Lo intentó a través de un mañoso procedimiento de revocación de mandato que no prosperó. Luego quiso hacerlo a través de una consulta popular que nadie ha tomado en serio. Y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se coló al proceso electoral del 2021 de manera abierta y descarada.
No le importó que con ello violara el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno “influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Las declaraciones de López Obrador del pasado sábado en Baja California y de ayer durante la conferencia mañanera en contra del PRI y del PAN, representan una intromisión indebida del presidente de la República en el proceso electoral que ya está en marcha.
Habrá a quien le gusten las alianzas PRI-PAN o PRI-PAN-PRD y quien no las tolere ni las conciba. Pero no es el presidente el indicado para descalificar estos esfuerzos de competencia unificada, porque al hacerlo se olvida de su papel como jefe del Estado y asume el rol de líder partidista.
Es preocupante la advertencia lanzada el pasado sábado por López Obrador en Baja California, en el sentido de que no permitirá que las alianzas entre PRI, PAN y PRD triunfen en las elecciones del próximo 6 de junio.
Preocupa porque, insistimos, se trata del presidente de la República, quien de manera indebida podría hacer uso de todos los recursos a su alcance, que son muchos, para influir en el resultado de las elecciones.
El artículo de la Constitución citado líneas arriba sostiene: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Este precepto fue violado el sábado y el lunes por López Obrador, pues sus declaraciones en las que tomó partido dentro del proceso electoral las hizo en eventos oficiales –una gira de trabajo y una conferencia de prensa— y con la investidura presidencial.
Pero eso a López Obrador no le importó. Ya se coló de lleno al proceso electoral y estará de una forma u otra en la boleta. Sus declaraciones seguramente motivarán quejas de los agraviados ante el INE, y el asunto irá a dar al Tribunal Electoral. Y mientras se desahogan los asuntos, se hablará una y otra vez del presidente.
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Si el INE y el TEPJF resuelven en su contra, hará uso de la investidura que ostenta y de los recursos logísticos de la Presidencia de la República para victimizarse y para descalificar una vez más a los órganos electorales. Y se seguirá hablando, durante todo el proceso electoral, del presidente.
La intromisión del jefe del Ejecutivo en el proceso electoral podría también constituir un delito electoral. Pero el responsable de perseguir este tipo de delitos es su fiscal carnal José Agustín Ortiz Pinchetti, por cierto, uno de los redactores de la Guía Etica para la Transformación de México, presentada en sociedad la semana pasada.
No está de más la pregunta: ¿Usar la investidura como jefe del Estado y los recursos materiales y logísticos de la Presidencia para descalificar a algunos de los actores del proceso electoral es ético? ¿No incluyeron algo sobre esto en la famosa guía?
OFF THE RECORD
**¿COMO DINAMARCA?
En algún momento, el presidente López Obrador prometió que a los dos años de su gobierno tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca.
Nos negamos a creer que en Dinamarca el gobierno deje a los niños sin medicamentos para el cáncer y deje morir en su casa a los enfermos de Covid.
**CHAMBA PARA 500 MIL
Vaya compromiso que asumió ayer el presidente: basificar a quienes prestan algún servicio en el gobierno a través de las empresas outsourcing.
Esto implicaría la creación de aproximadamente 500 mil nuevas plazas en el gobierno federal.
¿Y la austeridad republicana tantas veces pregonada?
Estamos seguros de que se trata de una promesa destinada a no ser cumplida.
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