Las organizaciones que descubrieron las labores de espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio información falsa para intentar justificar estas “labores de inteligencia” y descalificar las pruebas sobre el uso del software Pegasus contra civiles.
Luego que la administración del mandatario tabasqueño defendiera a la Sedena e intentara desacreditar las pruebas documentales que confirman el espionaje realizado por la dependencia contra civiles, las organizaciones lamentaron que el presidente haya incumplido su compromiso de transparencia y condenaron las “descalificaciones y afirmaciones falsas” sobre el espionaje militar contenidas en el comunicado que envío la Oficina de Presidencia.
“Lamentamos que el presidente haya incumplido su compromiso con la transparencia y ahora indique en el comunicado que la información sobre los contratos —cuya existencia mintió y negó la Sedena en primera instancia— deban ser considerados como reservados”, señalaron en un comunicado.
Las organizaciones R3D, Artículo 19, SocialTic, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso revelaron que la Sedena contrató a la empresa proveedora del sistema de espionaje Pegasus en 2019; que los teléfonos del activista Raymundo Ramos, del escritor y periodista, Ricardo Raphael, y un periodista de Animal Político, fueron infectados con Pegasus y que el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval recibió el reporte de las comunicaciones privadas de Ramos en 2020.
En respuesta, el gobierno mexicano defendió en un comunicado a la Sedena al asegurar que realiza “labores de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de la Guardia Nacional.
Ante ello, las organizaciones alertaron que el boletín de prensa desinforma y aseguraron que es falso que la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional (GN) faculten a la Sedena —en específico, al Centro Militar de Inteligencia— para a llevar a cabo la recolección de inteligencia de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas de civiles.
La investigación periodística confirmó que la Sedena no solicitó ante autoridades judiciales ninguna autorización para intervenir comunicaciones privadas entre 2018 y 2022, según respondió la misma dependencia a la solicitud de información número 33002642001754.
📣 COMUNICADO | Organizaciones respondemos a las afirmaciones falsas de Presidencia sobre el caso #EjércitoEspía pic.twitter.com/o5tHVmQLer
— R3D (@R3Dmx) March 24, 2023
Aunque el gobierno federal sostiene que las “labores de inteligencia” no están dirigidas al entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, las pruebas confirman que la Sedena espió a civiles con Pegasus.
Los casos de espionaje contra Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Asimismo, documentos internos de la Sedena filtrados por Guacamaya también han evidenciado que diversas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, entre otras, han sido objetivos de la inteligencia militar”, refieren las organizaciones.
Ante la afirmación del gobierno federal de que las intervenciones de comunicaciones privadas hechas por la Sedena “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia”, la evidencia demuestra otra cosa:
Los documentos internos de la Sedena muestran que las comunicaciones privadas del defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos fueron utilizadas para influenciar investigaciones relacionadas a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 3 de julio de 2020, por lo que no guardan ninguna relación con “la procuración de justicia”.
En el comunicado, el gobierno federal descalifica los archivos hackeados por el grupo Guacamaya ya que “dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, por lo que “ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podrían elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
Sin embargo, las organizaciones involucradas reiteran que la autenticidad de todos los documentos utilizados por la investigación Ejército Espía provenientes de los correos electrónicos internos de la Sedena obtenidos por el colectivo Guacamaya se encuentran validadas.
“Cualquier medio de comunicación u organización con acceso a dichos correos puede corroborar que los mismos no fueron alterados”, indican.
Con información de Animal Político
MSA
