Por si las acciones autoritarias de Nicolás Maduro —como el encarcelamiento de su principal opositor, Leopoldo López— no fueran suficientes para confirmar que en Venezuela hay una dictadura, el propio discípulo de Hugo Chávez se empeña en mandar señales inequívocas.
Desde septiembre, el Tribunal Supremo de Justicia —órgano controlado por Maduro—, declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional —el Poder Legislativo en Venezuela—, anulando sus facultades.
El Poder Legislativo —conformado por mayoría opositora— es el único órgano que no se encuentra controlado por Maduro. Sin embargo, el dictador se valió de su influencia para que el Tribunal Supremo declarara inconstitucionales las acciones de la Asamblea por actuar “en rebeldía”. Esto ocurrió luego de que la Asamblea incorporara a dos diputados de la oposición que resultaron victoriosos en las elecciones, pero cuyo triunfo fue impugnado por el gobierno. Con este pretexto el Poder Judicial derogó las abrogó funciones del Legislativo.
Ahora, la anulación de las facultades de la Asamblea es llevada a la práctica, toda vez que esta semana el Tribunal Supremo “autorizó” que el Presupuesto Nacional propuesto por Maduro no tenga que ser supervisado y aprobado por la Asamblea. Así, el dictador sólo deberá presentar su propuesta de presupuesto al Poder Judicial que él mismo controla y que seguramente aprobará sin chistar.
Lo anterior significa que, para efectos prácticos, es Maduro quien propone y dispone; no hay contrapeso alguno a sus decisiones.
Desde agosto, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo enunció con toda claridad: “En Venezuela no hay democracia ni Estado de derecho”.
Y por si a alguien le quedaba alguna duda, al anular al Poder Legislativo, Maduro se confirma como dictador.
