La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo que, entre otras cosas, pretende destinar una gran parte de los ingresos de la industria turística a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Concretamente se avaló una modificación al artículo 18 de la Ley General de Turismo, la cual plantea que el 80% del dinero recibido en dicho rubro llegue a la empresa perteneciente a la dependencia militar: Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V.
Uno de los argumentos que expone el dictamen refiere que dichos recursos se utilizarán “para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura” a cargo de la paraestatal coordinada por la Sedena.
La empresa Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. deberá crear un fideicomiso público, al que llegarán los ingresos por turismo, dentro de los 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de esta reforma, cuya aprobación en el Senado sigue pendiente.
El 20% restante del dinero que entre al país por medio de los turistas extranjeros (visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas) será entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) para “mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona”.
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La dependencia que aún encabeza Francisco Garduño, investigado por el incendio en Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 migrantes, ha estado bajo el escrutinio público en fechas recientes, pues las inversiones que ha reportado en materia de seguridad no han logrado salvaguardar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad que, supuestamente, debería proteger.
Acorde con los registros, este proyecto de decreto fue impulsado directamente por Andrés Manuel López Obrador, por lo que varios legisladores de los partidos opositores, así como algunos ciudadanos, criticaron la tendencia a otorgarle mayores beneficios, de manera gradual, a la milicia.
El proyecto alusivo al sector turístico fue aprobado horas después de que, también en la Cámara de Diputados, se decidió que esta misma empresa de la Sedena tenga el control total del Tren Maya, bajo la premisa de que todos los títulos de vías férreas “se deben mantener siempre en manos del Estado y debe existir una temporalidad indefinida de estos”.
Tal iniciativa contempló también una modificación a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que le permite al presidente de México asignar, directamente, la prestación de servicios a estas empresas.
“La persona titular del Ejecutivo Federal puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación (…)”, se pudo leer en la adición del artículo 59 bis de la citada norma.
Una vez que el mandatario le otorgue las facultades y actividades mencionadas a la paraestatal, estas no podrán ser transferidas por medio de ningún título, a menos que se acredite que ya no existe utilidad o motivos de seguridad nacional que demanden la participación de Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V.
Tanto el dictamen en materia de turismo como el proyecto alusivo al Tren Maya fueron discutidos y aprobados por el Pleno, con carácter de urgente, durante la maratónica jornada que inició por la mañana del 25 de abril y se extendió hasta la madrugada del día 26.
Con información de Infobae
MSA
