La entrada en vigor, a partir de ayer, de la gratuidad en los servicios de salud que presta el Gobierno Federal sería una excelente noticia si contáramos con una adecuada infraestructura hospitalaria, con suficiente y bien remunerado personal y sobre todo, con un eficaz abasto de medicamentos.
Pero en las condiciones en que el Estado presta los servicios de salud, la gratuidad universal establecida por acuerdo publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, nos acerca más a Venezuela que a Dinamarca, el país al que el presidente aspiraba a imitar.
Veamos: en Dinamarca los servicios de salud, con excepción del suministro de algunos medicamentos, son gratuitos. Pero el gobierno de ese país cuenta con una gran infraestructura médica y hospitalaria con la que garantiza una cobertura universal que beneficia al 99 por ciento de la población.
Los servicios ambulatorios, con médico general y especialista, se prestan a través de un esquema público-privado en donde los profesionales de la salud atienden –sin formar parte de la burocracia oficial– a la población y a cambio reciben una remuneración por parte del Estado.
Esto es posible gracias a un impuesto especial destinado a generar estos recursos y a que el gobierno de Dinamarca destina el 11 por ciento de su PIB al gasto en salud, cifra muy por arriba del 2.5 por ciento que se destina en México.
El Estado le paga a los médicos que participan en este esquema por cada paciente que atienden y les da también una compensación por los ciudadanos que tengan asignados y que pasen mucho tiempo sin ir a consulta, en el entendido de que si el ciudadano no ha requerido sus servicios es porque el médico realiza una buena labor de prevención.
Dentro de este esquema, que incluye compensaciones por guardias, un médico general puede llegar a ganar en Dinamarca hasta ocho mil euros al mes (unos 193 mil 471 pesos mexicanos), un salario bastante decoroso, que los estimula para esmerarse en la atención de sus pacientes.
¿Y en Venezuela?
En Venezuela los servicios de salud que presta el Estado también son gratuitos a partir de la entrada en vigor de la Constitución chavista aprobada en 1999, cuando en ella se estableció el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios de salud de forma gratuita.
Derivado de esa Constitución, el gobierno de Hugo Chávez creo el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), mismo que oficialmente se rige por los principios de “gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y corresponsabilidad social” y cuyo financiamiento corre a cargo del Estado.
Pero a 21 años de la creación de este sistema, el sector salud de Venezuela es un desastre, que se traduce en una pésima atención al público, saturación de hospitales, falta de insumos y medicamentos, corrupción de funcionarios, falta de planeación y presupuesto insuficiente.
Ante la falta de resultados, en el 2003 Hugo Chávez creó el programa ‘Misión Barrio Adentro‘ como un esquema paralelo al sistema original, el cual solo contribuyó al desastre, pues se trata de un programa que multiplicó la burocracia y se convirtió en caja chica de algunos funcionarios, pues no cuenta con mecanismos ni de control ni de rendición de cuentas.
En marzo de este año, la Asamblea Nacional de Venezuela promovió la realización de una encuesta en 55 ciudades de 22 de los 23 estados que componen la República.
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Los resultados hablan de un colapso en el sistema de salud: en el 79 por ciento de los hospitales escasea el agua potable, el 14 por ciento de las unidades de cuidados intensivos dejó de operar por falta de insumos y de personal, lo mismo que el 25 por ciento de las unidades pediátricas de terapia intensiva.
La mayoría de laboratorios y servicios de nutrición de los hospitales están cerrados o laboran de manera intermitente y hay una impresionante escasez de medicinas básicas, sábanas, catéteres, suministros quirúrgicos y sobre todo, de fórmulas lácteas para alimento infantil.
Sí, la gratuidad y universalidad están garantizadas en la Constitución de Venezuela, pero en los hechos ha ocurrido lo contrario, porque el Estado no le cobra a la población pero tampoco la atiende.
En México en estos momentos padecemos desabasto de medicamentos e insumos, saturación de hospitales, insuficiente y mal pagado personal médico, y bajo presupuesto en salud.
Por eso decimos que en las condiciones en que se encuentra nuestra infraestructura hospitalaria, el acuerdo de gratuidad que entró en vigor ayer nos acerca más a la situación de Venezuela que a la de Dinamarca.
Cuando fue jefe de Gobierno del entonces DF, Andrés Manuel López Obrador también decretó la gratuidad de los servicios de salud en hospitales capitalinos. Y sí eran gratuitos, pero la situación en que se encontraban los centros hospitalarios era deprimente por la falta de equipo básico y de insumos tan fundamentales como papel sanitario.
Al cumplirse dos años de la promesa del presidente de la República de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, no solo no cumplió con su promesa, sino que nos metió en el camino que nos puede llevar a estar como Venezuela.
OFF THE RECORD
**DA PENA GATELL
Ahora resulta que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, regañó a la población de nuestro país por no tomar en serio a la pandemia.
Eso dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, al intentar esquivar el coscorrón que le dio el dirigente mundial.
Echarle la culpa al “pueblo sabio” para esconder su ineptitud tiene un calificativo: ¿Cuál es?
**¿TODO PARA TODOS?
Habrá que ponerle lupa a la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución que presentó el pasado jueves el senador de Morena, José Narro Céspedes.
En síntesis, el legislador propone crear la “propiedad social” de la tierra y que una ley secundaria establezca límites a la propiedad privada.
Habrá que analizar con detenimiento los alcances de esta propuesta.
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