Obligados a cavar trincheras, poner retenes, entregar sus bienes, mostrar sus teléfonos, sus mensajes, callar, pedir permiso hasta para oficial un servicio religioso, ser su servidumbre, ser utilizadas sexualmente, así vive la población de las zonas sierra-fronteriza de Chiapas, atrapada en la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada.
Someten a la población al miedo constante
De acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil, las bandas criminales mantienen a la población chiapaneca en una “aguda crisis humanitaria” provocada por la toma de los territorios y el despliegue de recursos con características de conflicto armado que incluyen fuego permanente, explosivos, asesinatos ejemplares y economía del conflicto que ha provocado el desplazamiento de más de 10 mil habitantes, tres mil de estos en lo que va de 2024.
En un informe titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos en la región frontera de Chiapas”, denunciaron que los grupos criminales utilizan estrategias y mecanismos que, de acuerdo al marco legal del Derecho Internacional Humanitario, tiene las características de un Conflicto Armado No Internacional.
En el documento firmado por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes (Red TDT), la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones” y “Género Guatemala México (MTMG) y el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, se explica que las poblaciones afectadas por la presencia y disputa del crimen organizado han sido sometidas al miedo constante por las ejecuciones, ataques armados y reclutamiento forzado principalmente de la población joven.
“Hay localidades que han sido tomadas como rehenes y son utilizadas para movilizarse y tratar de crear la imagen de que los grupos delincuenciales son bien recibidos”, expusieron.
Además, apuntan que las comunidades son sometidas a vigilancia permanente por comandos de grupos armados y quienes se atreven a desafiarlos, son asesinados, de manera “ejemplar“ y no hay autoridades ni federales, ni locales que intervengan para resolver esta situación, lo que implica, que se encuentran en una “aguda crisis humanitaria”, abundó.
También se implementado una estrategia económica del crimen, lo que se denomina “economía del conflicto” que incluye la extorsión, el cobro de piso, los secuestros, el control de los precios de productos agrícolas, alimenticios, y de necesidades básicas, entre otros, además de la implementación de violencia física y castigos ejemplares para quienes no entregan los recursos que se les exigen, por ello, las familias están perdiendo sus medios de sustento.
Denuncian complicidad y omisión del Ejército
Asimismo, el informe explica que los grupos del crimen organizado operan a pesar de que las fuerzas armadas del gobierno mexicano tienen una fuerte presencia en la región.
Asimismo, según testimonios de la población afectada, los militares han actuado de manera cómplice u omisa a favor de estos grupos.
El documento desglosa los rasgos de complicidad y consentimiento de las estructuras de gobierno, como militares, la Fiscalía estatal, cuerpos policiacos y funcionarios, a las fuerzas criminales.
“Tal es el grado de inserción, que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, refiere uno de los pobladores que participó en el informe.
Sandra Suaste, integrante de la Red TDT, denunció que “esta aguda sensación de inseguridad y miedo permanente, instaurado por estas organizaciones, el Estado mexicano no ha podido garantizar la gobernabilidad en estas zonas, incluso cuando por alguna razón se suspenden clases o actividades del orden común ante los enfrentamientos y balaceras, la población es amenazada para que se restablezca la actividad y normalicen la violencia”.
Por su parte, Santiago Aguirre, representante del Centro Prodh, señaló que las fuerzas federales, incluyendo a la Guardia Nacional (GN) y el Ejército están presentes en las zonas pero no actúan, ya que están dedicados a controlar la migración y no garantizar la seguridad de la gente.
“Es evidente que estamos ante un Estado ciego, sordo y mudo”, denunció
Por último, los organismos humanitarios detallan que el Estado mexicano tiene responsabilidades éticas y jurídicas, y la negativa a proteger a la población civil de los atentados de los grupos armados organizados podría llevarlo a responder ante cortes internacionales.
Por ello, piden a la comunidad internacional realizar una misión de verificación en los municipios afectados, con el propósito de instar a las autoridades mexicanas a asumir sus responsabilidades en la garantía y protección de los derechos humanos en la zona.
Con información de MVS Noticias y Aristegui Noticias
MSA
