Alrededor de 60 organizaciones de la sociedad civil del continente americano criticaron la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, ello al alertar que elegir a jueces, ministros y magistrados por medio del voto popular “aumenta la influencia política en los nombramientos de personas juzgadoras, socavando gravemente la independencia judicial en el país”.
Recordaron que figura de los “jueces sin rostro” es rechaza por organismos internacionales
En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las ONG´s firmantes, rechazó que los juzgadores sean electos por medio del voto ciudadano al indicar que ello “incrementa el riesgo de influencias indebidas sobre la judicatura por parte de actores políticos, pero también del crimen organizado, degradando la profesionalización judicial”.
Además, “se prevé el cese masivo de aproximadamente 1,800 personas juzgadoras, lo cual vulnera la garantía de inamovilidad, con un impacto directo en el acceso a la justicia de la ciudadanía”.
También dijo, se introduce la figura de los “jueces sin rostro”, la cual, recordó, es ampliamente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos por vulnerar la imparcialidad e independencia judicial, así como el derecho de defensa.
Ante ello, las ONG´s hicieron un llamado a las autoridades mexicanas, especialmente al Senado de la República, “para que analicen con cautela la propuesta y sus implicaciones en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tomando en cuenta lo advertido por organismos internacionales de derechos humanos”.
“Se pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho”
Recordaron que el papel de la judicatura como garante de derechos y libertades y como contrapeso en un Estado democrático de derecho debe ser premisa fundamental.
Asimismo, señalaron que el Congreso “debe asegurar que las reformas se ajusten a los estándares internacionales y permitan establecer un proceso de selección judicial basado en méritos y calificaciones, con participación efectiva de la sociedad civil y alejado de fines políticos”.
Por último, advirtieron que la comunidad internacional “debe permanecer alerta”, ya que “se pone en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho” al no asegurar a los mexicanos “contar con una judicatura independiente e imparcial”.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento están Acción Cívica contra la Corrupción (Chile), Acción Solidaria (Venezuela), Apuesta Solidaria (México), Asociación Pro Derechos Humanos (Perú), Mesa Nacional para las Migraciones (República Dominicana), Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua).
Con información de EFE
MSA
