Durante la pasada campaña electoral, los periodistas se cansaron de preguntarle al candidato presidencial de Morena como es que combatiría a la corrupción, y ante cada una de estas preguntas, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador era invariable: “Para lograr el renacimiento de México no hará falta aumentar los impuestos o endeudar al país, solo se necesita evitar la corrupción, y eso depende de la voluntad que se tenga arriba, porque si el presidente es honesto, los gobernadores deben ser honestos, si los gobernadores son honestos, los presidentes municipales tienen que actuar con honestidad”
Para el ahora presidente electo, resolver el problema de la corrupción, es solo un asunto de voluntad del “de arriba” es decir, del presidente, pues –como lo continúa reiterando ahora– si el presidente es honesto, todos los demás funcionarios lo serán de manera instintiva, automática e inmediata. Esto, como es obvio, es una gran falsedad, y en México como en otras partes del mundo, existen muchas evidencias para demostrar que el voluntarismo es solo una expresión demagógica, que sirve, durante las campañas políticas, para engañar a una buena parte de los electores.
Tan es así, que una de estas evidencias sobre la falsedad de esta tesis lópesobradorista, la obtendremos, paradójicamente, del propio Andrés Manuel cuando este era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
Para demostrar la falsedad de su tesis, partamos de que López Obrador es un hombre honesto, y que en consecuencia ni antes ni ahora ha participado de actos de corrupción. De ser así, entonces y apegándonos a su tesis, ninguno de sus colaboradores cercanos y funcionarios más leales habrá cometido actos felones o inmorales. No ha sido así, y en sentido diferente, varios de sus más cercanos amigos, colaboradores y funcionarios de la mayor cercanía han participado en escandalosos fraudes y en sonados actos de corrupción, cometidos, precisamente, durante su gestión como jefe de gobierno.
¿Quien, de mayor confianza para un gobernante, que el que maneja los dineros que le pertenecen a la gente?
¿En quien, sino en el más cercano, para depositar en resguardo las contribuciones fiscales de las y los capitalinos?
¿En quien, sino en el más fiel, para entregarle la tesorería de la ciudad?
¿En quien depositar los más caros secretos políticos que en su secretario particular
Ciertamente eso hizo Andrés Manuel y nombró a Gustavo Ponce como su secretario de finanzas y a Rene Bejarano fue su secretario particular. Y sucedió entonces, que los miles y miles de millones de pesos de la tesorería del DF los manejaba ese funcionario, el cual –según la tesis de AMLO– debería actuar de manera inmaculada. Pero no sucedió así pues un día de marzo de 2004, Gustavo Ponce fue pillado en lujoso casino de la Vegas dilapidando en los juegos de azar grandes cantidades de dinero que provenían de las arcas públicas. De esa manera lo consideró Bernardo Bátiz quien en el nombre de la Procuraduría de Justicia acusó a Ponce de perjuicio de la tesorería y en agravio de los habitantes del Distrito Federal.
Ante tal alboroto mediático y ante la sorpresa de la gente, la reacción de López Obrador fue repetir la consabida frase de “que cada quien asuma la consecuencia de sus actos” eludiendo con ello su responsabilidad política como jefe de gobierno y, por lo tanto, como el único encargado de la administración pública.
Lo mismo reiteró cuando le interrogaron ante las escandalosas imágenes de Bejarano quien fue su secretario particular, y lo mismo dice ahora, cuando una buena parte de los sus simpatizantes queda anonadada ante la ostentosa fiesta de boda de su más cercano colaborador, y a quien el mismo apadrinó. ¡Yo no me case! ¡Fue mi colaborador! ¡Él fue el de la pompa y el fausto! ¡Que cada quien asuma su responsabilidad! dijo durante uno de los actos en su gira de agradecimiento.
De admitirle tal “explicación” al presidente electo, no solo se deja en entredicho su compromiso acerca del actuar de los funcionarios en “la justa medianía y con humildad”, sino que aparte de ello, se demuestra una vez más, que su fórmula cuasi mágica para combatir la corrupción y la deshonestidad, resulta inútil, superflua.
Más allá de la voluntad del presidente, que se requiere, el gobierno debe recurrir a los equilibrios y contrapesos institucionales, a la autonomía de las fiscalías, al refrendo de las facultades de la representación popular, a la publicidad y transparencia del comportamiento de los funcionarios, a la vigilancia sobre los jueces. En unas cuántas palábras, a realizar los cambios políticos y legales para gobernar con la constitución política y no con un dictado de moralidad.
