El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes varios cambios en su gabinete, entre los más destacados está el de María del Rocío García Pérez, quien fue nombrada como nueva subsecretaria de Bienestar.
El presidente @lopezobrador_ realiza nombramientos; secretario de @SEGOB_mx dio posesión del cargo a nuevos titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar; Subsecretaría de Transportes, Fonatur y AICMhttps://t.co/328ssnhUo5 pic.twitter.com/LbxC4AsXff
— Gobierno de México (@GobiernoMX) January 11, 2022
Anteriormente, se desempeñó como asesora en la Secretaría de Gobierno del entonces Gobierno del Distrito Federal, así como subdirectora de Comunicación Social y directora de Protección al Turista en la Secretaría de Turismo (Sectur).
También, fue directora del Sistema Nacional DIF, sin embargo su paso por este organismo descentralizado de la Secretaría de Salud (Ssa) estuvo envuelto en la polémica, ya que sus colaboradores obligaron a funcionarios de este instituto a entregarles entres dos y hasta cuatro por ciento de su salario mensual.
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El portal Animal Político obtuvo las denuncias y testimonios de seis empleados y exempleados del DIF quienes explicaron cuál era el modus operandi para que le dieran parte de su sueldo a García Pérez.
Para ello, explican que la entonces directora del DIF utilizaba una estrategia de amedrentamiento, para ello presumía una supuesta amistad con López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y que por ello tenía ese puesto, pues su designación fue facultad directa del Ejecutivo.
Por otro lado, se señala que María del Rocío distribuyó entre los altos mandos de este instituto un listado con las siete categorías de plazas escogidas y los respectivos montos a entregar, que van de los 500 a los dos mil 500 pesos mensuales.
De acuerdo con la nómina de la institución, las categorías enlistadas suman 1,002 puestos de trabajo, por lo tanto, las entregas ascenderían a 658 mil 400 pesos al mes, es decir, siete millones 900 mil pesos al año.
Las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF.
De acuerdo con lo que les dijo la directora, el dinero de este programa serviría para los gastos de la institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto público.
Sin embargo, los empleados desconocen en qué se han utilizado dichos recursos y tampoco existe ninguna referencia de dicho programa en la página del DIF y mucho menos algún informe.
Por último, los testigos señalan que María del Rocío García designó a colaboradores suyos como titulares de distintas áreas para que ellos recolectaran el dinero de los empleados a final de cada mes.
Por ejemplo, Lilia Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y Finanzas, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto entregaban.
Cuando detectaba faltantes enviaba la lista con los nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los presionara.
Aguilar Cortés fue ascendida y actualmente es Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.
Con información de Animal Político
MSA
