Hace días, el periódico Excélsior publicó que la Confederación de Cámaras Industriales de México —CONCAMIN— tiene la intención de proceder de manera jurídica en contra de los estados y municipios que mantienen adeudos con los empresarios afiliados.

De acuerdo con el mismo diario, los gobiernos locales adeudan 120 mil millones de pesos a cerca de 40 mil proveedores de bienes y servicios.

En consecuencia, si las autoridades no cubren sus pasivos, los industriales están dispuestos a demandar.

Por otro lado, este lunes, el SAT exhibió a los 269 ayuntamientos, cuerpos policíacos y organismos de agua que no han cumplido con sus obligaciones fiscales.

De esta cifra, 249 entidades son gobiernos municipales.

Y para rematar, están los casos de Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Colima, donde los gobernadores salientes —Guillermo Padrés en Sonora, Rodrigo Medina en Nuevo León, Marcos Covarrubias en BCS y Mario Anguiano en Colima–, dejan deudas varias veces mayores a las que encontraron cuando llegaron al poder.

¿Qué significa que las autoridades mexicanas no paguen sus deudas?

En opinión del Doctor Macario Schettino, estamos ante una mala costumbre de los gobiernos: la tendencia a pedir prestado, decir que pagarán y nunca saldar sus pasivos.

En entrevista para La Otra Opinión, Schettino comentó que esta situación orilla a los proveedores del gobierno a incrementar sus precios –previendo que no les pagarán el monto total de las deudas–, y eso, además, aumenta los costos de operación del Estado.

Pero el asunto va más allá, según el economista, el grosero endeudamiento de los estados obedece a la falta de contrapesos en los gobiernos locales. Es decir, que mientras que a nivel federal se han construido diques al otrora poder excesivo del presidente, en las entidades nadie pone un alto a los gobernadores caciques.

De hecho, el mismo Macario Schettino señaló que los empresarios del norte no se enfrentan con las autoridades por temor a perder negocios. Mientras que en el sur, el fenómeno se repite por miedo a perder la vida.

El esquema anterior, señaló el experto, demuestra que las autoridades mexicanas operan igual que hace más de 200 años. Y es que, en los hechos, los gobernadores funcionan igual que hizo Agustín de Iturbide en 1822; es decir, sin contrapesos.

El escenario expuesto podría mejorar, concluyó Schettino, si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona como se espera. Es decir, si los gastos estatales llegan a manos de la Auditoría Superior de la Federación, entonces es muy probable que los gobernadores se controlen. De lo contrario, el poder absoluto –y absolutamente corrupto– de los mandos estatales, seguirá convirtiendo en deuda un porcentaje importante de las arcas locales.

Desde hace días circula un video en donde el ex canciller Jorge Castañeda llama a poner un alto a las declaraciones anti-latinos de Donald Trump.

En una modesta grabación, Castañeda censura el silencio del gobierno federal ante los constantes ataques del magnate estadounidense.

Y en ese contexto, Jorge Castañeda invita a un puñado de “mexicanos de excepción” a promover una campaña de spots en medios de Estados Unidos. Según explicó, en estos videos, las y los mexicanos talentosos demostrarían que el señor Trump se equivoca y que en el país existen motivos para estar orgullosos.

Sin duda, el señor Castañeda tiene razón.

Sin duda, en México abundan las historias de éxito.

Y sin duda, Donald Trump se equivoca al menospreciar a los mexicanos.

No obstante, Jorge Castañeda no dice toda la verdad. O si lo prefiere, el ex canciller intenta tomarnos el pelo. ¿Por qué?

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Porque es falso que el gobierno federal ha guardado silencio frente a los ataques de Trump. Por un lado, al gobierno de la República no le corresponde debatir con un empresario que no ocupa un cargo en el gobierno. Por el otro lado, los llamados del presidente en contra del populismo –tanto en el Informe de Gobierno como en la Asamblea General de la ONU–, son cuestionamientos a todo tipo de líderes populistas. Es decir, que también alcanzan a Donald Trump.

Pero eso no es todo, el señor Castañeda también olvida explicar que su campaña no es en contra de Trump sino a favor de Jorge Castañeda.

Y es que podrán decir misa, pero lo cierto es que el ex canciller intenta subirse a un tema controvertido para construir su candidatura independiente a la presidencia de la República.

Después de todo, las leyes a favor de los candidatos independientes, los rumores de una candidatura independiente apoyada por intelectuales y ex funcionarios públicos y el diseño de un escenario que favorezca las candidaturas sin partido son, en buena medida, impulsados por Jorge Castañeda y por sus cercanos.

Por eso, más allá de cuestionar a Trump, lo que Castañeda hace con su video es tratar de sumar adeptos. Y si no, al tiempo.

Hace días, en este espacio, el Doctor Samuel González Ruiz —ex asesor de la ONU—, comentó que Emilio Álvarez Icaza –el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, caería en un conflicto de interés al opinar sobre el caso Iguala y sobre la investigación que realizaron peritos patrocinados por la misma CIDH.

De acuerdo con González Ruiz, el artículo 17, párrafo 2, inciso A del Reglamento de la CIDH dice que “los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos: a) si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado”.

Además, González Ruiz sostiene que los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones sociales de Guerrero lo inhabilitarían para pronunciarse al respecto.

En respuesta, el propio Emilio Álvarez Icaza aseguró que no existe conflicto de interés. El titular de la CIDH explicó que el impedimento aplica para comisionados de la OEA y no para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldó a Álvarez Icaza. Según Cavallaro, existiría un mal manejo mediático de la participación de Emilio Álvarez en el caso Iguala. Y concluyó con que “el reglamento de la Comisión es muy claro en el sentido de que nacionales, cuando son comisionados, no podemos participar en los asuntos de nuestros propios países”.

¿Quién tiene razón?

En entrevista para La Otra Opinión, la Maestra Arlene Ramírez Uresti –académica del Tec de Monterrey–, explicó que el posible conflicto de interés se reduce a un tema de interpretación.

Por un lado, el reglamento de la OEA no fija limitantes específicas al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que como bien señala Álvarez Icaza, la prohibición explícita es para los comisionados. La figura del titular de la dependencia cae en un vacío legal.

Aun así, tomando en cuenta el activismo social de Emilio Álvarez, la Maestra Ramírez Uresti reconoció que él no era la mejor opción para investigar el caso.

No obstante, la Presidencia de la República avaló a los peritos de la CIDH y ese reconocimiento basta para que los análisis del grupo de expertos –así como sus conclusiones– tengan validez.

Finalmente, la especialista expuso que el organismo responsable de validar o invalidar la labor de Álvarez Icaza es la OEA. En otras palabras, que la denuncia de una organización civil o del propio gobierno federal obligaría a la Organización de Estados Americanos a evaluar el escenario y a emitir una opinión. Sin embargo, concluyó la profesora Ramírez Uresti, debido al costo político que esto implicaría, es poco probable que la administración de Enrique Peña decida cuestionar el trabajo de la Comisión.

En este espacio creemos que si bien la ley no menciona –explícitamente– al secretario ejecutivo, la prohibición a los comisionados debería alcanzar al titular de la organización.

Después de todo, los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones civiles, su activismo y la cercanía que mantiene con instituciones directamente relacionadas con el caso Iguala, perfilan un grave conflicto de interés.

Y eso no es todo. Emilio Álvarez Icaza es un mexicano con derechos plenos. O si lo prefiere, que puede votar y ser votado. Por ello, no sería extraño que el titular de la CIDH tenga aspiraciones políticas y aproveche el descrédito del caso Iguala para construir una campaña a algún cargo de elección popular.

Luego de una severa crítica a los que él llama columnistas del poder; luego de referirse a algunos analistas como miembros de una mensajería de élites y luego de asegurar que existen plumas al servicio del gobierno –con el dinero y la información suficientes para “operar ofensivas periodísticas concertadas”–; Agustín Basave también dijo que existe la intención de frenar su llegada a la dirigencia nacional del PRD.

En su colaboración en El Universal, el diputado federal Agustín Basave escribió: “Tengo la impresión de que el gobierno federal no quiere que yo sea presidente del PRD”. Y horas más tarde, ratificó sus dichos en este espacio.

En entrevista para La Otra Opinión, el diputado sugirió que existen paralelismos entre los argumentos de sus detractores. Estas coincidencias, continuó Basave, no serían fortuitas. En realidad, sentenció, existiría una intención política –orquestada desde Los Pinos–, para lesionar su imagen en los previos a la elección interna del PRD.

En opinión del también académico, al evitar que se convierta en el dirigente nacional del PRD, el gobierno federal intentaría anular un escenario de oposición real pues, explicó, en la Presidencia gustan más de partidos sumisos.

Por lo anterior –y tomando en cuenta la trayectoria “antipeñista” de Basave–, el perredista sostiene que habría manos interesadas en bloquear su repentino ascenso a la presidencia del Sol Azteca.

Finalmente, Agustín Basave expuso que, de llegar a la dirigencia del partido, intentará construir puentes con otras agrupaciones y se asegurará de oponerse al gobierno federal. Y es que, a su parecer, la ética y el pragmatismo lo obligan a tomar esa postura. Por un lado, Basave no comulga con las ideas del presidente y por el otro, la impopularidad de la gestión de Peña Nieto lo llevan a asumir una posición contraria a la del gobierno de la República.

Evidentemente, nadie podría afirmar o negar la versión de Basave. Al menos no con certeza. Como él mismo explicó, se trata de una percepción.

Lo cierto es que así como existen elementos para pensar que alguien intentaría evitar que llegue a la dirigencia nacional del PRD, también hay indicios de lo contrario. Tal parece que existen manos y voces interesadas en llevar a Basave a la presidencia nacional del PRD. ¿Por qué?

Porque las modificaciones al estatuto del PRD –realizadas hace semanas por el Consejo Nacional del partido–, fueron un saco a la medida para Basave.

Porque el mismo Agustín Basave reconoció que se trató de medidas que favorecen su proyecto político.

Y porque, hace meses, el Doctor Basave negó tener interés en coordinar la bancada de los diputados amarillos. En esa ocasión dijo que al carecer de militancia en el partido, no tendría la trayectoria para liderar a los legisladores. Meses después, Basave no va por la coordinación de bancada; ahora aspira a dirigir todo el partido, ¿qué cambió?

Si las palabras dicen una cosa…

Si las palabras dicen una cosa

y la voz otra

es de esperar el sufrimiento

Un sufrimiento que se disimula

y no por cortesía sino por medio

es sufrimiento que se acrecentará

Tras la seguridad con que te muestras

oigo la voz del miedo

de quien no quiere estar sufriendo

Si las palabras dicen una cosa

y la voz otra

es de esperar el sufrimiento

Tomado de la antología de Juan Domingo Argüelles: Poesía mexicana. De la época prehispánica a nuestros días.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se suma a la lista de políticos que declaran su simpatía por las alianzas entre el PAN y el PRD.

En entrevista con El Universal, Moreno Valle instó a su partido –Acción Nacional– a buscar “con seriedad la posibilidad de construir coaliciones donde sí haya las condiciones, porque cada entidad es distinta”.

A propósito de esta declaración, vale la pena preguntar ¿Qué otros perredistas o panistas se han pronunciado a favor de estas alianzas?

• El 18 de septiembre de 2015, el PRD aprobó en su mesa política la formación de alianzas electorales con el PAN.
• Aunque Carlos Navarrete –todavía presidente del Sol Azteca– se negó a colaborar con los blanquiazules en las elecciones de 2015, los resultados catastróficos del PRD parecen haberlo hecho cambiar de opinión. El 23 de septiembre, Navarrete abrió la puerta al PAN a fin de derrotar al PRI en 2016, pero rechazó que su partido vaya en alianza rumbo a 2018. ¿Será que en unos meses volverá a recular?
• Así como Navarrete rehusó aliarse al PAN en 2015, Ricardo Anaya, presidente de este partido, hizo lo propio en 2014. “Imposible alianzas con el PRD después de Iguala”, señaló el entonces diputado. Y sin que pasara un año, Anaya corrigió y, en entrevista con Milenio Televisión el 16 de agosto, aceptó que durante su presidencia el PAN podría aliarse a otras fuerzas políticas, el PRD incluido.
• Los candidatos a la presidencia del PRD han tenido posturas contrarias y hasta contradictorias sobre el tema.
• Agustín Basave señaló a fines de agosto que, de obtener el cargo, analizaría la posibilidad de aliarse al PAN; días más tarde, negó su apoyo a una posible candidatura presidencial del autoritario Moreno Valle. “Esa ya no va”, escribió en Twitter.
• Fernando Belaunzarán, otro de los aspirantes, tampoco dio su apoyo al gobernador de Puebla, pero se dijo dispuesto a apoyar candidaturas conjuntas con Acción Nacional. Sobre el caso particular de Veracruz, escribió en Twitter:

En Veracruz debemos ir por la alianza opositora frente al sátrapa y su delfín. Saludos https://t.co/vriNGCimpQ

— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) August 9, 2015

• Zoe Robledo, por su parte, descartó el matrimonio PAN-PRD. Las alianzas sólo contribuirían a desdibujar al PRD como parte de la izquierda, dijo el Senador.
• Beatriz Morga ha sido, quizá, la más opaca de todos. “Nuestra alianza debe ser, primero, con la sociedad”, dijo en el debate de candidatos organizado por El Financiero.
• El 15 de septiembre de 2015, el PAN anunció que formará una alianza con el PRD y MC para postular al senador –expriísta y hoy panista– José Rosas Aispuro, quien busca la gubernatura de Durango. Se espera que las alianzas se consumen en otros estados.
• El 27 de julio de 2015, pasado el fracaso electoral del partido que aún dirigía, Gustavo Madero declaró que Acción Nacional evaluaba una ruta aliancista con otras fuerzas políticas. “El PAN solamente fue en alianza con el PVEM en 2000 y desde entonces no ha hecho alianzas electorales, lo cual, sin duda, deberá ser reconsiderado con miras al 2018, elección en la que, por cierto, ya están considerados los gobiernos de coalición”, dijo Madero.

Cabe recordar que sólo el próximo año se renovará la gubernatura de 12 estados –incluido Puebla, donde gobierna Moreno Valle– y, en la mayoría de éstos, ni PAN ni PRD tienen posibilidades de triunfo ante el tricolor. Por ello, izquierda y derecha buscan reeditar el escenario de 2010 en el que, unidas sus fuerzas, sacaron al PRI de bastiones históricos como Sinaloa, Oaxaca y Puebla. ¿Lo lograrán?

La respuesta es incierta. Y es que tanto las candidaturas independientes como la Morena de López Obrador llegaron a cambiar los equilibrios políticos a nivel nacional. Si el PAN se une al PRD en Sinaloa, no sólo enfrentará al PRI, sino también una posible candidatura de Manuel Clouthier. En Oaxaca, donde AMLO puede ganar, la alianza iría contra el tricolor y contra Salomón Jara, candidato de Morena.

Así, la pregunta no es si habrá alianza entre el PAN y el PRD; lo que debe preguntarse –y calcularse– es si a estos partidos les alcanzará la fuerza no sólo para doblegar al PRI y a Morena, sino para detener el avance de los candidatos independientes que amenazan a la partidocracia y a los que Moreno Valle ha intentado bloquear con argucias legaloides.

Finalmente, no deben perderse de vista las intenciones tras la declaración de Rafael Moreno Valle; pues, aunque no se ha destapado oficialmente, es bien sabido que el poblano gobierna con la mira puesta en 2018 y que de la elección de 2016 en su estado dependerá la viabilidad de su proyecto presidencial. Y, para que José Antonio Gali, su delfín, gane Puebla necesita de un PAN sometido y de un PRD aliado.

Por eso las preguntas: ¿A quién le habla Rafael Moreno Valle? ¿A los candidatos a dirigir el PRD? ¿A sus otrora aliados “Los Chuchos”? ¿Al líder real del perredismo poblano, Miguel Barbosa? ¿A Ricardo Anaya, que hizo presidente del PAN? ¿Al PRI? ¿A quienes buscan lanzar una candidatura independiente que ponga el freno a López Obrador? ¿A quién?

La arena más tangible de la lucha política es la prensa. Aquí se plasman las estrategias de posicionamiento de los actores, mientras que los columnistas moldean la opinión publicada. Eso sí, hay de columnas a columnas. En unas se hacen análisis rigurosos a partir de convicciones y se llega a públicos masivos, y otras conforman un sistema de mensajería de élites. A estas últimas me voy a referir.

El gobierno es su principal usuario. Tiene el poder, el dinero y la información para operar ofensivas periodísticas concertadas. Desgraciadamente, se ha abusado de la queja y se ha generado el anticuerpo del compló. Cierto, a veces se recurre a la victimización, pero por favor, que nadie insulte la inteligencia de los lectores escandalizándose cada vez que se señalan estratagemas para endilgar una imagen negativa al adversario, como si fuera impensable que existieran. ¿Por qué se abstendrían de hacerlo quienes detentan el poder, por su solidez ética? ¿Y por qué rechazarían auspiciar el espectáculo columnistas afines o de plano inescrupulosos? Esas campañas de desprestigio son asaz comunes, y no sólo en México.

Pues bien, tengo la impresión de que el gobierno federal no quiere que yo sea presidente del PRD y está iniciando una campañita para impedirlo. No lo afirmo categóricamente para no facilitar el trabajo de los pudibundos detectores de paranoia, aunque ya sabemos que también a un paranoico lo pueden perseguir. Mejor le explico a usted por qué. El 11 de mayo del 2012 lanzaron la patraña de que fui el “orquestador” de los “porros” de la Ibero contra Peña Nieto (con esas palabras me acusó en Twitter un vicecoordinador de la campaña del entonces candidato presidencial del PRI) y a la fecha me siguen culpando (me lo han corroborado varios amigos priístas) de lo que llamaron el “viernes negro”. Francamente, me encantaría colgarme la medalla del #YoSoy132, pero no puedo: la verdad es que los estudiantes actuaron por voluntad propia y nada tuve que ver con esa protesta. De lo que sí asumo la responsabilidad es de haber publicado en este espacio, desde hace cuatro años, muchos artículos muy críticos contra el peñanietismo. De modo que tienen razón en creer que yo sería un dirigente firmemente opositor.

¿Cuáles serían, en su vertiente mediática, los prolegómenos del probable intento de injerencia gubernamental en el proceso perredista? Mire usted: un escritor gobiernista, que redime su mediocridad literaria con un seudónimo periodístico, se hace en su columna un autorretrato y lo proyecta contra mí en afán de degradarme como académico. Un columnista famoso por sus juegos en la primera división del periodismo corrupto pero apantallador insiste en lanzarme su veneno. Y un periodista menos burdo, más refinado, cuyas opiniones coinciden con asombrosa frecuencia con las de los priístas, me dedica varios textos descalificadores. Y conste que aludo únicamente a los más conocidos, porque sobran ataques en columnas anónimas y en artículos menores. ¿Qué dicen? Más o menos que soy un desconocido que anhela ser manipulado para convertir al PRD en sucursal de otros partidos (por aquello de las alianzas que, oh casualidad, tanto teme el gobierno). Ah, y ahora se da el nado sincronizado al son de mi ex priísmo. Aunque renuncié al PRI hace más de trece años —y he sido simpatizante perredista declarado—, sistemáticamente editorializan: el ex priísta veleta. Me pregunto cuál es el término de prescripción del delito. La conversión de Cárdenas y López Obrador es más antigua, pero hay gobernadores, senadores y futuros jefes delegacionales postulados el PRD y Morena que dejaron el priísmo después en la misma época que yo y a quienes ya no etiquetan.

Le pido un favor. Lea lo que he escrito sobre este régimen, coteje con información fidedigna lo que se dice de mí en esos mentideros —que comienza a pasar de la diatriba a la calumnia— y lea también a los buenos periodistas, porque la crítica auténtica se distingue fácilmente de la consigna impuesta o autoasignada. Así sabrá si me equivoco en mi apreciación. Júzguelo usted, pues.

Diputado federal del PRD.

@abasave

TOMADO DE EL UNIVERSAL