En días se cumplirá un año de la masacre de Iguala. Es decir, habrán transcurrido 12 meses desde que matarifes del crimen organizado secuestraron, asesinaron e incineraron a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El hecho, como hemos documentado hasta el cansancio, ha servido de pretexto para que muchos obtengan raja política, para que muchos medren con la tragedia social y para que muchos lesionen la imagen y la credibilidad del gobierno federal.
Sin embargo, lo más cuestionable es que la desaparición de estos normalistas ha servido de pretexto para todo tipo de actos vandálicos. Y para muestra lo ocurrido en las últimas 24 horas:
Uno. El lunes 21 de septiembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa causaron destrozos en las oficinas de la Fiscalía de Guerrero.
Dos. En la misma fecha, los mismos jóvenes atacaron patrullas y vehículos oficiales.
Tres. De acuerdo con información del periódico La Razón, en la Normal de Ayotzinapa llevan un año sin clases y resguardan, al menos, 22 vehículos robados.
Cuatro. Entre los vehículos robados destacan unidades de Coppel, Bimbo e incluso de la Comisión Federal de Electricidad.
Cinco. Esta mañana, estudiantes normalistas a bordo de 12 autobuses trataron de ingresar a Chilpancingo –capital de Guerrero–, no obstante, policías antimotines les cerraron el paso y el enfrentamiento acabó en trifulca. Al momento, el saldo oficial es de 11 policías heridos.
Luego de este recuento, la pregunta obligada es, ¿quién pone un alto a los normalistas?
