De un momento a otro la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal podría dar a conocer que fue resuelto el crimen quíntuple de la Colonia Narvarte.

Y es que según revelaciones de los coadyuvantes, de acuerdo a la revisión minuciosa de los expedientes del caso y la respectiva verificación de datos con distintas autoridades, se cuenta con la narrativa no sólo de los hechos sino el modus operandi, el móvil del crimen y, sobre todo, quedó establecido a plenitud la relación que existe entre los tres presuntos responsables y la de éstos con las víctimas.

De esa manera –y gracias a un intenso trabajo de gabinete, al empleo de tecnología y a un equipo especializado ordenado por el jefe de gobierno–, se pudo determinar que no existió ninguna relación entre el “periodista” Rubén Espinosa, los presuntos criminales y el móvil del crimen.

La síntesis del caso es que el “periodista” se encontraba en el lugar y la hora equivocados –lo que incluso han aceptado los coadyuvantes–, y que los presuntos criminales iban por un cargamento de cocaína que había recibido la joven Mile Virginia Martín.

De acuerdo a la información recabada la conclusión es la siguiente.

1.- A pesar de las especulaciones, en el crimen sólo participaron tres hombres; Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y Omar Martínez Zendejas.

2.- El trabajo de gabinete permitió reconstruir en más del 90% la cronología de los hechos, incluido el seguimiento –minuto a minuto y a través de cámaras de video–, de los tres criminales, quienes se desplazaron desde el domicilio de uno de ellos –Omar Martínez Zendejas–, hasta el lugar del crimen, en la colonia Narvarte.

3.- Durante las casi seis horas de seguimiento de vehículos involucrados –una camioneta Suburban y el mustang color rojo–, nunca apareció un tercer vehículo implicado, tampoco más participantes y siempre quedó claro que los presuntos culpables iban por un objetivo predeterminado.

5.- De acuerdo al uso de tecnología se pudo probar que antes, durante y después del crimen existió comunicación entre los presuntos culpables y por lo menos una de las víctimas; la mujer de origen colombiano.

6.- A pesar de que en sus respectivas declaraciones por lo menos dos de los tres presuntos culpables negaron tener relación entre ellos, lo cierto es que se estableció de manera científica que existió comunicación entre ellos no sólo al momento de salir del lugar del crimen, sino durante la huida e incluso los días siguientes al crimen, antes de ser detenidos.

7.- Tampoco se probó que durante la huida la policía haya detenido a alguno de los vehículos que utilizaron para la fuga –como aseguró en su declaración Abraham Torre Tranquilino–, a pesar de que durante parte del escape la camioneta Suburban empujó al automóvil rojo que –como se aprecia en los videos que constan en el expediente–, había sufrido una avería.

8.- Según los mismos videos que constan en el expediente, se aprecia el momento en que los tres presuntos criminales se reparten el botín de lo robado. Casualmente en el auto recuperado se encontraron huellas de cocaína en la cajuela; droga que habrían repartido en plena calle, muy cerca del lugar donde todo empezó, a pocos metros de la casa de Omar Martínez.

9.- De una revisión cuidadosas de todo el expediente, nada lleva a suponer que los presuntos criminales conocían al “periodista”.

¿Y el ataque a la libertad de expresión? ¿Y el crimen de Estado? ¿Y el montaje mediático? ¿Y las mentiras?

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Durante su campaña para alcanzar la dirigencia nacional del PAN el joven Ricardo Anaya abrazó la bandera de la honestidad y la lucha contra la corrupción. En simpáticos actos de fe prometió que en su gestión el partido azul no toleraría corruptelas.

Sin embargo, una cosa es el discurso y otra muy distinta la terca realidad. Y es que Anaya no terminaba de lanzar arengas contra los corruptos azules cuando dos gobernadores del PAN dejaban sus respectivos cargos en medio de groseros escándalos de corrupción.

Por ejemplo, hace días, Guillermo Padrés dejó el gobierno de Sonora en medio de sonados escándalos de corrupción que van desde la venta de niños, pasando por la cuestionada construcción de una presa y el sobregiro de 10 mil millones de pesos que duplicaron la deuda pública de la entidad, además de acusaciones de enriquecimiento ilícito y una deuda descomunal con proveedores.

El escándalo fue tal que en su discurso de protesta la gobernadora entrante, la priísta Claudia Pavlovich prometió que su gobierno no toleraría corruptelas y que ninguno de los gobernantes enriquecidos en administraciones salientes disfrutaría del dinero mal habido.

Lo cierto es que mientras envejece el bla, bla, bla de Ricardo Anaya contra la corrupción, el panista Guillermo Padrés se va con los bolsillos llenos y la gobernadora entrante del PRI inicia su gestión con actos al más puro populismo. Sólo buenas intenciones contra la corrupción.

El segundo caso es el de Marcos Covarrubias, gobernador saliente de Baja California Sur, también del PAN, quien deja el cargo acusado entre muchas otras irregularidades, de entregar al menos ocho notarías a sus cercanos.

Resulta que Ricardo Cevallos Valdez,  presidente del Colegio de Notarios, denunció diversas violaciones en la entrega de cuatro patentes notariales promovidas por el exgobernador panista Marcos Covarrubias, justo un mes antes de dejar el cargo.

El mandatario saliente otorgó las notarías 29, 30, 31 y 32 a Gamil Arreola Leal, exprocurador de justicia de su gobierno; a Gonzalo Hernández Lezama –hermano de la esposa del gobernador, María Helena Hernández–, a Erich Pius Kaufmann Cervantes, abogado de su familia y a Francisco Javier López Velderrain, amigo del hermano del gobernador. El 10 de agosto pasado hizo la convocatoria y al día siguiente, el 11, se emitieron las cuatro patentes.

Pero no fue todo. El lunes 7 de septiembre del 2015, Marcos Covarrubias –quien aún fungía como gobernador de Baja California Sur–, creó cuatro notarías más: la 33, 34, 35 y 36.

El mandatario trató de justificar la asignación con otra convocatoria por la vía rápida emitida el 7 de septiembre. Lo curioso es que los interesados debían conocer la convocatoria el mismo día y entregar toda la documentación entre las 09:00 y las 14:00 horas. Sólo los amigos y preferidos del gobernador llenaron los requisitos.

Así, por ejemplo, la notaría 33 fue asignada a Lourdes Susana Gallo Rodríguez, hermana de Daniel (Gallo Rodríguez), presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y también hermana del Oficial Mayor del Gobierno, Rafael (Gallo Rodríguez). Todo queda en familia.

Vale recordar que Daniel Gallo Rodríguez fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado para el periodo comprendido de abril de 2014 y 2017. Además, la notaría 34 fue asignada a Manuel Rodríguez Osuna, amigo del hermano del gobernador.

¿Y las promesas de Ricardo Anaya? ¿Ese es el PAN con el que hará alianzas el PRD, en 2016? Al tiempo.

Tomado de El Universal