Desde el arranque de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la revocación de mandato, situación que los ciudadanos supuestamente podrán “votar” en marzo de 2022.
Incluso, el pasado 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformó la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, con lo que se estableció en el artículo segundo transitorio, que a más tardar el 17 de junio de 2020 debería emitirse la legislación secundaria respectiva.
Ante esta situación, el Consejo Nacional de Litigio Legislativo denunció que, “el titular del Poder Ejecutivo ha sido omiso en presentar la iniciativa legal ante el Congreso de la Unión que establezca con precisión las reglas a las que habrá de sujetarse el insólito ejercicio. De la misma forma, ningún Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados o el Senado de la República ha promovido formalmente o anunciado la intención de impulsar el procesamiento de la legislación necesario para el adecuado desahogo del proceso de revocación de mandato”.
Fue a través de un comunicado, donde dicho Consejo informó que “ha promovido este día (15 de febrero) ante el Poder Judicial de la Federación diversos procedimientos que tienen como propósito que el Presidente de la República y el Congreso de la Unión atiendan su obligación legal, y en cumplimiento del texto transitorio de la Constitución, aprueben y promulguen la legislación respectiva”.
En definitiva, con este tipo de acciones queda claro que la ineptitud es “el pan de cada día” dentro de la “Cuarta Transformación”, pues ni en materia legislativa fueron capaces de redactar la leyes que regirán la supuesta revocación de mandato impulsada por López Obrador.
JZ
