Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomarán este lunes 27 de marzo el debate sobre las facultades que tiene el Ejército para involucrar a civiles en investigaciones del fuero militar, intervenir comunicaciones telefónicas o asegurar activos financieros sin orden judicial.
Esto luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó en 2016 una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones hechas a 29 artículos de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales.
De acuerdo con la Comisión, con dichos cambios se extiende la jurisdicción militar sobre personas civiles y transgrede el derecho de acceso a la información, al debido proceso, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, a la protección de datos personales y a la presunción de inocencia, entre otras.
Esta será la segunda ocasión en que los ministros analizarán este tema, luego de que el pasado 14 de marzo el ministro ponente Luis María Aguilar Morales solicitó a sus compañeros interrumpir la discusión para hacer ajustes técnicos a su proyecto con el propósito de generar un mejor parámetro para el debate en el Pleno.
Hasta este momento el proyecto a su cargo propone invalidar la mayoría de las normas entre las cuales se establece que la Fiscalía Militar puede llamar a declarar a un civil en un proceso militar, que el Ejército puede solicitar la intervención de comunicaciones de una persona, que puede declarar como “confidencial” toda la información obtenida en una investigación, realizar levantamiento de cadáveres y asegurar activos financieros sin la necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, durante la primera sesión en la que se discutió el recurso de la CNDH, la ministra presidenta Norma Piña, así como Arturo Zaldívar, Juan Luis Gonzáles Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra de invalidar la facultad para llamar a declarar a una persona civil en un proceso castrense al argumentar que esto no violaría sus derechos humanos, pues éste no sería en su contra, sino que ayudarían a la integración de la investigación.
“La participación en procesos militares no supone en ningún caso que se esté extendiendo a ellos (los civiles) la jurisdicción militar, en el entendido, obviamente, que con motivo de esta participación no pueden cometerse faltas ni delitos militares, por la sencilla razón de que no se les está juzgando como sujetos activos o pasivos de un delito militar”, sostuvo el ministro Zaldívar.
Por estas consideraciones, el ponente Aguilar Morales estimó conveniente intervenir en el desarrollo del debate y solicitar a sus colegas más tiempo para realizar modificaciones a su proyecto, de manera que logren la mayoría de ocho votos que se necesitan para declarar inválidos los artículos reclamados por la CNDH.
Al respecto, ante un debate que se espera sea extenso, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Pleno de la Suprema Corte para que delimiten en los supuestos en los que los militares pueden citar a comparecer a civiles y establezcan límites al fuero militar para que no se permita la posible vulneración de las garantías de la población.
“Los derechos de la población en general se ven en riesgo si no existen límites a los que las autoridades militares pueden o no hacer cuando investigan o procesan faltas a la disciplina militar. Específicamente si tienen la facultad de restringir o limitar, aunque sea de manera provisional, los derechos humanos de las personas no involucradas con las Fuerzas Armadas”, advirtió Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia en un comunicado previo al debate del lunes.
Con información de El Sol de México
MSA
