modo ignora que su labor es servir de contrapeso a las administraciones tranzas.

La tarde del lunes, el Congreso de Colima aprobó un crédito de más de mil 600 millones de pesos. Según se dijo, esta cantidad serviría para cubrir las deudas del gobierno colimense.

Lo peculiar del caso es que el crédito se aprobó por la mala. Con todo tipo de mañas y de artilugios legaloides.

En entrevista para La Otra Opinión, el senador colimense Jorge Luis Preciado –quien todavía disputa el gobierno del estado–, narró cómo él –junto con otros legisladores–, tomaron la tribuna para evitar que se aprobara el crédito.

Acto seguido, una comisión negociadora acordó que la tribuna quedaría libre a cambio de que se evaluara y replantara la adquisición del crédito.

Todo iba bien, recordó Preciado, hasta que el recinto legislativo fue rodeado por policías, los opositores terminaron fuera del salón de sesiones y en medio de un zafarrancho, la mayoría priista aprobó el crédito por más de mil 600 millones de pesos.

Pero hay más. El crédito no sólo se aprobó de modo “fast track” y con toda clase de trampas. Además, según el senador Preciado, bastarían 600 millones para cubrir las deudas del estado. El resto, explicó el panista, se usarían para pagar supuestas obras de empresas patito que pertenecen a los amigos del gobernador.

Por todo lo anterior, el Senador Jorge Luis Preciado adelantó una serie de medidas –que incluyen un recurso de inconstitucionalidad–, con tal de frenar el despilfarro del gobierno que termina.

Todo esto, no sobra recordar, en medio de una crisis electoral en que no se sabe, con certeza, quién fue el ganador en las votaciones del pasado siete de junio.

Mucho se ha escrito sobre las modificaciones estatutarias que aprobó el PRD este fin de semana.

Que si el próximo dirigente no deberá cumplir con una militancia de dos años…

Que si el dirigente interino no podrá reelegirse…

Que si el nuevo presidente nacional sólo estará en el cargo dos años…

Que si el PRD se podrá aliar con todos los partidos, excepto con el PRI…

Y una larga lista de cambios.

Sin embargo, pocos han señalado el llamamiento que hizo el Consejo Nacional del Sol Azteca para que rindan cuentas los responsables de la crisis de Iguala.

Es decir –que por unanimidad–, se acordó poner “a disposición de las autoridades para los deslindes correspondientes” a todos los involucrados en la afiliación y postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala.

¿Qué quiere decir esto?

Que los perredistas intentan tomarnos el pelo. ¿Por qué?

Porque de ellos es la responsabilidad de lo ocurrido en Iguala y durante un año insistieron en negarlo.

Porque a pesar de que todos los dedos les apuntan, el perredismo en general se ha dedicado a repartir culpas y a señalar hacia otros lados.

Porque ningún perredista –de la facción que sea–, tuvo el valor de mencionar a Andrés Manuel López Obrador por su nombre.

Porque en su medianía, los perredistas utilizan la crisis de Iguala para profundizar la crisis interna pero ignoran que el verdadero responsable de impulsar y candidatear a Abarca fue López Obrador.

Porque, en los hechos, el perredismo no ha hecho algo por remediar la crisis de Iguala, por señalar y sancionar a los responsables, o por evitar que el problema se repita.

Por eso, porque en el PRD parecen más interesados en seguir la guerra interna que en resolver sus problemas, aquí creemos que este llamamiento –como los cambios estatutarios– son una tomada de pelo. Son sólo maquillaje y una burla al electorado.