El pasado 29 de septiembre Omar Cruz Tagle, miembro de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, fue asesinado por dos delincuentes en la delegación Azcapotzalco, mientras escapaban de un asalto a una bodega cercana.
Según diversos reportes, después de cometer el asalto, los dos hombres huyeron a bordo de un taxi que se dirigía a la calzada Vallejo.
De este modo, el oficial les marcó alto y pidió refuerzos para su captura. Ante el señalamiento, uno de los hombres abrió fuego contra el uniformado, quien recibió un impacto en el tórax y murió a las pocas horas.
Los delincuentes fueron capturados; no obstante llama la atención que a los pocos días del crimen, el ministerio público que llevaba el caso haya considerado que no había elementos suficientes para que los criminales pudieran ser enviados a prisión.
Por lo que a Jorge Martín Saldaña Martínez se le dio reclusión preventiva, mientras que Fernando Estudillo Ventura fue liberado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, pues supuestamente su detención se realizó de manera ilegal.
¿Cómo se puede hablar de justicia y seguridad cuando es la propia autoridad la que se encarga de liberar a los delincuentes? ¿Qué sucede con los miles de policías y militares que diariamente dan su vida para defender a la ciudadanía? ¿A ellos quién les hace justicia?
Este es un ejemplo más de lo viciadas que se encuentran nuestras instancias de justicia, empezando por las comisiones de Derechos Humanos que parecen más preocupadas en liberar delincuentes que en otra cosa.
